Perseguir a los corruptos del pasado podría desestabilizar al país, es el argumento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que es desestimado por organizaciones civiles, especialistas y legisladores, al dar la idea de que existe un «pacto de impunidad».
María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuestionada sobre el tema por el diario Reforma, consideró que «en el mejor de los casos es una amnistía, y en el peor es un pacto de impunidad».
Claudio X. González, también de MCCI, urgió al morenista a perseguir «a los que más abusaron para enviar un mensaje, tanto a la clase política como a los suyos».
Edna Jaime, directora de México Evalúa, y Max Kaiser, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), opinaron que combatir la corrupción no genera inestabilidad, lo que sí lo hace es la impunidad a dichos actos.
Kaiser declaró que nadie le pide al nuevo presidente que «inicie una guerra» sino que simplemente aplique la ley y asuma el mandato electoral de combatir la corrupción, tal como prometió.
Mientras el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aclaró que luchar contra la corrupción sí desestabiliza, «pero a un sistema, no a un país».
Por lo que Rivas pregunta, «a quién desestabiliza, protege a quién, debilita a quién».
Rivas criticó la «incoherencia» de López Obrador de reunirse con Peña Nieto y agradecerle la transición, cuando antes había señalado la corrupción del actual mandatario.
Finalmente, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló el deber de castigar a los corruptos, no perdonados.
En un pronunciamiento, MUCD planteó que la elección del morenista fue un mandato claro: combate frontal a la corrupción y la pacificación del país.
Al presentar los resultados de una encuesta sobre la percepción de inseguridad, MUCD señaló que «los ciudadanos tienen un enorme enojo contra quienes han sido responsables de dichos actos y no coinciden en otorgar perdones».
Argumento de AMLO no convence a organizaciones civiles, legisladores y especialistas. (AP)
