Durante el sexenio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 555 empleados por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohecho.
La cifra superó los 289 casos que se presentaron durante la administración de Felipe Calderón.
En tanto, el Órgano Interno de Control (OIC) recibió 3 mil 837 acusaciones contra trabajadores por responsabilidades administrativas.
Significa que durante la administración pasada 13 de cada 100 servidores públicos del órgano recaudador del país se vieron involucrados en algún tema irregular.
El SAT cuenta con una plantilla de 34 mil 56 empleados.
En lo que va del nuevo gobierno, el fisco ha denunciado a siete malos trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA).
De acuerdo con el balance de la pasada administración, con base en datos de la Secretaría de Hacienda, 2014 y 2015 fueron los años en los que más denuncias se interpusieron desde el gobierno ante las instancias judiciales con 104 y 119, respectivamente.
Sin embargo, 2016 se distingue por ser el año en el que por primera vez hubo una denuncia contra un servidor público por lavado de dinero.
En el primer trimestre de 2016, el SAT levantó una denuncia por operaciones de procedencia ilícita en contra de un trabajador de la AGA en la región metropolitana.
Además, hubo otra acusación por la modificación de sistemas informáticos en contra de un empleado de la Administración de Servicios al Contribuyente del SAT. Fueron dos delitos nuevos que no se habían presentado.
En agosto de 2016, la autoridad detectó otro caso de presunto lavado de dinero en la aduana del noreste del país y procedió a denunciarlo.
En 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto, el SAT presentó 75 acusaciones judiciales, una de ellos tras haber encontrado que un empleado accedió de manera ilícita a sistemas y equipos de informática.
Seis más por cohecho; 27 por haber actuado contra la administración de justicia; 19 por ejercicio ilícito de servicio público; cinco por ejercicio indebido de servicio público, falsificación de documentos y encubrimiento, entre otros, como equiparable al contrabando y robo.
El mayor número de los ilícitos se cometieron en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, seguida por la Administración General de Aduanas y el área encargada de Grandes Contribuyentes.
Faltas administrativas. En tanto, al interior del órgano recaudador, el mayor número de denuncias que se presentaron fue en 2017, con 914, seguido de 2013 con 707, de acuerdo con información de Hacienda.
Estas malas conductas se castigan de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas mediante la cual se establecen las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.
En el sexenio anterior, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las faltas consideradas graves se turnarán a dicha instancia para castigar a los responsables; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será la instancia de resolver si la falta grave causa inhabilitación.
En tanto, el Órgano Interno de Control (OIC) recibió 3 mil 837 acusaciones contra trabajadores por responsabilidades administrativas.
Significa que durante la administración pasada 13 de cada 100 servidores públicos del órgano recaudador del país se vieron involucrados en algún tema irregular.
El SAT cuenta con una plantilla de 34 mil 56 empleados.
En lo que va del nuevo gobierno, el fisco ha denunciado a siete malos trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA).
De acuerdo con el balance de la pasada administración, con base en datos de la Secretaría de Hacienda, 2014 y 2015 fueron los años en los que más denuncias se interpusieron desde el gobierno ante las instancias judiciales con 104 y 119, respectivamente.
Sin embargo, 2016 se distingue por ser el año en el que por primera vez hubo una denuncia contra un servidor público por lavado de dinero.
En el primer trimestre de 2016, el SAT levantó una denuncia por operaciones de procedencia ilícita en contra de un trabajador de la AGA en la región metropolitana.
Además, hubo otra acusación por la modificación de sistemas informáticos en contra de un empleado de la Administración de Servicios al Contribuyente del SAT. Fueron dos delitos nuevos que no se habían presentado.
En agosto de 2016, la autoridad detectó otro caso de presunto lavado de dinero en la aduana del noreste del país y procedió a denunciarlo.
En 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto, el SAT presentó 75 acusaciones judiciales, una de ellos tras haber encontrado que un empleado accedió de manera ilícita a sistemas y equipos de informática.
Seis más por cohecho; 27 por haber actuado contra la administración de justicia; 19 por ejercicio ilícito de servicio público; cinco por ejercicio indebido de servicio público, falsificación de documentos y encubrimiento, entre otros, como equiparable al contrabando y robo.
El mayor número de los ilícitos se cometieron en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, seguida por la Administración General de Aduanas y el área encargada de Grandes Contribuyentes.
Faltas administrativas. En tanto, al interior del órgano recaudador, el mayor número de denuncias que se presentaron fue en 2017, con 914, seguido de 2013 con 707, de acuerdo con información de Hacienda.
Estas malas conductas se castigan de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas mediante la cual se establecen las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.
En el sexenio anterior, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las faltas consideradas graves se turnarán a dicha instancia para castigar a los responsables; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será la instancia de resolver si la falta grave causa inhabilitación.
El Dato
34,056 EMPLEADOS tiene en su plantilla el Servicio de Administración Tributaria, órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante el sexenio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 555 empleados por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohecho. (ARCHIVO)
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