CIA en Chihuahua: entre la cooperación y la línea prohibida
Por momentos, la frontera entre la cooperación internacional y la violación de la soberanía parece desdibujarse. El reciente reporte de Los Angeles Times sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas en Chihuahua vuelve a encender un debate que México no ha terminado de resolver: ¿hasta dónde puede —o debe— llegar la colaboración con Estados Unidos?
No se trata de un tema menor. La versión de que elementos extranjeros no solo asesoraron, sino que habrían estado en campo, incluso vistiendo uniformes de corporaciones locales, plantea un escenario delicado. La ley mexicana es clara: agentes extranjeros no pueden participar directamente en operativos de seguridad dentro del país. Y si esto ocurrió, no estamos ante un simple exceso, sino ante un posible quebranto institucional.
El contexto tampoco ayuda. La muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano no solo abrió interrogantes, también generó presión política. La presidenta Claudia Sheinbaum puso el dedo en la llaga al cuestionar qué hacían estos funcionarios en México. La pregunta no es retórica: es una exigencia de claridad en un terreno históricamente opaco.
Desde el lado oficial, el fiscal César Jáuregui Moreno ha intentado bajar la tensión al asegurar que los agentes fallecidos no estaban en el operativo de Guachochi. Sin embargo, esa aclaración no desactiva el fondo del asunto: la posible presencia recurrente de personal de inteligencia estadounidense en acciones directas contra el narcotráfico.
Aquí hay dos realidades que chocan. Por un lado, la necesidad de التعاون internacional frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y transnacionales. Por otro, la defensa de la soberanía y el cumplimiento de la ley. México necesita inteligencia, sí, pero no a costa de ceder el control de su territorio.
La historia reciente ha demostrado que la colaboración bilateral en materia de seguridad suele moverse en zonas grises. Pero esas zonas grises, cuando se hacen públicas, erosionan la confianza ciudadana y alimentan la percepción de que las decisiones clave se toman fuera del país.
Más allá de confirmar o desmentir lo publicado, lo urgente es transparentar. Saber quién autorizó, bajo qué marco legal y con qué límites. Porque en seguridad, como en política, lo que no se explica termina por sospecharse.
Y hoy, más que nunca, la sospecha no es un lujo que México pueda permitirse.
