El regreso de Donald Trump a la política estadounidense ha traído consigo una renovada ofensiva contra la corrupción vinculada al narcotráfico en México. Como parte de esta estrategia, su gobierno ha comenzado a cancelar visas y restringir el ingreso a Estados Unidos (EE.UU.) de políticos mexicanos que, según agencias de inteligencia norteamericanas, estarían relacionados con el crimen organizado.
Trump ha iniciado una nueva política de presión sobre México al imponer restricciones de viaje a figuras políticas mexicanas de alto perfil que, según funcionarios estadounidenses, tienen presuntos nexos con el crimen organizado. La medida incluye la revocación de visas y la posible aplicación de sanciones adicionales, en lo que podría convertirse en un conflicto bilateral de alto impacto.
De acuerdo con fuentes del gobierno de EE.UU., se trabaja con una lista confidencial que incluye a varias decenas de políticos mexicanos, algunos aún en funciones, que han sido señalados por agencias de inteligencia como cercanos a redes de narcotráfico. Entre los señalados hay gobernadores, líderes del partido de Morena y exfuncionarios de gobiernos anteriores.
La información fue revelada por funcionarios estadounidenses que pretenden mantenerse en el anonimato debido a la gravedad del tema. Lo que busca la iniciativa es cortar el flujo de apoyo político que reciben los cárteles desde estructuras de poder mexicanas, y enviar un mensaje claro a los involucrados, no serán bienvenidos en territorio estadounidense.
Marina del Pilar
Una de las primeras figuras en ser afectadas por esta política es Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del estado de Baja California. La mandataria reconoció públicamente que tanto ella como su esposo, quien es exdiputado federal, fueron notificados de la revocación de sus visas estadounidenses.
Durante una conferencia de prensa, Ávila aseguró que la cancelación está relacionada con una situación vinculada a su esposo, pero subrayó que esto no implica que haya cometido un delito.
“No significa que haya hecho algo indebido. Estoy actuando con total transparencia y he solicitado a las autoridades estadounidenses más información”, declaró.
La presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el tema, informando que su gobierno pidió una explicación formal a Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta del Departamento de Estado fue simple: se trata de un “asunto confidencial”.
Señalamientos alcanzan a otros gobernadores
Además de Baja California, medios de comunicación y periodistas mexicanos han reportado que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también habría perdido su visa para ingresar a EE.UU. Aunque esta versión aún no ha sido confirmada por su administración, la sospecha ha generado una ola de especulaciones.
Un vocero de Villarreal calificó la información como “no confirmada”, mientras que el propio mandatario ha negado en varias ocasiones cualquier relación con organizaciones delictivas. Sin embargo, su estado, Tamaulipas, es conocido por ser un punto clave en las operaciones del narcotráfico hacia la frontera norte.
La situación se agravó el mes pasado cuando el alcalde de Matamoros fue detenido en la frontera al intentar cruzar a Brownsville, Texas. Aunque no se le explicó la razón del impedimento, posteriormente se reveló que su visa también habría sido revocada.
Una lista que sigue creciendo
Las fuentes consultadas indican que la lista de políticos mexicanos sujetos a estas restricciones migratorias esta en crecimiento. La medida forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Estado, agencias de inteligencia y autoridades migratorias para identificar a funcionarios que, de alguna manera, han colaborado o se han beneficiado de estructuras criminales.
Aunque los nombres no han sido revelados oficialmente, se presume que entre ellos hay actuales legisladores, exsecretarios de Estado y operadores políticos regionales vinculados con el partido Morena.
Las acciones incluyen desde la revocación de visas de turismo y trabajo hasta la prohibición total de entrada a territorio estadounidense. En casos extremos, también podrían derivar en investigaciones por lavado de dinero o cooperación con redes criminales internacionales.
La decisión de Washington ha generado incomodidad dentro del partido Morena, el cual ha sido duramente criticado por permitir la cercanía de ciertos actores políticos con grupos criminales. Aunque no se han revelado nombres, se sabe que varios de los incluidos en la lista pertenecen a las filas de este partido, lo que podría generar divisiones internas y presionar por una depuración de perfiles en cargos públicos.
El hecho de que gobernadores en funciones estén siendo vetados por el país vecino, podría también afectar la percepción internacional de México y su lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Más allá de la revocación de visas, esta política de Trump puede leerse como una advertencia directa a la clase política mexicana, cualquier vínculo, por mínimo que sea, con organizaciones del narcotráfico puede tener consecuencias internacionales. Al negar el ingreso a estas figuras, el gobierno estadounidense busca limitar su margen de acción y visibilizar la relación entre poder político y crimen organizado.
