Organización Futuro 21 pide el juicio por violaciones legales durante el fallido operativo de detención de Ovidio Guzmán
Integrantes de la organización Futuro 21 interpusieron este miércoles una solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por violaciones legales durante el fallido operativo de detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
De acuerdo a Antonio Vázquez, abogado de la agrupación, el juicio político está sustentado en que Durazo Montaño puso en riesgo las instituciones democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones de una entidad, mismas que la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos prevé como causales de juicio político.
Es responsable Durazo por «desplegar un operativo sin inteligencia, con improvisación» lo que puso en riesgo a la población de Sinaloa y eso amerita el juicio político, a lo que se suma posibles responsabilidades penales, como lo es haber propiciado la evasión de un detenido, expuso.
Jesús Zambrano, exlíder del PRD, planteó que no hay excusa para que no proceda el juicio político, pues en 2005 ya hubo uno contra «un jefe de gobierno del Distrito Federal» que era Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente.
«Ahora no estamos hablando de la obstrucción de una calle, estamos hablando de algo muchísimo más grave para la estabilidad nacional, para la estabilidad del conjunto del país», alertó.
Hay clara responsabilidad de Durazo y «veremos de qué está hecho Morena» cuando se discuta la procedencia del juicio político, para conocer si en realidad ataja la impunidad, planteó la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.
Los dirigentes plantearon que en los hechos podría haber más funcionarios involucrados y refutaron el argumento de que la liberación de Ovidio Guzmán fue para proteger a la población.
López Obrador plantea «un falso y tramposo» dilema que es inadmisible, argumentó Jesús Ortega, ex líder nacional del PRD, «el falso dilema es: ¿qué quieren? ¿Que aprendamos a los delincuentes o que garanticemos la seguridad de las personas?
«Las dos cosas. Su obligación es aprehender a los delincuentes y su responsabilidad es igualmente garantizar la seguridad de las personas» lo contrario, explicó, llevaría a admitir que para poner en primer término la seguridad de las personas no habrá persecución de los delincuentes.
Debe garantizar la seguridad de las personas y para ello combatir a los criminales, «no se va a garantizar la seguridad de las personas con los criminales sueltos. No se va a garantizar la seguridad de las personas con la paz ‘narca’ y menos con los pactos con el narcotráfico», aseveró.
El perredista dejó entrever que la liberación de Ovidio Guzmán, y el hecho de que no haya órdenes de aprehensión en Estados Unidos y no en México es por un acuerdo con El Chapo Guzmán, para tener acceso a sus recursos mal habidos.
«¿No está pidiendo colaboración de ‘El Chapo’ para invertir sus recursos mal habidos en universidades? Eso da evidencia de un acuerdo del gobierno con un sector muy importante de la delincuencia organizada.
La solicitud de inicio de juicio político contra Durazo fue promovida por los ex líderes perredistas Jesús Zambrano, Jesús Ortega, la coordinadora de los diputados perredistas Verónica Juárez Piña, la integrante de la dirigencia nacional, Estephany Santiago, además del abogado Antonio Vázquez, Ciro Mayén y la vocera de «Chalecos México», Alejandra Morán, todos integrantes de Futuro 21.
El juicio político está sustentado en que Durazo Montaño puso en riesgo las instituciones democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones de una entidad, según organización.
