Acusación de EE.UU contra Rocha Moya confirma riesgo de infiltración criminal en gobiernos de Morena: Jorge Soto
– El diputado y vocero del PAN Municipal señaló que el caso debe investigarse a fondo y no reducirse a un discurso de soberanía
Chihuahua, Chih. — El diputado Jorge Soto, afirmó que la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirma l los señalamientos que durante años Acción Nacional ha hecho sobre la posible relación entre actores políticos de Morena y el crimen organizado.
Luego de que autoridades estadounidenses dieran a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, Jorge Soto señ…
“Morena no puede guardar silencio ante señalamientos de narcotráfico”: Alfredo Chávez* El coordinador del GPPAN señaló que las acusaciones contra Rocha Moya e Inzunza deben investigarse sin protección política. Chihuahua, Chih. – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, señaló que las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, deben investigarse con seriedad, debido a que involucran presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el Cártel de Sinaloa.
El legislador sostuvo que el caso no puede reducirse a una defensa partidista, ya que la acusación presentada en una corte federal de Nueva York menciona posibles operaciones relacionadas con fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina, armas, sobornos y apoyo político a cambio de permitir actividades criminales.
Chávez Madrid señaló que, aunque los señalados tienen derecho a defenderse y no existe una sentencia, Morena debe responder con claridad ante la gravedad de los hechos, pues se trata de un gobernador en funciones y de un senador de la República. “Ningún cargo público puede estar por encima de la ley cuando se habla de narcotráfico”, afirmó.
El coordinador panista agregó que este caso exige una respuesta institucional y no discursos de persecución política, porque la ciudadanía necesita saber si hubo servidores públicos que facilitaron operaciones del crimen organizado desde el poder.
