HABLANDO Y ESCRIBIENDO
SEPARACION DE PODERES?
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Con la aprobación de la mayoría calificada en las 2 cámaras, de senadores y diputados, en un procedimiento de menos de 24 horas, el Congreso de la Unión declaró la validez y constitucionalidad de las reformas aprobadas, donde queda expresamente establecido que todas las reformas que se aprueben por parte de los legisladores federales a nuestra Carta Magna no podrá ser objeto de modificación alguna, por lo que no procederá amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.
Así, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca adelantarse al debate que se anunció para el próximo martes en el Pleno de la Suprema Corte, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá someterá su proyecto a la aprobación de la mayoría de ministros, 8 de los cuales han presentado su renuncia a participar en el proceso de elección del próximo año, aunque deberán permanecer en el cargo hasta el último día de agosto del 2025.
Lo apresurado del proceso legislativo, así como la ligereza que se tuvo en la aprobación de la reforma al crear otra para evitar el estudio de la primera por parte de la Corte, tiene por consecuencia que la segunda reforma entre en la misma litis de la primera.
Lo que hicieron los legisladores federales fue crear una paradoja o aporía que es una idea contraria en sí misma, producto de la necesidad urgente de justificar su actual legislativo.
Sin tener un argumento para debatir sobre la legalidad de la eventual aprobación del proyecto del Ministro Alcántara, el proyecto justifica por qué existe un núcleo duro o normas pétreas en la Constitución, entre las que se encuentra la Independencia judicial y la división de poderes.
Se propone que se excluya a los ministros y respecto de ellos sea válida la elección por voto personal y directo, mientras que respecto a jueces y magistrados propone anular las normas relativas a la elección popular de ellos.
En opinión de expertos constitucionalistas, este proyecto del Ministro González Carrancá deja aspectos de la reforma como vigentes, pero con ello basta para destruir al poder judicial de la Federación, pues se tiene la esperanza del ponente de que no se destituya a jueces y magistrados que provienen de una generación de preparación altamente técnica y especializada, que ha tardado más de 30 años en construir y que ha sido producto de una inversión económica importante y de gran esfuerzo conjunto tanto del pueblo mexicano y de los profesionistas del derecho que conforman al poder judicial.
Sólo así se ha garantizado una vigencia efectiva de derechos humanos que no se nos ha hecho tan común tenerla, que no percibiremos su falta, hasta que lo necesitemos y que ya no encontremos cómo hacerlos efectivos.
Nos encontramos, en la antesala de un caos constitucional, donde los poderes ejecutivo y legislativo buscan a costa de reformas, destruir al poder judicial, haciendo aparentar que la supremacía constitucional les alcanza para absorber facultades que le son exclusivas al Pleno de la Corte.
Ojalá que la prudencia y sensatez de la Presidenta Claudia Sheinbaum se sitúe por encima de los intereses personales y de partido. Y prevalezca la responsabilidad de un estadista, que es lo que realmente en nuestro país necesita.
—
