A 12 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, persisten obstáculos importantes para el desarrollo de la investigación. El ejército aún no entrega información con la que cuenta pese a que hay un mandato judicial que se lo ordena, videos que podrían aportar elementos importantes para la misma fueron borrados y, si bien las diligencias continúan, la lentitud con que se desarrollan ha conducido a más de una década de impunidad.
“Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias de los estudiantes, para que el ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero. Como lo ordenó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1350/2023 que le fue presentado”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
Dicha información está vinculada con los 853 folios que las familias de los jóvenes han exigido en reiteradas ocasiones, al igual que lo hicieron diversas organizaciones sociales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuando participó en la investigación.
El ocultamiento de información ha sido una constante en el desarrollo de la investigación. Al concluir su colaboración en ésta –el 31 de julio de 2023– el GIEI señaló en su mensaje final que la información que había recibido en el proceso era “parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”.
“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”, advirtió Edith Olivares Ferreto.
El borrado de los videos tomados por las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, es una decisión que se atribuye al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dos personas más, que habrían ejecutaron la orden. Este hecho inaudito debe ser investigado dada la gravedad que implica la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento que puede existir en esa decisión.
“Amnistía Internacional reitera que el gobierno tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de hacer todas las gestiones necesarias para esclarecer los casos de personas desaparecidas, y para llevar a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal ante tribunales ordinarios, en juicios justos en apego a lo establecido en los instrumentos internacionales firmados por México.
“Desde Amnistía Internacional reconocemos el apoyo que han brindado a la investigación organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones que han acompañado estos 12 años de lucha de las familias. Sus aportaciones han sido fundamentales para enmendar y lograr avances en la investigación.
“Hacemos eco también de lo señalado por las familias de los jóvenes desaparecidos en el sentido de que toda información del caso corresponde conocerla en primer lugar a ellas, por los conductos oficiales establecidos, y que se deje de difundir información carente de sustento o tendente a cuestionar su lucha para conocer el paradero de sus hijos y lograr justicia y reparación integral del daño”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional reitera que el gobierno federal tiene la obligación de exigir al ejército que entregue toda la información con que cuenta sobre la desaparición de los estudiantes normalistas desaparecidos, misma que les ha sido requerida durante varios años por las familias de los jóvenes, el GIEI, en su momento, e incluso por la referida orden del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México de febrero de este año.
