A mano alzada, el pleno del Senado de la República desechó la reforma al artículo 35 de la Constitución, por lo que en caso de ser solicitada, la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevará a cabo hasta 2028 y no como se planteó originalmente en 2027.
El Partido del Trabajo (PT) presentó una reserva para suprimir las modificaciones a dicho artículo del proyecto de decreto, con lo que permanecerá en sus actuales términos.
“Por tanto, este artículo no será objeto de la votación nominal, en lo particular de los artículos reservados”, señala la reserva.
Ello, luego de que el PT expresó su desacuerdo en que la mandataria haga campaña durante el proceso electoral de 2027, como era su intención.
Al presentar la reserva, la senadora Lizeth Sánchez afirmó que su partido respalda el fortalecimiento de la participación del pueblo, “porque nosotros no venimos a defender privilegios, venimos a profundizar la democracia”.
“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla, de garantizar la estabilidad democrática del país frente a presiones externas o tensiones internas que pretendan distorsionar los mecanismos de participación ciudadana”.
La decisión del PT fue celebrada por las bancadas de oposición. La senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez dijo que la pretendida revocación de mandato es una “trampa y cinismo” porque permite a la Presidenta hacer campaña, pedir el voto a su favor, al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de las elecciones concurrentes en 2027.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, rechazó el plan B porque “no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de los mexicanos”.
Recordó que antes las reformas electorales buscaban emparejar la cancha y “hoy lo que pretende este dictamen es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”.
De esta manera, solo una parte del Plan B fue aprobado, la relacionada con la eliminación de privilegios, el recorte presupuestal a los congresos locales y el Senado de la República; el límite máximo de 15 regidores en los municipios, la eliminación de prestaciones onerosas en los órganos electorales, así como la prohibición de contratar seguros con recursos públicos.
Todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México también deberá ajustar las remuneraciones de sus servidores públicos.
La votación de los artículos reservados 115, 116 y 134 fue de 87 a favor y 41 en contra.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
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pjm
