La situación en la región sur de Chihuahua al inicio de 2025 refleja un panorama alarmante de violencia e inseguridad, donde los enfrentamientos armados, el desplazamiento forzado de civiles y el uso de nuevas tecnologías en la guerra criminal, como drones, parecen estar marcando una tendencia creciente en la lucha contra los grupos delictivos. Este escenario resalta una vez más la fragilidad de la seguridad en ciertas zonas del país, afectando profundamente a la población civil que vive en constante temor.
El operativo aéreo que se desplegó con helicópteros para «peinar» los municipios afectados, como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Coronado y Uruachi, pone de manifiesto la gravedad de la situación, con un enfoque cada vez más contundente de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, a pesar de la detención de 16 personas y el aseguramiento de armamento, los enfrentamientos continúan y el riesgo de nuevos ataques permanece latente. La violencia no solo afecta a los civiles, sino también a las fuerzas de seguridad, como lo evidencian las víctimas dentro de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, quienes, al igual que los habitantes de la región, deben enfrentarse a una guerra que no discrimina.
Además, el desplazamiento forzado en localidades como Cinco Llagas ilustra el impacto directo que la violencia tiene sobre la vida cotidiana de las personas, forzándolas a abandonar sus hogares, sus trabajos y sus vidas de manera abrupta, mientras las autoridades intentan mitigar la crisis mediante investigaciones y operaciones en terreno. El hecho de que más de 160 víctimas hayan sido identificadas en esta comunidad, y que las autoridades sigan documentando los actos delictivos, demuestra la magnitud del problema, y lo poco que se ha logrado en términos de restablecer la paz y la seguridad en el largo plazo.
El uso de drones y explosivos como herramientas de ataque por parte de los criminales refleja una modernización de las tácticas de guerra en este contexto de narcotráfico y crimen organizado. Los recientes aseguramientos de drones, explosivos y equipos tácticos indican que los delincuentes están adoptando tecnologías cada vez más sofisticadas, lo cual presenta un reto adicional para las fuerzas de seguridad, que deben evolucionar para enfrentarse a este nuevo tipo de amenaza.
Es claro que, si bien se están implementando medidas, la estrategia de seguridad parece insuficiente frente a la organización y poderío de los grupos criminales. Para que la paz vuelva a esta región, se requiere no solo de la acción inmediata de las fuerzas federales y estatales, sino también de una estrategia integral que incluya la reconstrucción del tejido social, la promoción de la justicia y, lo más importante, la protección de los derechos de los ciudadanos que se ven atrapados en esta espiral de violencia sin salida.
