Aldama-Ojinaga: una guerra que no termina eduardo arredondo
En el corredor carretero Aldama-Ojinaga, la violencia dejó de ser una noticia aislada para convertirse en una constante. Cuarenta y cuatro personas asesinadas en apenas 16 meses no son una estadística menor ni un daño colateral: son la evidencia de una guerra criminal que se libra a plena vista y sin una contención efectiva del Estado.
El conflicto entre La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y Los Cabrera, célula ligada al Cártel de Sinaloa, no sólo ha reconfigurado el mapa criminal del oriente de Chihuahua, sino que ha impuesto una lógica de terror en municipios históricamente tranquilos como Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides. La disputa, documentada por la Fiscalía General del Estado, se arrastra desde septiembre de 2024 y, pese a golpes mediáticos, no muestra señales de agotamiento.
La irrupción del grupo proveniente de Durango, encabezado por Roberto G. H., alias “el 04”, marcó el inicio de una escalada que pronto se tradujo en enfrentamientos, ejecuciones, cuerpos abandonados con mensajes y bloqueos carreteros. El corredor Aldama-Ojinaga pasó de ser una vía de comunicación a un territorio en disputa, donde la vida vale poco y la impunidad pesa más.
El año 2025 fue particularmente sangriento. Fosas clandestinas, ataques a viviendas, cuerpos torturados abandonados en espacios públicos y asesinatos múltiples dibujaron un patrón claro: no se trataba de hechos aislados, sino de una estrategia de control territorial. Incluso la ejecución de un policía municipal y el asesinato de un joven estadounidense evidenciaron que la violencia no distingue investiduras ni nacionalidades.
La detención del “04”, ocurrida en diciembre de 2025 y celebrada como un golpe relevante, parecía ofrecer una pausa. Sin embargo, la realidad fue otra. A las pocas semanas, la violencia continuó con privaciones ilegales de la libertad, asesinatos y nuevos hallazgos de cuerpos. La entrega del presunto lugarteniente a autoridades estadounidenses, lejos de pacificar la zona, dejó al descubierto un problema estructural: la captura de un operador no desmantela una red criminal.
Los primeros días de 2026 lo confirman. Seis asesinatos en menos de un mes, con un patrón repetido de levantones, desapariciones y cuerpos abandonados en el mismo tramo carretero, revelan que el corredor sigue siendo un escenario de ajuste de cuentas. La muerte de tres hermanos, el homicidio de un menor de edad y la localización de víctimas con el llamado tiro de gracia no sólo estremecen por su crudeza, sino por su normalización.
El caso de los cinco conductores de plataforma asesinados en 2024 sigue siendo un antecedente clave. Aquella “limpieza”, como fue clasificada por la autoridad, mostró hasta dónde pueden llegar los grupos criminales cuando sienten que el control del territorio les pertenece. Hoy, ese mensaje parece seguir vigente.
Mientras las autoridades insisten en descartar enfrentamientos armados y hablan de presencia policial preventiva, la realidad en el Aldama-Ojinaga es otra: una región atrapada entre dos fuegos, donde la violencia no cede y la respuesta institucional parece llegar siempre tarde.
La pregunta ya no es cuántos muertos más dejará esta guerra, sino cuánto tiempo más se permitirá que continúe sin una estrategia integral que vaya más allá de detenciones aisladas y discursos tranquilizadores. Porque en este corredor, la violencia no sólo persiste: se ha enquistado.
