Al sur del océano Pacífico, muy al sur, allí donde nadie pensaría que la vida encuentra por dónde discurrir, se localiza Tokelau, un pequeño archipiélago de Oceanía de 12 kilómetros cuadrados de extensión en el que habitan alrededor de 1.600 personas. Un enclave paradisiaco poco conocido para el común de los mortales, pero mundialmente famoso para el cibercrimen y sus esbirros.

Los 125 islotes que conforman Tokelau dependen administradamente de su vecina Nueva Zelanda, país con el que mantiene fuertes lazos económicos y comerciales y con el que comparte moneda, el dólar neozelandés. Lo mismo con Australia y la distante China, estados con los que el intercambio de bienes es continúo. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas después de que en 1948 Reino Unido transfiriera su soberanía a Nueva Zelanda. Un movimiento polémico y unilateral que la máxima organización internacional para el mantenimiento de la paz mundial y la seguridad nunca ha reconocido.

Tokelau es un territorio encallado en el tiempo y deprimido económicamente, a pesar de sus aguas cristalinas y sus parajes de ensueño que podrían hacer de ella un destino turístico para bolsillos acaudalados. Es un paraíso, sí, pero por los motivos equivocados y que se relaciona directamente con su laxa legislación para emplear el nombre de dominio .tk. Es decir, el código del país que permite ubicar la URL de un sitio web a su ‘lugar de origen’ o nivel geográfico. Por ejemplo, para México es .mx o .us para Estados Unidos.

Todo comenzó con una iniciativa surgida de la cabeza de Joost Zuurbier, un empresario de Países Bajos que buscaba facilitar a los usuarios el registro de nuevos sitios con esa terminación, sin coste alguno durante un año, a cambio de alojar publicidad por la que este visionario de Internet se lleva su correspondiente tajada. Una vez el periodo anual llega a su fin, los usuarios pueden decidir mantener su sitio activo y deshacerse de la publicidad previo pago a una tarifa. El gobierno de Tokelau, por su parte, recibe un porcentaje de las ganancias que pagan los anunciantes y los dueños de los dominios. Desde la aprobación de este negocio ventajoso “para todos”, al que las autoridades tokelaueses dieron su bendición sin prever el lío en el que se metían, el producto interior bruto (PIB) del archipiélago ha aumentado en más de un 10% gracias a los registros del dominio .tk, que suman URL por momentos. Tokelau es ahora un gigante de Internet con más usuarios únicos por número de habitantes que cualquier otro país. En total, 25 millones.

El problema es que este aperturismo ha generado también un desembarco masivo de ciberdelincuentes. De acuerdo con un informe de la organización internacional Cybercrime Information Center, en los últimos años, “los dominios .tk se han utilizado para el 14% de todos los ataques globales de ‘pishing’ en todo el mundo y se asocia ese código al 60% de los dominios de ‘pishing’ reportados en todos los códigos a nivel mundial”. Hablamos de una técnica de ingeniera social usada ampliamente por los estafadores digitales que asienta su lógica delictiva en mandar correos electrónicos de forma masiva que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos de cara a acceder a información personal y bancaria de los usuarios despistados. Pero ahí no queda la cosa. Ya hay investigaciones que asocian la terminación .tk a páginas web con fines pornográficos y en manos de organizaciones terroristas y extremistas locales, además de gobiernos cuestionables que lo emplean para llevar a cabo campañas de espionaje.

Las autoridades de Tokelau ya están inmersas en un ambicioso programa para lograr revertir este uso delictivo de sus códigos. La principal dificultad para controlar esta generación exacerbada de dominios es que, cuando se clausura un sitio, rápidamente surge otro que lo suplanta. ¿Por qué? Porque es gratis. La segunda es que este modelo de negocio genera mucho, muchísimo dinero. Y no solo para los criminales…