*Sensibiliza SFP a comunidades indígenas sobre el tema de contraloría social*
– Mediante un video en lengua rarámuri se brinda información para vigilar los programas sociales
A fin de sensibilizar a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara sobre el tema de Contraloría Social, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó a finales de 2024, un video en lengua rarámuri como parte del compromiso del Gobierno Estatal con las políticas inclusivas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en los pueblos serranos.
El video fue proyectado a 215 personas, en su mayoría miembros de las comunidades rarámuris, beneficiarias de los programas de Desarrollo Social. Los asistentes provienen de diversos municipios como Balleza, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares y Urique, y recibieron información clave para involucrarse de manera activa en la supervisión del uso de los recursos públicos.
Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado de Chihuahua busca capacitar a las comunidades indígenas para que puedan vigilar el correcto manejo de los recursos públicos que se destinan a sus localidades. A través de este video, la SFP brinda una herramienta en rarámuri para que las y los beneficiarios se conviertan en actores clave en la vigilancia de los programas sociales que impactan directamente en su bienestar.
La estrategia de la SFP también tiene como objetivo incluir a las personas de las comunidades indígenas en el combate a la corrupción, sensibilizándolas sobre la importancia de su participación en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Con esta acción, el Gobierno Estatal promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo que los programas de beneficio social sean manejados con total integridad y respeto a los derechos de las personas que dependen de ellos.
Este esfuerzo reafirma el compromiso de la SFP en la lucha contra la corrupción, garantizando que todos los sectores de la población, incluidas las zonas más alejadas de la Sierra Tarahumara, tengan acceso a la participación activa en la vigilancia del uso de los recursos públicos.
