México Evalúa en conjunto con la Red por la Independencia Judicial (RIJ) reconoce la necesidad de revisar el modelo de elección judicial por voto popular.
La experiencia derivada de la primera elección judicial en 2025 dejó lecciones importantes. Múltiples actores —entre ellos autoridades electorales, especialistas, integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de abogados y organismos internacionales— hemos identificado desafíos técnicos y riesgos institucionales que conviene atender antes de repetir ese ejercicio democrático en 2028. Entre los principales riesgos observados están la ausencia de estándares homogéneos de evaluación de aspirantes, la falta de filtros previos de idoneidad y la insuficiente información disponible para que la ciudadanía pueda emitir un voto libre e informado.
La iniciativa de reforma constitucional presentada el 20 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum incorpora algunas medidas relevantes para mejorar la organización del proceso electoral judicial, entre ellas aplazar la elección judicial prevista para 2027 al 2028, la homologación de criterios de evaluación entre poderes, la prohibición de intervención partidista y el conteo de votos en casillas por la ciudadanía .
En efecto, contar con un año más para la elección de 848 jueces y magistrados federales, y 3,255 cargos judiciales en lo estatal, podría ser positivo si abre un plazo más adecuado para generar e implementar mejores procesos de selección, certificación de aspirantes a candidaturas judiciales y evaluación de jueces electos. El aplazamiento sólo tendrá sentido si ese tiempo se aprovecha para corregir las deficiencias de fondo del modelo actual.
Con el objetivo de elevar la calidad de la justicia en México, consideramos indispensable que en el texto constitucional se incorporen mecanismos adicionales para asegurar la idoneidad técnica y ética de quienes aspiren a impartir justicia. Es preciso que se integren las mejores propuestas relativas al diseño, implementación y ejecución de filtros rigurosos para la selección de aspirantes a cargos judiciales. Ello incluye certificaciones de competencias, estándares éticos y criterios de mérito profesional. Para este fin, resulta indispensable que la Escuela Nacional de Formación Judicial sea fortalecida como órgano técnico responsable de diseñar y aplicar una certificación rigurosa de competencias, con base en estándares nacionales e internacionales. Asimismo, las funciones de capacitación y evaluación del desempeño judicial deben recaer en instancias técnicas especializadas y no en el Tribunal de Disciplina Judicial, cuya naturaleza corresponde al ámbito sancionador.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo no modifica los requisitos previstos actualmente en los artículos 95 y 97 constitucionales, ni establece mecanismos técnicos previos para evaluar perfiles antes de la selección de candidaturas por parte de los Comités de Evaluación. Tampoco incorpora la certificación obligatoria de competencias jurisdiccionales, propuesta que sí ha sido impulsada por legisladores de distintas fuerzas políticas, incluidas voces del partido mayoritario.
Ante ello, resulta positivo que legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas hayan anunciado reservas para incorporar propuestas relacionadas con evaluación previa, certificación de competencias y protección de derechos de juezas y jueces, aspectos ausentes en el dictamen aprobado en comisiones en Cámara de Diputados. Esperemos que las coincidencias construidas en el periodo extraordinario apunten en una misma dirección: proteger la independencia judicial y elevar la calidad técnica de quienes impartirán justicia.
El contexto nacional e internacional vuelve aún más relevante esta discusión. Las observaciones realizadas por organismos internacionales y por socios comerciales de México en torno al sistema de justicia subrayan la importancia de construir instituciones judiciales fuertes, independientes y técnicamente sólidas. La fortaleza del Estado de derecho es la base de la paz social, la inversión, el crecimiento económico y la protección de los derechos humanos.
Propuestas:
● Aplazar la siguiente elección judicial de 2027 a 2028 para evitar su concurrencia con elecciones político-partidistas y aprovechar el tiempo para corregir las deficiencias del modelo actual.
● Incorporar la certificación obligatoria de competencias técnicas, éticas y profesionales para las personas aspirantes a cargos judiciales.
● Diseñar filtros y perfiles previos de evaluación para aspirantes antes de su selección por los Comités de Evaluación de cada poder.
● Homologar y fortalecer los mecanismos de evaluación de candidaturas mediante estándares objetivos, transparentes y verificables.
● Fortalecer institucionalmente a la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) como órgano técnico de evaluación, certificación y capacitación.
● Precisar que las funciones de capacitación y evaluación del desempeño judicial correspondan a órganos técnicos especializados y no al Tribunal de Disciplina Judicial.
● Mejorar el diseño de boletas, los mecanismos de información ciudadana y las condiciones para un voto informado.
● Abrir espacios permanentes de diálogo entre autoridades, academia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para evaluar y perfeccionar el modelo.
Desde México Evalúa y la RIJ consideramos que posponer la elección judicial no implica retroceder ni abandonar el propósito de fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial. Por el contrario, significa actuar con responsabilidad institucional para evitar que fallas en el diseño afecten la confianza ciudadana, la certeza jurídica y la calidad de la impartición de justicia en México.
