MARTÍN ADAMES
(AP) — Los fiscales dominicanos concluyeron que el pelotero dominicano Wander Franco debe ser juzgado por el delito de explotación sexual comercial de una menor de edad.
La decisión figura en la acusación formal depositada ante un juez la noche del lunes, tras casi un año de investigación contra Franco por su presunta relación con una adolescente de 14 años.
“La acusación del Ministerio Público contra Franco es por explotación sexual comercial de una menor de edad y contra la madre de la adolescente por lavado de activos”, informó el martes el Ministerio Público.
Los cargos contra la madre de la joven se derivarían de los pagos que habría recibido de Franco a cambio de que consintiera la relación del jugador con su hija. The Associated Press ha decidido no revelar el nombre de la mujer para preservar la privacidad de su hija.
De acuerdo con los fiscales, la conducta de Franco violó el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Penal Dominicano y la Ley de trata de personas.
Los cargos más graves que Franco estará enfrentando son el de violación sexual, por el cual podría recibir condenas de entre 10 a 15 años de prisión y el de trata de personas, el cual es castigado en República Dominicana por penas de entre 15 y 20 años.
Franco será juzgado en un tribunal de la provincia de Puerto Plata, en el norte del pais, donde habrían ocurrido los hechos.
El deportista se encuentra bajo libertad condicional desde enero y la madre de la menor en arresto domiciliario.
Con la acusación formal presentada dentro de los plazos que establecen las leyes dominicanas, Franco, quien se encuentra en libertad bajo fianza desde enero, pasa a una nueva etapa, en la que queda descartada la posibilidad de que el caso se desechara por falta de acusación.
El plazo para que los fiscales presentaran cargos contra el campocorto de los Rays de Tampa Bay venció el 5 de julio, seis meses después de que un juez ordenó que Franco fuera investigado por supuestos abusos sexuales y psicológicos a la menor.
Pero la ley dominicana otorgaba a los jueces la prerrogativa de conceder un plazo adicional de 10 días para que los fiscales y las víctimas presentaran sus conclusiones.
Desde enero, Franco ha estado obligado a realizar visitas mensuales de control al juzgado. En abril, solicitó que se suspendieran las visitas, algo que negó el juez.
Según los fiscales, Franco pagó miles de dólares a la madre de la menor para que consintiera la relación, que duró cuatro meses.
Las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros impusieron una suspensión administrativa a Franco, vigente hasta el 14 de julio.
El campocorto de Tampa Bay, elegido al Juego de Estrellas, no tiene actividad en un encuentro desde el 12 de agosto, mientras las mayores continúan su investigación sobre la presunta relación con la adolescente.
Las suspensiones administrativas no constituyen una medida disciplinaria bajo las políticas del béisbol sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Un pelotero sujeto a esta medida sigue devengando su sueldo.
Franco, quien tiene un salario de 2 millones de dólares este año, ha permanecido en su natal República Dominicana mientras las autoridades investigan.
