Un memorando interno del Departamento de Justicia, obtenido por NBC News, ha revelado una nueva estrategia de la administración de Donald Trump para aumentar rápidamente la cantidad de inmigrantes detenidos: cerrar casos migratorios pendientes y arrestar de inmediato a los afectados.
Sin derecho a defensa
El documento, fechado el 30 de mayo, instruye a los jueces de inmigración —quienes dependen del poder ejecutivo y no del poder judicial independiente— a permitir que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) soliciten la desestimación de los casos de manera oral durante las audiencias, y a concederlas de forma inmediata, sin otorgar el plazo habitual de 10 días para respuesta.
“Las decisiones orales deben completarse en el mismo turno de audiencia en que se concluyan los testimonios y argumentos”, señala el memorando.
También aclara que no se requiere ninguna documentación adicional ni argumentos escritos para cerrar los casos.
Detención obligatoria y deportación acelerada
Una vez que se desestiman los casos, los inmigrantes pueden ser puestos en procesos de expulsión expedita, lo cual significa que podrían ser deportados sin tener la oportunidad de presentar su caso de asilo ante un juez.
Según el mismo memorando, los individuos en este tipo de procedimiento están “sujetos a detención obligatoria” y pueden ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del DHS.
El Departamento de Justicia no respondió a solicitudes de comentarios.
Jueces están molestos por la órden
Una fuente cercana al sindicato de jueces de inmigración afirmó que, aunque esta medida es legal, ha causado molestia entre los jueces, quienes consideran que desprestigia el proceso judicial.
“Creen que esto es una burla y que contradice el discurso de Trump, quien prometió una aplicación justa de las leyes migratorias… y esto no es justo”, dijo la fuente.
Los jueces solo pueden hablar con la prensa a través del sindicato.
El memorando se basa en una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite cerrar casos cuando las circunstancias cambian significativamente. Sin embargo, el documento omite parte del lenguaje original, lo que ha generado críticas.
Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, denunció que la guía viola esa disposición legal.
“Omitieron deliberadamente las palabras ‘del caso’ porque el DHS quiere evitar referirse a las circunstancias individuales. La ley exige motivos específicos para cerrar un caso, y ellos no los están presentando”, declaró Chen. “Ese correo electrónico es una política escrita que contradice la ley”.
ICE ya está al límite
Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE durante el gobierno de Biden, advirtió que esta estrategia permitirá realizar más arrestos, pero no agilizará las deportaciones porque no hay suficiente espacio para detener a las personas arrestadas.
“Esta táctica apunta a migrantes verificados que trabajaban y tenían estatus legal”, señaló Houser. “Saturar el sistema con miles de personas sin antecedentes penales malgasta tiempo y recursos, cuando las agencias federales deberían centrarse en amenazas a la seguridad nacional”.
Actualmente, más de 51,000 inmigrantes están bajo custodia de ICE, según datos del 23 de mayo. Sin embargo, el presupuesto solo permite detener a 41,500 personas, lo que podría ocasionar sanciones judiciales por condiciones de detención que no cumplen con los estándares mínimos.
Exfuncionarios del ICE han advertido que, si la agencia supera esa capacidad por mucho tiempo, podría enfrentar recortes presupuestales o acciones legales por parte de tribunales federales.
