“La iniciativa que estamos aprobando no solamente evitará que casos con jueces de consigna, como el de Javier Corral en el caso del secuestro y feminicidio de mi madre, consideren el homicidio de una mujer como algo “normal”, porque eso es lo que nos ha heredado este régimen de violencia donde las mujeres somos una mercancía a las que, si no le ponemos nombre y apellido, ni siquiera figuramos en los registros oficiales”.
Así lo señaló en tribuna la diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, durante su participación en el l dictamen que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para establecer la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa, para el delito de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible y la improcedencia de libertad condicionada, anticipada, y la sustitución de la pena para los casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible.
La legisladora señaló que, en el caso de secuestro y feminicidio de su madre, el gobierno panista encabezado por Javier Corral, junto con su Fiscal, su Fiscalía para la Mujer y su Unidad Antisecuestros negaron los delitos, pues ni siquiera hubo una carpeta de investigación en forma, abandonandola a su suerte y posteriormente la revictimizaron.
“Cinco juicios, dos carpetas de investigación, tres amparos, seis abogados, dos detenidos, dos prófugos, uno en realidad liberado por el gobierno del estado, un sin número de testigos protegidos, mil doscientas ochenta y cuatro fojas leídas, ochenta y cuatro visitas a amigos y personalidades para pedir ayuda y justicia, ciento doce vuelos tomados y mil doscientas horas sin dormir, pensando en la justicia, en la felicidad, en la maternidad, en el amor, en la muerte”, señaló.
Indicó que Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla son los únicos estados que contemplan agravantes a las agresiones por razón de género, mientras que Baja California, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua, tipifican el feminicidio aún de forma muy deficiente.
“Desde esta tribuna y con el apoyo total de la 4T, planteamos y le decimos a las mujeres que todo aquel que se atreva a violentarnos, será tratado como lo que es, UN DELINCUENTE, sin más pretextos ni justificaciones. Esta es una de las promesas y los avances más grandes que ha tenido la Cuarta Transformación”, sentenció.
Y es que, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, existen un millón 712 mil 522 carpetas de investigación abiertas por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres. De ese total de casos por ataques y agresiones, las autoridades decidieron clasificar el 68% por el delito de violencia familiar, con la apertura de un millón 158 mil 166 carpetas de investigación y el 32% por lesiones dolosas es decir 553 mil 575 casos.
En tanto, menos del 0.05% fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa. Es decir, en los últimos ocho años sólo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio.
