Dicho amparo cancela la orden de aprehensión en contra del presidente de Altos Hornos de México
Abel Barajas
Agencia Reforma
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Ciudad de México— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió seis meses a Amós José Olivera Sánchez, secretario en funciones de juez en Chiapas, por conceder a Alonso Ancira un amparo que cancela una orden de aprehensión en su contra, estimando indebidamente que el delito de lavado está prescrito.
El responsable del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas fue separado para ser investigado administrativamente por presuntamente haber descuidado el desempeño de sus funciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).
«La suspensión se da porque el secretario en funciones de juez declaró la prescripción de cierta acción penal, cuando ya otro juzgado de Distrito en la Ciudad de México había resuelto previamente que dicha acción no se encontraba prescrita», explicó el CJF.
«La resolución del juzgado de la Ciudad de México, es importante aclarar, la conocía plena y formalmente el secretario en funciones al momento de emitir su resolución».
De acuerdo con la Judicatura, Olivera Sánchez actuó en funciones de juez ante el receso justificado del titular del juzgado.
«El PJF está comprometido con los más altos estándares éticos y profesionales de cada uno de sus servidores públicos. El CJF está para velar por estos estándares y por la confianza que debemos brindar a la población. Cero tolerancia a cualquier acto contrario a la ética y legalidad que nos obligan», dijo la Judicatura.
En el fallo ahora cuestionado, Olivera Sánchez sentenció que sería cancelada la orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México, girada por el caso Agronitrogenados, porque estaba prescrita desde el 29 de noviembre de 2015.
El secretario en funciones de juez había llegado a esa conclusión, argumentando que si Hacienda no tenía conocimiento del delito o delincuente, la conducta penal prescribía en un plazo de 3 años y los hechos imputados eran de 2012.
A Ancira le imputan sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Petróleos Mexicanos (Pemex) comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.
Este mandato de captura es por el que ha sido solicitada su extradición a España y que a la fecha está pendiente por resolver.
El fallo de Olivera Sánchez no es definitivo, porque todavía será revisado por un tribunal colegiado de circuito.
El responsable del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas fue separado para ser investigado administrativamente por presuntamente haber descuidado el desempeño de sus funciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).
«La suspensión se da porque el secretario en funciones de juez declaró la prescripción de cierta acción penal, cuando ya otro juzgado de Distrito en la Ciudad de México había resuelto previamente que dicha acción no se encontraba prescrita», explicó el CJF.
«La resolución del juzgado de la Ciudad de México, es importante aclarar, la conocía plena y formalmente el secretario en funciones al momento de emitir su resolución».
De acuerdo con la Judicatura, Olivera Sánchez actuó en funciones de juez ante el receso justificado del titular del juzgado.
«El PJF está comprometido con los más altos estándares éticos y profesionales de cada uno de sus servidores públicos. El CJF está para velar por estos estándares y por la confianza que debemos brindar a la población. Cero tolerancia a cualquier acto contrario a la ética y legalidad que nos obligan», dijo la Judicatura.
En el fallo ahora cuestionado, Olivera Sánchez sentenció que sería cancelada la orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México, girada por el caso Agronitrogenados, porque estaba prescrita desde el 29 de noviembre de 2015.
El secretario en funciones de juez había llegado a esa conclusión, argumentando que si Hacienda no tenía conocimiento del delito o delincuente, la conducta penal prescribía en un plazo de 3 años y los hechos imputados eran de 2012.
A Ancira le imputan sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Petróleos Mexicanos (Pemex) comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.
Este mandato de captura es por el que ha sido solicitada su extradición a España y que a la fecha está pendiente por resolver.
El fallo de Olivera Sánchez no es definitivo, porque todavía será revisado por un tribunal colegiado de circuito.
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