Gustavo Castillo García La demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Genaro García Luna en Estados Unidos, y con la cual busca recuperar parte de los recursos públicos que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal habría entregado ilegalmente a empresas relacionadas con él, podría representar la obtención de mil millones de dólares para el gobierno mexicano.
La querella está dirigida al ex funcionario y sus socios, quienes son considerados miembros de una organización (empresa) delictiva dedicada al robo de recursos públicos y lavado de activos que operó en Barbados, Panamá y el territorio estadunidense, entre otros.
De esa manera, la demanda –de la cual posee copia La Jornada– se sustenta en la llamada ley Rico, que ordena que quien sea declarado culpable, además de pagar lo que sustrajo ilegalmente (en este caso se solicitan 250 millones de dólares), los imputados deben cubrir tres veces más ese importe.
En el documento que presentó la UIF ante una corte con sede en Florida, Estados Unidos, y que ya fue aceptada, se menciona que García Luna y sus socios transfirieron, utilizaron e invirtieron los recursos hacia o desde Estados Unidos, o entre los estados de ese país, lo que constituía una violación de uno o más estatutos penales federales o de Florida y actos predicados bajo el estatuto civil Rico de estado.
Para sustentar la acusación en el mencionado ordenamiento, la UIF señaló que García Luna y sus cómplices violaron esta legislación al hacer transferencias internacionales o interestatales de propiedad robada, convertida ilegalmente o tomada ilegalmente.
Para ello, se entregó una relación de transferencias ilícitas provenientes de lo que se considera propiedad robada, convertida ilegalmente o tomada ilegalmente, que oscilaron entre 57 mil 915 y 300 mil dólares, a través de las empresas Nunvav Inc y Tequila Revolución, utilizando para ello instituciones como Bancomer, Cibanco, Banco Monex, Servicios de financiación de activos LLC y Citibank.
Esas transferencias fueron llevadas a cabo como parte de las ganancias del esquema de contratación ilegal del gobierno mexicano, con lo cual se podría acreditar que los demandados García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa), así como sus socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro Gónzález y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa), deberán pagar la compensación al gobierno mexicano, con independencia de la sentencia en prisión que puedan alcanzar.
Lo anterior, ya sea con sus cuentas o los recursos, bienes y propiedades que posean a través de las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, Sigb LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC y GL & Associates Consultuing.
