La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Seguridad pública: principal asignatura pendiente de AMLO.
La inseguridad en México, vista por observadores de otros países constituye hoy un reflejo de la debilidad del actual Gobierno Federal. En opinión de Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, la política en materia de seguridad pública, adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha permitido que las autoridades sean rebasadas por las organizaciones delictivas. La famosa frase “abrazos, no balazos”, que el mismo mandatario mexicano “institucionalizara” e inmortalizara en una de sus proverbiales conferencias mañaneras, revela la postura connivente -por no decir cómplice- que el presidente y su gobierno han decidido asumir respecto al tema.
En relación a esto, el ex-presidente colombiano, Francisco Santos Calderón, recientemente declaró al diario mexicano, El Universal: “abrazos, no balazos, es un error histórico que México va a pagar por décadas.” Y añade: “Aquí los cárteles son poderosísimos, mucho más poderosos que lo que jamás llegamos a tener en Colombia, incluyendo a Escobar o Rodríguez Gacha.”
El asunto de la inseguridad pública representa en la actualidad un serio problema para la vida política, económica y social de la nación mexicana. Los perjuicios causados por la criminalidad se pueden percibir en todos los ámbitos de la actividad nacional, tanto en lo público como en lo privado. Homicidios, secuestros, extorsiones, robo de combustible, asaltos, tráfico de personas, son algunos de los delitos de alto impacto que flagelan a México. Sus lesivos efectos, que evidencian la debilidad institucional y ausencia de Estado de Derecho, son innegables, e igualmente indiscutibles son también la desconfianza y el desaliento que tal ambiente de inseguridad provoca, tanto en los inversionistas nacionales y extranjeros, así como en la actividad turística.
Las actividades económicas en general, han sido víctimas del empeoramiento delincuencia que hoy vive en México, pues todos los sectores productivos registran sus efectos perniciosos, de modo directo o indirecto, particularmente los rubros del transporte terrestre de mercancías, los servicios financieros (seguros patrimoniales y de daños), el comercio al menudeo, así como la hotelería y servicios conexos al turismo. Asimismo, son una verdad inocultable el daño psicosocial y la descomposición del tejido social, que la generalización del delito ha ocasionado.
Es obvio que más allá de la trascendencia política e institucional del imperio de la ilegalidad que se enseñorea en México, sus repercusiones son significativas para todos los órdenes de la vida nacional. Resulta claro que el gobierno del presidente López Obrador debe tomarse con seriedad el asunto de la inseguridad pública, ya que ésta constituye una verdadera amenaza para la estabilidad política económica y social del país. La seguridad nacional continúa siendo una asignatura pendiente.
