Ni las imputaciones por “nómina secreta”, ni por el delito de cohecho como alcaldesa, se han podido llevar a cabo ante un juez de control
Dejen a Maru Campos en paz, que haga campaña a sus anchas, cuando sea gobernadora no se la van a acabar. CHIHUAHUA.- Por no resolverse aún el amparo provisional, una juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua decidió no llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos este lunes en contra de la alcaldesa con licencia de Chihuahua y precandidata del PAN al Gobierno del Estado, María Eugenia Campos Galván.
Campos Galván es acusada en esta ocasión por los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones al exigir a empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.
La juez de control, Delia Valentina Meléndez hizo ver que la orden de la juez Octavo de Distrito es unilateral y tiene que acatarse, por lo que no puede llevarse a cabo la audiencia.
Este amparo, el décimo promovido en este caso, fue presentado en esta ocasión por la ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y exdiputado local, María Ávila Serna, quien junto con Campos Galván y el excoordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, son acusados de participar en lo que ya se conoce como “nómina secreta” del ex gobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso desde el 8 de julio en una prisión federal en Miami y sujeto a un proceso de extradición a México.
Ávila Serna, alegó que no tiene acceso a los documentos de la carpeta de investigación y además gestiona, por conducto de su abogado, que la Federación atraiga el caso.
“Se han señalado cuestiones que han acontecido y que pueden llegar a acontecer de varios juicios de amparo, a mí me constriñe atender esta orden del Poder Judicial. Si no se realiza implica una transgresión a ésta, la autoridad que ordenó es quien lo establecerá. Se trata de una cuestión que escapa al Tribunal Superior de Justicia”, dijo la juez Meléndez.
El Ministerio Público ha insistido que lo que busca la defensa de ambas representadas es retrasar la audiencia de formulación de imputación, como lo han hecho mes con mes desde noviembre del año pasado.
La juez consideró que, aunque la suspensión provisional es a favor de María Ávila Serna, el principio de unidad jurídica señala que los involucrados deben de comparecer siempre al mismo tiempo y que el caso sea con la presencia de los mismos para evitar contradicción de resoluciones y economía procesal.
El Ministerio Público ha dicho que la Fiscalía General ha cumplido con la entrega puntual de un duplicado sobre los documentos que conforman el expediente e inclusive, cumpliendo con la petición de certificar las fojas aún y cuando el Código de Procedimientos Penales no obliga a ello.
Recordó asimismo que la semana pasada se citó a la defensa para que cotejaran la copia con la carpeta original y en dos ocasiones, ignoraron el llamado de la fiscalía.
La representación social reiteró que el amparo promovido de María Ávila utiliza los mismos argumentos que los recursos que ya le fueron desechados a María Eugenia Campos Galván por lo que ha insistido que son intentos por dilatar el proceso penal.
En cuanto a las nuevas acusaciones que se le fincan a la aspirante panista a la gubernatura de Chihuahua, el portal informativo Animal Político dio a conocer que es acusada de sobornar a empresarios para que obtuvieran diversas obras en su carácter de presidenta municipal de Chihuahua.
Campos Galván es acusada en esta ocasión por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores.
Se trata de una investigación distinta de la llamada “nómina secreta”, en la que Campos Galván es acusada de haber recibido sobornos millonarios de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.
Ahora, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción la señala de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en la carpeta de investigación 19-2020-17757.
Animal Político precisa que la alcaldesa con licencia, conocida comúnmente como Maru Campos, habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia. La suma de cargos atribuidos a la candidata panista ronda 1 millón de pesos.
La acusación forma parte de la causa penal 3022/2020. La audiencia inicial de vinculación a proceso se había programado para el viernes 5 de marzo, pero, por tercera vez, se aplazó a este lunes 8, misma que también fue suspendida. La defensa de Campos Galván ha logrado diferir el proceso judicial por medio de suspensiones judiciales, en una estrategia legal semejante a la que siguen en el caso de la “nómina secreta”. Ya suman 10 los amparos promovidos por la defensa, que encabeza el exprocurador general de la república, Francisco Molina Ruiz.
En respuesta a una solicitud de Animal Político, un vocero de la alcaldesa acusó que ésta ha sido víctima de un “linchamiento” mediático por parte de la Fiscalía previo a la audiencia; señaló que la candidata panista no tiene nada que ocultar y que confía en que no existen pruebas que sustenten las acusaciones en su contra. Previamente, Campos Galvçán aseguró en el programa Latinus de Carlos Loret de Mola que «era inocente de todos los cargos»
“Se están haciendo acusaciones, se está haciendo un linchamiento, no de ahorita, desde hace meses se le está acusando, se le está victimizando, sin haberle señalado formalmente las acusaciones”, indicó Arturo García Portillo, coordinador de la campaña de Maru Campos.
“La alcaldesa sabe perfectamente, y es lo que ha dicho una y otra vez, que ella no tiene nada de lo que se le señale, por eso compitió en una interna (del PAN), por eso es candidata, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”.
Nexos entre los competidores
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en declaraciones de testigos y en irregularidades en contrataciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública 2018.
Campos Galván habría ordenado la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que, de acuerdo con la Auditoría, estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.
Los proveedores involucrados son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
Testigos colaboradores declararon a la Fiscalía que, durante los dos años, Maru Campos cobró, mes con mes, un “diezmo” que ascendió a 1 millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10% de los montos de los contratos sin IVA.
Los contratistas pagaron adicionalmente sobornos por 1.4 millones de pesos que fueron repartidos entre otros tres excolaboradres de Campos Galván que participaron en las licitaciones amañadas.
Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Chihuahua durante el sexenio de César Duarte.
También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.
Estos funcionarios, previo a las licitaciones para los ejercicios 2017 y 2018, proporcionaron información privilegiada al grupo de empresas -a través de su intermediario, identificado como Miguel Alfredo Aragón Reta- para que pudieran cumplir con los requisitos técnicos y económicos y, así, asegurar las adjudicaciones.
Tras participar en el esquema de corrupción y cobro de sobornos, los tres exfuncionarios municipales se acogieron al “criterio de oportunidad” y ahora son coimputados colaboradores de la Fiscalía, a la que han rendido declaraciones en contra de Campos Galván. Uno de ellos, Félix Martínez Adriano (el ex “City Manager”), incluso ya es candidato a regidor del Ayuntamiento de Chihuahua en la planilla del abanderado del PAN que aspira a suceder a Maru Campos, Marco Bonilla.
Conforme la información recabada, el operador de las negociaciones al interior del municipio fue Orlando Villalobos, quien trató directamente con el bróker de las cinco compañías beneficiadas, Aragón Reta, un priista que fue candidato a regidor en 2016.
Además del intermediario, las empresas compartían a la misma contadora, Kenia Ochoa Venzor, esposa de José Luis Prieto Olivas, que en el periodo de las contrataciones era funcionario de la Secretaría de Economía estatal, según el informe de la Cuenta Pública 2018 elaborado por la Auditoría estatal.
El ente fiscalizador también encontró que las compañías coincidían en algunos nombres de sus propietarios, accionistas y trabajadores dados de alta ante el IMSS.
Pago de favores
Una vez que el Ayuntamiento de Chihuahua benefició al grupo empresarial con los contratos en 2017, como un pago de favores, el bróker Miguel Alfredo Aragón Reta facilitó a Campos Galván una tarjeta de crédito que la alcaldesa utilizó para cubrir sus gastos personales, lo que configuraría el delito de cohecho.
Entre marzo de 2017 y octubre de 2018 -durante su gestión como funcionaria- dicha tarjeta fue utilizada para el pago de restaurantes, ropa, muebles y joyas por un valor aproximado de 1 millón de pesos.
La cuenta fue usada en Chihuahua, Monterrey y la CDMX, así como en ciudades de Estados Unidos, Italia y Francia, de acuerdo con la acusación. Dejen a Maru Campos en paz, que haga campaña a sus anchas, cuando sea gobernadora no se la van a acabar. Han pasado casi cinco meses desde que el gobierno de Corral aceleró los intentos de frenarla y en los juzgados no han podido entrar en materia, perdidos en cuestiones procedimentales; que no entregan los expedientes, que cada vez la salva un amparo provisional, que la competencia es del fuero federal. Lo mejor sería detener la persecución, hacer como si nada hubiese pasado y que sean los chihuahuenses quienes decidan. O bien, si tanto celo hay en hacer cumplir la justicia, pus entonces que vaya contra todos, ya que solo cinco regresaron dinero –Contreras, Cabada, Reyes, Aragón y no se quien más- e intentan vincular a tres ¿Qué ondas con los otros cien?. Nada demuestra más la parcialidad de la justica, en cuyo caso es persecución, que esa selectividad y el complot para empoderar a Loera. ¿Cómo durmió Lucha en su villa catalana? Relajada de más, no se acordó de protestar contra el amurallamiento de Palacio Nacional.
