TSJ, falla a favor de Magistrada Myriam Hernández Acosta.
Fuentes al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmaron que el pasado 23 de agosto, la tercera sala penal del tribunal, confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General del Estado y confirmado en la Causa Penal 3072/2023, por los delitos de tortura, extorsión y amenazas en agravio del Juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez.
También en el mismo caso se desechó el posible fraude procesal que se pudo haber cometido en agravio de la administración de justicia, delitos todos ellos que se imputaron a la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta.
La funcionaria fue acusada de extorsionar y torturar psicológicamente a Mendoza Rodríguez, como represalia por haber dictado auto de vinculación a proceso en contra de los líderes de tres partidos políticos, como parte de la nómina secreta del entonces gobernador, Cesar Duarte Jaqués. El auto de vinculación a proceso, fue dictado durante la administración de Javier Corral Jurado al frente del ejecutivo estatal.
Trascendió sobre dichas acusaciones que la Magistrada Presidenta, en entrevista con reporteros que cubren la agenda de la gobernadora del estado de Chihuahua, afirmó que las acusaciones en su contra por extorsión y amenazas, eran meras “conductas mediáticas para liberarse de procesos administrativos”.
Respecto al caso concreto, la Magistrada refirió en su momento que el Juez Samuel Mendoza, enfrentaba un procedimiento administrativo porque permitió presiones del exgobernador «panista» Javier Corral en el proceso penal que enfrentó la entonces candidata y actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en la causa penal 2821/2021.
El anuncio puntual y oportuno de que se abrirían procedimientos en contra de Mendoza Rodríguez, lo dio el 13 de enero de 2022, la Magistrada Hernández Acosta, en una entrevista otorgada al periodista Joaquín López-Dóriga, declarando que se iniciarían procedimientos en su contra.
De este material periodístico destaca que hace un año, fue difundido en un medio de circulación nacional, el audio donde la Myriam Hernández Acosta, increpa a Mendoza Rodríguez, a quien le exigió su renuncia a cambio de no iniciar en su contra una persecución penal, administrativa, laboral y familiar, hasta destituirlo:
“¿Va a firmar o no va a firmar? La oferta es: usted se va sin problemas, asi se escuchó en las grabaciones, la voz de la Presidenta.
En la sentencia de la Tercera Sala Penal, se confirma la determinación de la fiscalía, de no investigar los hechos denunciados por el Juez Mendoza Rodríguez, luego de que fuera citado para que se le practicara el Protocolo de Estambul por peritos de la Fiscalía General del Estado, para determinar el grado de sus afectaciones psicológicas por los actos denunciados.
A lo anterior el denunciante solicitó se agendara una nueva fecha para llevar a cabo dicho protocolo, una vez que se recabaran las constancias e informes médicos respecto a los tratamientos psiquiátricos a que ha estado sometido, como secuela de los actos denunciados de que se dice víctima, por parte de la titular del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Además, en la Tercera Sala, afirman contundentemente que Mendoza Rodríguez es negligente y resulta inverosímil, que haya pospuesto la cita para aplicarle el protocolo de Estambul, para ofrecer pruebas de sus tratamientos médicos ante la fiscalía, porque pudo haber mandado la información referente a su tratamiento psiquiátrico, por medios electrónicos, directamente a los peritos en tortura.
Además, la sala penal refiere que el haber ofrecido las pruebas médicas como prueba en la carpeta de investigación, en vez de remitirlas directo a los peritos en tortura, denota tácticas dilatorias y una conducta procesal ilícita, cuya sanción, se resuelve en la sentencia, es que se confirme el no ejercicio de la acción penal en contra de la Magistrada Myriam Hernández Acosta, por el delito de Tortura y la no investigación de los delitos de extorsión y amenazas, así como el diverso de fraude procesal.
Se espera que en los próximos días la Magistrada Presidenta, proceda legalmente en contra del Juez Samuel Uriel Mendoza Rodriguez, por difamación, ahora que se confirmó por la Tercera Sala penal, el no ejercicio de la acción penal por el delito de tortura, y la determinación de la fiscalía de no investigar los delitos de extorsión, amenazas y fraude procesal, denunciados por el Juez de Control.
