¿AMLO refrendará la disculpa ofrecida al PJF por el Secretario de Marina?
La reciente disculpa ofrecida al Poder Judicial Federal por el Secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, en relación a las ríspidas declaraciones que semanas atrás vertiera respecto al desempeño de los jueces y magistrados de dicho ámbito, revela una reconsideración en ese sentido. Dicho cambio de actitud, seguramente fue dictado por el inquilino del Palacio Nacional. Es obvio el desatino con el que se condujo el titular de la Marina al denostar la labor que realizan los funcionarios judiciales federales, cuando dijo que en ellos se tiene al enemigo en casa, al hacer referencia a la facilidad con que en ocasiones son liberados algunos procesados por delitos de alto impacto relacionados con delincuencia organizada.
Al secretario de Marina y al presidente Andrés Manuel López Obrador debería quedarles claro que la función judicial en materia penal es estrictamente técnica y no puede estar sujeta a posturas subjetivas ni a corazonadas, por lo que en dicha materia el principio de presunción de inocencia es fundamental, y por ello la emisión de resoluciones condenatorias o de vinculación a proceso únicamente puede darse cuando se tiene la plena certeza de que el inculpado es responsable, o al menos, presunto responsable, de la comisión de los delitos que se le imputan, es decir, sólo cuando se ha comprobado plenamente la comisión del delito, o al existir elementos objetivos suficientes para generar la presunción de culpabilidad, lo cual, no es responsabilidad de los jueces demostrar, sino del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía General de la República, quien debe integrar los expedientes acusatorios con las suficientes pruebas para que el Poder Judicial procese, y en su caso, castigue a los responsables.
Igualmente, el presidente López Obrador ha venido acostumbrando en sus discursos matutinos descalificar al Poder Judicial cuando en materia de amparo o en cuestiones de índole electoral no le han sido favorables las decisiones que emiten algunos jueces o los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, según sea el caso. Tanto la intromisión presidencial como la de su subordinado, el Secretario de Marina, resultan política y legalmente inaceptables, pues violan el principio jurídico-democrático-constitucional de división de poderes, el cual el titular del Poder Ejecutivo tiene la obligación de respetar. Por tal razón, el presidente López Obrador y el secretario Ojeda transgredieron las normas políticas y legales que tienen el deber de observar, e incurrieron en una conducta totalmente antidemocrática. Lo anteriormente expresado permite concluir que es una correcta decisión la disculpa pública que el almirante Ojeda ha ofrecido a los juzgadores federales. Es deseable que el presidente López Obrador haga lo mismo, ya que al reconocer su indebida intromisión en el Poder Judicial y ofrecer una disculpa, daría un ejemplo de institucionalidad y de apego a la ley, aspectos estos últimos en los que el mandatario ha fallado, de manera deliberada, en reiteradas ocasiones.
