La Sexagésima Sexta Legislatura exhortó a la Secretaría de Salud, para que se instale la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Chihuahua, y se prevea en la partida presupuestal del próximo año para que comience a operar en enero próximo.
Así lo propusieron los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Miguel La Torre Sáenz y Luis Aguilar Lozoya, quienes de manera conjunta presentaron la iniciativa ante el Pleno Legislativo, con la que se pide se considere para el 2019 dentro del presupuesto, la Comisión antes mencionada, ya que ésta fue creada desde agosto del 2015, como un órgano administrativo desconcentrado subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Salud de la Entidad, y se le dio de autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, que a la fecha no opera.
Destacaron que en cuanto a la estructura orgánica, se prevé un Consejo, el cual se integrará por las siguientes personas: una comisionada, otra subcomisionada médica, así como una subcomisionada jurídica y cinco consejeras.
Lo anterior, toda vez que se debe garantizar a la ciudadanía, sin restricción ni limitación alguna, los servicios médicos ya que son un elemento imprescindible del derecho humano a la salud, señalaron los legisladores dentro del acuerdo.
Asimismo, expresaron que, en una interpretación amplia de dicha prerrogativa se tiene que es menester también dotar a la sociedad de una instancia en donde puedan presentar quejas, dirimir sus controversias y obtener la asesoría que requieran, cuando se suscite algún problema entre quienes prestan dichos servicios y las personas usuarias.
Resaltaron la importancia de que empiece a funcionar la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, ya que en Chihuahua se han suscitado casos de posibles negligencias médicas por la inadecuada atención brindada, lo cual ha tenido como consecuencia el fallecimiento de algunas personas.
Los diputados que conforman la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso, exhortaron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a través del magistrado titular Pablo Héctor González Villalobos, a fin de que se sirva llevar a cabo una revisión del trabajo desahogado por la Sala Penal Regional Hidalgo.
Este llamado, es para que informe a los diputados del Congreso del Estado, respecto de su desempeño comparado con el resto de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; y para que se sirva a llevar a cabo una revisión del proceso de entrega – recepción de la Cuarta Sala penal Regional del Distrito Judicial Bravos.
El diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, expuso en Tribuna que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como de las garantías necesarias para su protección.
Mencionó también, que el artículo 17 constitucional, prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; por lo tanto, dijo que el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona que los solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal.
El legislador, señaló que es consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.
El diputado aseguró que corresponde al Congreso del Estado, darle seguimiento al desempeño de los magistrados que fueron nombrados en fechas recientes y llevar a cabo una labor de vigilancia sobre el trabajo de los otros Poderes que incide en las vidas de los ciudadanos, a quienes representan
Este exhorto se aprobó con 14 votos a favor.
El Pleno del Poder Legislativo de Chihuahua, enviaron un proyecto de iniciativa de Decreto ante el Congreso de la Unión, para que se reforme la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, en voz del diputado Miguel La Torre Saenz, presentó ante el Pleno Legislativo, el proyecto de Decreto ante el Congreso de la Unión, para que se considere reformar la Ley de Amparo, con la finalidad de fortalecer a los ayuntamientos, respecto de la determinación de los valores y particularidades contenidas en las tablas de valores, que presentan ante los congresos locales.
El legislador señaló que la Ley de Amparo actualmente no otorga legitimación a los ayuntamientos para interponer el recurso de revisión en las sentencias donde se conceda el amparo y protección de la justicia federal a favor de alguna persona, en contra de contribuciones municipales. No obstante, se obliga a estos entes gubernamentales a acatar los efectos de la resolución y, en muchas ocasiones, a realizar devoluciones de las contribuciones ya efectuadas.
Por lo anterior, quienes integran la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, solicitó al Congreso de la Unión, reformar los artículos 87 y 108, fracción III de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicha reforma se especifica que la autoridad responsable, tratándose de leyes de ingresos municipales o tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, el quejoso deberá señalar al Ayuntamiento al que la ley le otorgue atribución para elaborar y aprobar la iniciativa o proyecto correspondiente.
