Agencia EFE
(EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el juzgado más alto del estado, anuló este jueves una ley de la ciudad que habría otorgado a residentes legales el derecho a votar en las elecciones municipales.
La ley 11 habría permitido que unos 800.000 residentes permanentes (con ‘green card’, en inglés) y los llamados “dreamers” -beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos- votaran para elegir al alcalde y otros cargos municipales.
Esta norma fue aprobada por el Concejo de la ciudad, de mayoría demócrata, en diciembre de 2021, pero poco después, en enero de 2022, fue impugnada por republicanos en la Corte Suprema del estado, donde un juez la consideró “inconstitucional”.
Aquellos en favor de la ley acudieron entonces al Tribunal de Apelaciones, representados por la organización Latino Justice PRLDEF, pero hoy la Corte Suprema votó con seis votos en su contra y solo uno a favor.
En su decisión, los jueces señalan que “la Constitución de Nueva York tal como está hoy establece una línea firme que restringe el voto a los ciudadanos”.
Para LatinoJustice. el fallo del tribunal “es un revés terrible para nuestras comunidades inmigrantes que contribuyen al bienestar de la ciudad”.
“Lamentablemente, esta decisión se alinea con los deseos de aquellos que en este momento están persiguiendo a los inmigrantes y quieren borrar su influencia y presencia en nuestra sociedad, y refuerza las barreras que les privan activamente de oportunidades de representación, protección e inclusión”, indicó el abogado César Ruiz.
Por su parte, el republicano Vito Fossella, presidente del condado de Staten Island, que lideró la impugnación, afirmó que la decisión de los jueces “es una victoria para el sentido común y la santidad y seguridad de nuestro sufragio: el derecho a votar como ciudadanos”.
“Nos complace que este asunto pueda finalmente resolverse, de una vez por todas”, expresó.
Mientras que la Coalición de Inmigración destacó que cerca del millón de neoyorquinos a los que las Ley 11 les concedió el derecho a votar “pagan impuestos, poseen negocios, realizan trabajos esenciales y contribuyen a sus comunidades”.
El director ejecutivo de la Coalición, Murad Awawdeh, afirmó que la decisión “supone un revés devastador” para el derecho al voto “y priva de derechos a las comunidades que ayudan a mantener el funcionamiento de la ciudad”.
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