Nora Gámez Torres, Antonio Maria Delgado
La administración Biden había acordado levantar las sanciones a Venezuela y prometió el retorno a las relaciones normales si se le permitía a la oposición participar en elecciones presidenciales competitivas, según un acuerdo firmado en secreto en Qatar el año pasado que el líder Nicolás Maduro hizo público en las redes sociales.
Maduro publicó el documento el jueves, poco antes de que el secretario de Estado, Antony Blinken, declarara que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones presidenciales venezolanas el domingo, citando los recuentos de votos presentados por la oposición. El Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen dijo que Maduro ganó, proporcionando lo que fue considerado generalizadamente como números fraudulentos.
El documento de Qatar muestra que la administración Biden llegó a un acuerdo con Maduro para levantar las sanciones a los sectores petrolero, bancario y aurífero del país si se comprometía a celebrar elecciones y permitía que la oposición compitiera. Y agregó un incentivo significativo para Maduro: el levantamiento de la mayoría de las sanciones después de que el ganador asumiera el cargo.
En ese momento, el gobierno de Estados Unidos restablecería las relaciones diplomáticas plenas y desmantelaría el régimen de sanciones contra el país, dice el documento. Esto incluiría desbloquear todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y levantar las sanciones, incluidas las individuales impuestas en virtud de una orden ejecutiva.
Desde un inicio, el equipo de Biden pisó el freno sobre, aunque sin desmantelar totalmente, la campaña de “máxima presión” aplicada por la administración Trump y señaló que estaba dispuesto a levantar las sanciones si Maduro permitía la realización de “elecciones libres y justas”. En 2022, después de un intenso cabildeo, autorizó a Chevron a expandir sus operaciones petroleras en los proyectos que la compañía ya tenía en Venezuela.
El acuerdo con Qatar —un memorando de entendimiento con fecha del 29 de septiembre de 2023, cuyos detalles no se habían revelado previamente— muestra hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración y cuán instrumentales fueron sus esfuerzos para lograr que Maduro firmara un acuerdo electoral con la oposición en Barbados el año pasado.
El documento, publicado por Maduro en X el jueves, no tenía la firma del representante estadounidense. La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaba confirmación de la autenticidad del documento.
Desmantelamiento gradual de sanciones
La administración Trump había impuesto amplias sanciones contra el Estado venezolano, la petrolera estatal PDVSA, el banco central del país, el sector minero de oro y la compra de deuda venezolana, citando las acciones antidemocráticas de Maduro y las violaciones de los derechos humanos.
Quizás más paralizante para el régimen, Washington también impuso sanciones a al menos 115 funcionarios venezolanos de alto rango por su participación en abusos de los derechos humanos, acciones para desmantelar el sistema democrático del país, actos de corrupción o participación en el tráfico de drogas. Las sanciones, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, en esencia, congelaron los activos que los individuos pudieran tener en bancos bajo jurisdicción estadounidense.
Según el documento publicado por Maduro, la administración Biden actuaría primero para levantar algunas sanciones después de que su gobierno presentara un borrador de un acuerdo electoral con la Plataforma Unitaria de la oposición.
En particular, la administración emitiría licencias para autorizar a Haití, Belice y República Dominicana a pagar la deuda por el petróleo enviado por Venezuela a través de la iniciativa Petrocaribe y para que Trinidad y Tobago realizara pagos en efectivo al estatal Banco de Venezuela.
Trinidad y Tobago recibió una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para importar gas de Venezuela en enero de 2023, pero se le prohibió realizar pagos en efectivo.
Estados Unidos también acordó permitir que tres compañías petroleras extranjeras (Repsol, ENI y Maurel & Prom) pudieran seguir operando en Venezuela, según el documento.
La administración Biden parece haber cumplido su parte del trato.
En febrero, el gobierno venezolano anunció que había recibido 500 millones de dólares adeudados por Haití después de que Estados Unidos autorizara la transferencia.
En mayo, PDVSA, la petrolera estatal venezolana, dijo que la petrolera española Repsol había recibido una licencia de Estados Unidos para seguir operando en Venezuela. Maurel & Prom hizo un anuncio similar ese mes. Tras el anuncio de un acuerdo con la oposición, el acuerdo de Qatar exigía que el gobierno de Estados Unidos emitiera una licencia general para permitir transacciones que involucraran al sector petrolero venezolano y al Banco de Venezuela. También autorizaría la negociación secundaria de bonos y deuda venezolanos y “la participación en el sector del oro de Venezuela”, dice el documento.
La administración Biden tomó esas mismas medidas cuando el gobierno de Maduro anunció que había firmado un acuerdo con la oposición en Barbados en octubre del año pasado, apenas un mes después de que se alcanzara el acuerdo en Qatar. El acuerdo de Barbados incluía varias condiciones enumeradas en el acuerdo de Maduro con Estados Unidos, incluidos los compromisos de permitir que todos los candidatos de la oposición se presentaran, darles tiempo en los medios e invitar a observadores internacionales neutrales a monitorear las elecciones.
Pero la administración Biden canceló la autorización para aliviar las sanciones a los sectores petrolero y del oro venezolanos después de que Maduro prohibiera a la líder opositora María Corina Machado presentar su candidatura a las elecciones presidenciales y violara otras partes de lo que los funcionarios estadounidenses dijeron que se había acordado en Barbados.
Los pasos siguientes
En una decisión controversial, el consejo electoral venezolano, entidad bajo el férreo control de Maduro, lo declaró ganador de las elecciones presidenciales del domingo diciendo que obtuvo el 51.9% de los votos a pesar de que encuestas creíbles indicaban que el candidato opositor González había ganado por un amplio margen. La oposición rápidamente denunció fraude y proporcionó copias en papel que verificaban que tenía registros del 80 por ciento de los votos y que González había ganado fácilmente.
A pesar de los llamados de varios gobiernos, el consejo electoral venezolano no ha publicado un recuento detallado de los votos. En cambio, Maduro ha pedido a la corte suprema del país, bajo su control, que audite la votación mientras sus fuerzas reprimen a los manifestantes y miembros de la oposición.
Al menos 16 personas han muerto en los enfrentamientos, según grupos de derechos humanos.
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La administración Biden respondió con cautela a la situación que se estaba desarrollando en Venezuela, argumentando que los esfuerzos de Estados Unidos llevaron a que se celebraran las elecciones. Los funcionarios dijeron que están “reservando su juicio” hasta que el consejo electoral publique los detalles de la votación, lo que no ha hecho. El jueves, en una declaración cuidadosamente redactada, el secretario de Estado Antony Blinken finalmente reconoció que González había ganado “la mayoría de los votos” en las elecciones presidenciales, pero no lo reconoció como presidente electo.
El miércoles, el principal diplomático estadounidense para América Latina, el secretario de Estado adjunto Brian Nichols, utilizó un lenguaje más fuerte, instando a los gobiernos del mundo a “reconocer la abrumadora victoria electoral de Edmundo González” o de lo contrario correr el riesgo de “permitir que Maduro y sus representantes intenten un fraude masivo y desprecio por el estado de derecho y los principios democráticos”.
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La Casa Blanca no dijo qué condiciones serían necesarias para que Estados Unidos reconozca a González como presidente electo. El jueves, un grupo bipartidista de senadores encabezados por el republicano de Florida Marco Rubio presentó una resolución que reconoce a González como presidente electo de Venezuela.
“Estados Unidos, junto con las democracias de todo el mundo, no puede legitimar a Maduro ni ser cómplice permaneciendo al margen de un narcorégimen ilegítimo”, dijo Rubio. “Ha llegado el momento de que reconozcamos al presidente de Venezuela, democráticamente electo, Edmundo González Urrutia”.
Pero el miércoles, en la publicación X que contiene el documento del acuerdo con Qatar, Maduro dijo que estaba dispuesto a seguir negociando con Estados Unidos.
“Si el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos reanudar el #Diálogo pero sobre la base de un solo punto: Cumplimiento de Qatar”.
