Las diputadas de Acción Nacional, Blanca Gámez y Georgina Bujanda, propusieron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que se incluya el “Registro Estatal de Deudores Alimentarios” a fin de acreditar el requisito para elegir candidatos a cargos de elección popular.
Lo anterior en seguimiento a la aprobación de las reformas hechas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua el pasado mes de junio, en las que se incorporó como requisito para ser elegible para los cargos de Gobernadora o Gobernador, diputaciones e integrantes de ayuntamientos, el no haber incumplido con la obligación alimentaria.
Para ello, se estableció un término de noventa días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Será el Tribunal Superior de Justicia a través de la Secretaría General, la responsable de integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios del Poder Judicial y remitir la información que le sea solicitada por la autoridad correspondiente.
Blanca Gámez señaló que los alimentos constituyen un derecho humano que existe entre los parientes cercanos por consanguinidad o por adopción a fin de otorgar, a quien así lo requiera, todo lo necesario para vivir y desarrollarse de manera sana y armónica en su entorno social y son las niñas, niños y adolescentes los que resultan los principales acreedores de este derecho.
Sin embargo, las cifras del incumplimiento de la obligación alimentaria son muy poco alentadoras ya que de acuerdo con la organización “Mamás en Acción y con la Red por los derechos de la infancia en México”, ocho de cada diez deudores alimentarios en nuestro país no cumplen con su obligación de dar alimentos. Asimismo, tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes con padres divorciados, no reciben pensión alimenticia, es decir 75% de este grupo, a decir de las estadísticas registradas por el INEGI.
