La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, solicitó al Presidente Constitucional de México y al Secretario de Hacienda del Gobierno Federal, para que en uso de sus atribuciones se vea la posibilidad de asignar presupuesto necesario para la atención de programas sociales como el de los Comedores Comunitarios.
Lo anterior, luego de que el Pleno Legislativo aprobara el exhorto emitido por la Comisión de Desarrollo Social, mismo que fue presentado en voz de su Presidente, diputado Benjamín Carrera Robles.
A partir del año 2013, se implementó el Programa de Comedores Comunitarios, para dar atención al mandato constitucional de garantizar el derecho a toda persona a la alimentación nutritiva, los cuales darían principal atención a niños de 0 a 11 años de edad; mujeres en gestación y lactantes, asi como a personas con alguna discapacidad, mayores de 65 años de edad, en pobreza extrema alimentaria, señaló en la exposición el Legislador.
Señaló que dicho programa desapareció al no haberse contemplado monto para garantizar el derecho a la alimentación, en el Presupuesto de Egresos Federal del 2019, por lo que ésta Legislatura del Congreso de Chihuahua, solicitó al Presidente de la República, asignar el presupuesto corresponiente para dar la atención adecuada a los sectores antes 2
mencionados.
“Dentro de la misma Constitución, se establece el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado garantizará que así sea”, continuó.
Aunado a lo antes mencionado, el diputado Carrera, para finalizar, aseveró que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala como punto de partida el deber de los países signantes de asignar y utilizar el máximo posible de recursos de que dispongan para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos cuidadores de los derechos humanos.
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua solicitó al Presidente de México, girar las instrucciones pertinentes para que se analice y, en su caso, se efectúe una reasignación presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, también identificado como Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
La diputada Marisela Terrazas Muñoz, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local, señaló que la política nacional sobre cuidados infantiles tiene entre sus objetivos el contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, por lo que en el año 2007 se estableció el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.
Dicho sistema, como instancia de coordinación para dar seguimiento a las acciones cuyo objeto tuviera la promoción de mecanismos interinstitucionales que permitieran la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada programa, incorporando al Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas específicas para dar cumplimiento al propósito, el de dar atención y cuidados infantiles.
La Legisladora finalizó la exposición al señalar que el sentido del exhorto dirigido al Ejecutivo Federal, es debido a que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, en el Ramo 20 correspondiente al Desarrollo Social, en el rubro de partidas para cumplir con el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, tiene un importe inferior al presupuestado para el año inmediato anterior, por lo que se pide el análisis y la reasignación de presupuesto para atender el tema.
Los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, solicitaron al Gobierno Federal, reconsiderar y reivindicar la perspectiva de género y protección de derechos de mujeres y la infancia en el País.
El exhorto aprobado de manera urgente, fue presentado por la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda Ríos, quien señaló que estas acciones, impactan de manera directa a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres, luego de la desaparición del programa de estancias infantiles, las modificaciones a las reglas de operación para esquemas federales dirigidos a las mujeres, como el caso de los refugios para atender a víctimas de extrema violencia y vulnerabilidad.
Determinó que reflexionar sobre estos temas y las líneas de actuación a nivel nacional, es prioridad para los mexicanos y para la protección de las mujeres, además de concretar que los mayores logros se encuentran en el plano legislativo y que su lucha representa un pleno ejercicio de los derechos.
“Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y es lamentable reconocer que las mujeres seguimos siendo las más vulneradas frente a la pobreza y aún no alcanzamos las condiciones que garanticen poder vivir una vida libre de violencia; el gobierno federal en la actualidad nos queda a deber”, apuntó Bujanda Ríos.
Dijo que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ajuste a los programas podría restringir el derecho de niños a la educación y estimulación temprana, a dañar las condiciones de bienestar, ampliar las brechas de desigualdad de género, detrimento a la igualdad, el acceso al empleo y la independencia económica.
“A tres meses de iniciarse este gobierno federal, las mujeres somos víctimas del retroceso causado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que se han anunciado modificaciones presupuestales y afectaciones a los programas sociales y leyes como: estancias infantiles, refugios para mujeres, programa social “Prospera” y el catálogo de delitos con prisión preventiva.”, afirmó.
Por último, expresó que se deben de optar por apuntalar a los programas sociales que contaban con perspectiva de género y con ello, cubrir los derechos humanos amparados por el bienestar superior de la infancia o la vida libre de violencia.
La LXVI Legislatura del Congreso del Estado, exhortó al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para que, en el uso de sus atribuciones, respete el marco constitucional y legal relativo a los Derechos Humanos, así como a derogar las disposiciones que dejan sin recursos las áreas de igualdad de género.
Esto, se presentó ante el Pleno en voz de la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Blanca Gámez Gutiérrez, y añadió que, dentro de este punto de acuerdo, se hará un llamado a las legislaturas de los Estados del país, a que se sumen al exhorto y realicen las solicitudes correspondientes, dado a las repercusiones que se registran.
Determinó que, tanto a nivel nacional, como internacional, se ha legislado y actuado para erradicar la violencia de género contra las mujeres y que se registra una evolución significativa en los últimos diez años, por lo que las acciones que efectúa el Gobierno Federal, son un retroceso a los instrumentos para la no discriminación.
“Existen transformaciones sociales progresivas, surgidas con visión de prospectiva y que hoy son objeto de manipulación que forjan un retroceso legal e institucional, que ha llegado al absurdo de eliminar el recurso económico para las unidades de género de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República”, detalló la legisladora.
En este tenor, dijo que Chihuahua se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, mientras que, en abuso sexual, se ubica en la posición cuarta. En base a los datos señalados, afirmó que se debe trabajar para garantizar la seguridad de este segmento de la población en el país y en cada uno de los estados.
“Esto se convierte en un reclamo ante el clima de inseguridad jurídica y política que atenta no solo en contra de los Derechos Humanos de las Mujeres trabajadoras, sino que además afecta de manera directa a las Mujeres víctimas de la violencia, a las niñas y niños bajo la misma condición y con ello a la institución de la familia”, agregó.
Además, señaló que estas políticas públicas empleadas por el gobierno federal, han dado como resultado la restricción del derecho de niños a la educación, a la estimulación temprana, a las condiciones de bienestar, así como ampliar las brechas de desigualdad de género, detrimento a derechos como empleo e independencia económica.
Concluyó al informar que la desaparición de los refugios, la exposición de la seguridad de las mujeres violentadas y sus hijos, vulnerar los derechos humanos de las víctimas, recortes en becas a niños, niñas y jóvenes en educación básica, media superior y superior de Prospera, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva, entre otros más, son algunas de las vertientes a señalar.
Los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, exhortaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, para que realice programas de reparación y mantenimiento preventivo de los tramos carreteros de libre circulación de las carreteras Federal 16 y la Estatal Gran Visión, respectivamente.
Este punto de acuerdo, se presentó en voz del diputado Humberto Chávez Herrera del Grupo Parlamentario de MORENA, quien añadió que, estas acciones obedecen a demandas de la población de los municipios de Ocampo, Temósachic y el seccional de Tomóchi, dado a accidentes registrados en las rúas antes señaladas.
“Es evidente que las condiciones de las carreteras obedecen, tanto por la falta de mantenimiento, como por la circulación de vehículos de carga pesada, propiedad de las empresas mineras nacionales y extranjeras que operan en la región. Ante esta situación, prevemos que las empresas mineras sean parte de la solución, sólo es que se inicien los trabajos y se coordinen”, concretó.
Detalló que la problemática oscila en que las cintas asfálticas en cuestión, registran grandes baches, cuarteaduras, daños en señalización y barreras metálicas en los barrancos y voladeros, por mencionar algunos deterioros, lo que deja como consecuencia pérdidas humanas y económicas, así como lesiones a los habitantes.
“Los chihuahuenses demandan carreteras de calidad, para realizar sus actividades cotidianas de una manera segura y viable por las carreteras, además de que el problema no sólo abunda en la destrucción de las vías de comunicación, sino en la afectación de las actividades de la región, específicamente las turísticas”, concluyó.
