Historia de David Brooks y Jim Cason, corresponsal y especial para La Jornada • Ayer a las 02:56
Nueva York y Washington. Donald Trump sufrió derrotas en los ámbitos judicial, electoral y político; su empresa fue declarada culpable de fraude fiscal, recomendaciones legislativas para que fiscales federales formulen cargos criminales por incitar un golpe de Estado, y con el candidato republicano al Senado que apadrinó perdiendo en Georgia
Algunos observadores concluyen que la soga en el cuello del ex presidente se está apretando cada vez más. Con ello se revive el debate acerca de si esto marca el principio del fin del poder político de Trump, algo que se ha pronosticado múltiples veces con cada escándalo mayor, atrevimiento extremo y aparentes delitos del magnate durante más de siete años.
El presidente del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el intento golpista de Trump, el diputado Bennie Thompson, anunció ayer que se enviarán referencias criminales –recomendaciones para iniciar la formulación de cargos– al Departamento de Justicia sobre los involucrados en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 para evitar el traslado de poder después de la elección presidencial. Aunque aún no divulgaron si sus referencias incluyen a Trump, se supone que sí, ya que la investigación legislativa gira en torno a las acciones del ex presidente.
Por otra parte, Jack Smith, el fiscal especial encargado de investigar a Trump por posibles delitos en torno a los sucesos del asalto al Capitolio y también por el manejo posiblemente ilícito de documentos oficiales secretos que se llevó a su residencia privada de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca, emitió ayer sus primeras órdenes para obtener información de funcionarios electorales locales sobre sus comunicaciones con Trump y su equipo en Arizona, Michigan y Wisconsin que eran estados claves en el esfuerzo para revertir los resultados de la elección de 2020.
Smith, quien fue nombrado por el procurador general Merrick Garland el mes pasado y es un fiscal federal reconocido a nivel internacional –en años recientes ha trabajado como fiscal en el Tribunal Criminal Internacional en La Haya–, también logró remover un obstáculo para proceder con la investigación del manejo indebido –posiblemente en violación de la Ley de Espionaje (la misma que Trump y otros están usando contra Julian Assange)– de los documentos oficiales clasificados cuando una Corte de Apelaciones anuló el fallo de una jueza federal instalada por Trump imponiendo un árbitro externo para evaluar los archivos con el propósito de alargar el proceso.
Las investigaciones del Departamento de Justicia por ahora son las más peligrosas para Trump, ya que podrían llevar a la formulación de una acusación criminal oficial contra un ex presidente por primera vez en la historia del país.