La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· El fallo de la SCJN y la inconstitucionalidad del presidente.
· Atropello de AMLO al INAI: temor a transparentar el manejo de su gobierno.
La reciente regresión sufrida por el proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso al trasladar la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, es resultado del incorrecto manejo que en éste como en otros casos el mandatario ha demostrado violar la Constitución que él es el principal obligado a respetar. A través de un fallo congruente, así como apegado al derecho y la razón, el Poder Judicial ha dado muestra de la verdadera independencia que hoy tiene respecto al Poder Ejecutivo. Ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional el traslado e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que meses atrás había sido realizado a contrapelo de la ley y por imposición del presidente -como ha sido ya una mala costumbre en este y otros temas durante la presente administración-.
La Guardia Nacional es una corporación de naturaleza civil que en virtud de su creación y del marco jurídico que la rige está constitucional y legalmente impedida para depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque su adscripción corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin embargo, la obstinación del presidente llevo a éste a colocar ilícitamente bajo el mando castrense a dicho cuerpo de guardias de orden civil. La resolución de la SCJN guarda una lógica jurídica absoluta, pues el papel de la corte de justicia es la salvaguarda de la Constitución para impedir que ésta sea violada, así sea el Presidente de la República quien lo haga.
Más allá de la connotación jurídica que tiene la resolución adoptada por el poder judicial el mensaje político que de ella se deriva es innegable a estas alturas del sexenio, ya que los números de la votación, de 8 ministros a favor de la declaración de inconstitucionalidad y 3 en contra, refleja en cierto modo la falta de respaldo al Presidente López Obrador dentro de ese alto tribunal, es decir, los aliados con los que cuenta son Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel, mientras que los restantes ocho ministros no responden a los intereses presidenciales. La decisión de la corte también tiene un claro enfoque jurídico-político, pues constituye una clara advertencia para frenar los impulsos del mandatario, quien durante su gestión ha dado sobradas muestras de su proclividad a atropellar la Constitución para satisfacer sus intereses político-ideológicos o electorales.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le es cada día más cuestionada la intransigencia, el autoritarismo y falta de argumentos que han caracterizado a su ejercicio de gobierno. En días recientes ha crecido la inconformidad tanto en los sectores políticos, académicos, empresariales y periodísticos como en la sociedad en general la irracional obstinación mostrada el titular del Poder Ejecutivo Federal
en su afán personal por desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI). Con un discurso simplista y ofensivo el mandatario ha dicho que el INAI no sirve al país ya que su existencia cuesta al erario nacional mil millones de pesos anuales, y además lo ha acusado de ser un nido de corrupción.
Sin prueba alguna sobre las supuestas corruptelas que imputa al organismo y basándose en un discurso superficial el presidente trata de minar la imagen y credibilidad del INAI, el cual está muy lejos de ser el lastre de corrupción que el presidente pretende mostrar a la opinión pública. El Instituto Nacional de Transparencia lejos de ser la institución corrupta que el mandatario intenta dibujar, es un organismo que evita los actos de corrupción o, al menos, contribuye a disminuirlos, pues garantiza el derecho humano que tenemos los ciudadanos para acceder a una buena parte de la información del ejercicio administrativo y el manejo del dinero por parte del gobierno.
Desde meses atrás el INAI se encuentra inactivo e impedido para operar, porque en el Senado de la República la mayoría de senadores morenistas leales al presidente López Obrador se han negado a autorizar la designación de los consejeros faltantes para que el Consejo del lNAI se halle debidamente integrado y pueda sesionar y trabajar con normalidad. Es evidente que al presidente le incomoda que el INAI continúe operando porque la existencia de este importante órgano obliga a su gobierno a rendir cuenta y detalle sobre las concesiones, permisos y contratos otorgados durante su administración. El presidente teme y se opone a transparentar su ejercicio de gobierno.
