Manu Ureste
La cancelación de la visa estadounidense a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, marcó un antes y un después en la forma en que Estados Unidos ejerce presión política sobre México.
La mandataria confirmó públicamente el 12 de mayo de 2025 que el gobierno estadounidense le retiró el documento migratorio, una decisión que también alcanzó a su esposo, Carlos Torres Torres, empresario con actividades en la región fronteriza. Días después, y en medio del escándalo político, la gobernadora anunció su divorcio, un movimiento que buscó contener el impacto del caso en su administración.
El gobierno de Estados Unidos no ofreció explicaciones sobre los motivos de la revocación, amparado en la confidencialidad consular. Sin embargo, el episodio tuvo una relevancia inédita: por primera vez se hacía pública la cancelación de la visa a una mandataria estatal en funciones, en un estado fronterizo estratégico y con una relación históricamente intensa con Estados Unidos.
Para especialistas en la relación bilateral consultados, el mensaje fue inequívoco: el caso de Marina del Pilar Ávila, ‘la gobernadora sin visa’, mostró que el retiro de este documento, indispensable para poder ingresar a territorio estadounidense, dejó de ser un asunto administrativo discreto para convertirse en una señal política de muy alto voltaje.
Tras el caso de la mandataria bajacaliforniana, comenzaron a hacerse públicos otros episodios similares. Juan Francisco Gim, alcalde de Morena en Nogales, Sonora; José Luis Dagnino López, presidente municipal morenista de San Felipe, Baja California; Alex Tonatiuh Márquez Hernández, entonces titular de Investigación Aduanera del gabinete federal —quien se convirtió en el primer funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum en perder la visa estadounidense y fue separado del cargo en diciembre de 2025—, así como Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, reconocieron públicamente que el gobierno de Estados Unidos les había retirado el documento migratorio.
En todos los casos, los involucrados recurrieron a explicaciones similares: hablaron de “cuestiones administrativas”, “revisiones consulares” o “actualizaciones de estatus”, y negaron tajantemente cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Sin embargo, la ausencia de explicaciones oficiales por parte de Washington y el contexto de endurecimiento de la política estadounidense contra el crimen organizado dejaron la medida envuelta en un halo de sospecha pública, evidenciando el peso político que hoy tiene la revocación de una visa, incluso sin cargos formales de por medio.
Hasta ahora, el número de casos confirmados públicamente de políticos y funcionarios mexicanos a los que Estados Unidos les ha retirado la visa durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump supera la decena.
No obstante, esa cifra podría ser sólo una fracción del total. En octubre de 2025, la agencia Reuters reportó que el gobierno estadounidense había revocado más de 50 visas a políticos y funcionarios mexicanos, aunque sin dar a conocer la lista completa de los afectados ni las razones específicas en cada caso.
La información reforzó la percepción de que se trata de una política más amplia, aplicada con discreción y sin transparencia, cuyos alcances reales permanecen parcialmente ocultos tanto para la opinión pública como para el propio gobierno mexicano.
Un patrón se repite en los casos conocidos: la mayoría de los funcionarios afectados pertenece a Morena, el partido en el poder. No obstante, la medida no ha sido exclusiva. Entre los nombres que han trascendido figura el del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, militante del PRI, lo que refuerza la idea de que la cancelación de visas no responde a una lógica estrictamente partidista, sino a criterios definidos desde la Casa Blanca de Washington.
Presión política con información
Para Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el efecto político de estas decisiones va más allá de los casos individuales. “La sola cancelación de una visa ya implica un daño reputacional”, explicó en entrevista con Animal Político. “Aunque no se expliquen los motivos, la sospecha inmediata suele ser la de vínculos con el crimen organizado. Eso convierte a la visa en una herramienta política muy poderosa”.
Brewer subraya que, a diferencia de administraciones anteriores, como las de los demócratas Barack Obama y Joe Biden, ahora hay un cambio claro en la escala y la visibilidad de estas medidas. “Antes también se retiraban visas, pero se hacía con mucha más discreción. Ahora vemos una mayor exposición pública, y eso tiene un efecto intimidante, tanto para los funcionarios directamente afectados como para otros actores políticos”.
El rasgo central de esta estrategia es la opacidad. Estados Unidos no ha difundido una lista oficial de funcionarios a los que les ha retirado la visa, ni ha comunicado formalmente al gobierno mexicano las razones específicas de cada revocación. Esa falta de información, coinciden los expertos, amplifica el impacto político de la medida.
“La revocación de visas se inscribe en un contexto mucho más amplio de presión de Estados Unidos hacia México”, explica Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, en entrevista con Animal Político. “Esa presión incluye aranceles, amenazas, sanciones financieras y exigencias más duras en el combate al crimen organizado. El retiro de visas es un mensaje más dentro de ese paquete”.
Benítez Manaut señala que para Estados Unidos, el combate al crimen organizado no se limita a la violencia en las calles. “Ellos operan con una lógica de tríada: combatir a los criminales armados, combatir el lavado de dinero y combatir la protección política del crimen, es decir, a los narcopolíticos”, explica. En ese marco, la visa se convierte en una herramienta útil para señalar y presionar a funcionarios sobre los que existen dudas o información sensible.
El investigador destaca que muchas de las revocaciones se concentran en estados fronterizos por una razón práctica: “Estados Unidos tiene mucha más información sobre funcionarios locales de la frontera norte. Muchos tienen propiedades, cuentas bancarias o incluso familiares en Estados Unidos. Eso permite a las agencias estadounidenses detectar incongruencias entre ingresos, patrimonio y movimientos financieros”.
Cuando se detectan esas inconsistencias, añade, el retiro de la visa funciona como una sanción inmediata. “No es un proceso judicial, pero sí es una señal muy clara de que tienen información. Y eso, en términos políticos, pesa mucho”.
Un instrumento con “dientes”
Para Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cancelación de visas se ha consolidado como una de las herramientas de presión política más eficaces del gobierno de Donald Trump.
“Es un instrumento muy real, con dientes”, afirmó en entrevista. “A diferencia de otras medidas, como los aranceles, que muchas veces se anuncian pero no se aplican, o no de manera tan inmediata, el retiro de visas sí se ejecuta y tiene efectos inmediatos”.
Santa Cruz subraya que la medida no es nueva, pero sí su uso actual. “El retiro de visas existía antes de Trump, tanto en gobiernos demócratas como republicanos. La diferencia es la magnitud y la forma. Antes se hacía con moderación y discreción; ahora se hace de manera abierta, pública incluso, casi como un espectáculo político”.
El caso de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, evidenció ese cambio de tono en el uso de la revocación de visas. En junio de 2025, el subsecretario de Estado Christopher Landau hizo pública en redes sociales la instrucción de cancelar su visa tras un mensaje difundido por la propia consejera.
El episodio, ampliamente cubierto por la prensa mexicana, mostró cómo la revocación del documento dejó de ser un trámite consular discreto para convertirse en un acto político muy visible.
Desde entonces, Landau —exembajador de Estados Unidos en México— comenzó a ser identificado en análisis y conversaciones públicas como el “quitavisas”, un apodo informal que, sin ser un cargo oficial, refleja el giro de la estrategia: la cancelación de visas funciona ahora no solo como sanción discrecional, sino como mensaje político explícito dirigido a la clase política mexicana.
Ese giro, explica Santa Cruz, transformó la naturaleza del instrumento consular. “Al hacer mucho más visible el retiro de visas a políticos y funcionarios mexicanos, Trump lo convierte en una herramienta de intimidación política. No solo castiga al funcionario al que le quitan la visa, sino que envía un mensaje al resto de la clase política mexicana”.
La cautela como respuesta
La respuesta del gobierno mexicano, coinciden los especialistas, ha sido la extrema cautela. No ha habido una defensa pública de los funcionarios afectados ni una exigencia formal de explicaciones a Washington. Sólo en el caso de la gobernadora de Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció públicamente para señalar que el gobierno de Estados Unidos no había informado a México sobre los motivos de la cancelación de la visa y defendió la permanencia de Marina del Pilar en las mesas de seguridad, aunque evitó cuestionar directamente la decisión de la administración Trump o atribuirle un trasfondo político.
Para Benítez Manaut, esa postura de no confrontación por la cancelación de visas es comprensible: “Si Estados Unidos retira una visa, lo hace por algo. Defender a alguien sin conocer la información sería arriesgado. Si después se confirma que había irregularidades, el costo político sería aún mayor”.
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En la misma línea, Arturo Santa Cruz considera que la reacción del gobierno mexicano ha sido esencialmente pragmática. El experto recalca que, hasta ahora, el retiro de visas ha funcionado más como un mecanismo de presión que como un castigo plenamente ejecutado, lo que ha llevado a México a optar por no escalar el conflicto.
“El gobierno ha tratado de lidiar con esto complaciendo en otros ámbitos a la administración Trump”, explica, al recordar decisiones recientes en materia de seguridad y cooperación bilateral, como el envío el 20 de enero —justo el día del primer aniversario del segundo mandato de Trump— de otros 37 capos de la droga a cárceles estadounidenses, sumando 92 en el nuevo mandato del republicano.
Para Santa Cruz, la cautela responde también al riesgo político interno: una acción penal o una acusación formal por parte de Estados Unidos contra funcionarios morenistas en funciones, o contra personalidades políticas de alto perfil, representaría “un golpe severo para el gobierno federal”, por lo que evitar una confrontación directa se convierte en “una estrategia de contención”.
