Por: Raymundo Riva Palacio
El 7 de abril de 2013, se rompió la magia del presidente Enrique Peña Nieto. El entonces líder del PAN, Gustavo Madero, presentó grabaciones en las que se escuchaba a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos priistas, así como a candidatos y representantes de ese partido, organizar y evaluar estrategias y procedimientos para la utilización masiva de recursos y padrones de beneficiarios de programas sociales en las siguientes elecciones.
La difusión de esos materiales provocó un escándalo que colocó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el epicentro. La controversia fue subiendo de tono durante dos semanas, hasta que la madrugada del 23 de abril, cinco días después de que Robles destituyó a seis funcionarios de la dependencia que habían participado en esas reuniones, el presidente Peña Nieto suspendió “de manera temporal” todas las actividades públicas del Pacto por México, y pospuso la presentación, programada para horas después, de la reforma financiera.Peña Nieto no alcanzó a ver que en ese momento arrancaba el fin de su sexenio corto y comenzaba su imparable caída de desaprobación a su gestión. El Pacto por México, la placenta de las élites mediante el cual se procesaron las grandes reformas del sexenio, habìa recibido un tiro de gracia y no se habían dado cuenta. El 20 de abril, tres días antes de extender su acta de defunción preliminar, el presidente puso en marcha en Zinacantán, Chiapas, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que era el proyecto prioritario ordenado a Robles. Como invitado -y un pago de 300 mil dólares de por medio- estuvo el ex presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, que en ese entonces ya trabajaba como abridor de puertas para el conglomerado Odebrecht, que se dedicó a corromper funcionarios en 11 países, incluido México, para resultar beneficiado con obra pública.
Las irregularidades encontradas a Robles y su equipo han ayudado a Ricardo Anaya, quien en la mayor crisis política que ha tenido como político y candidato presidencial de la alianza Por México Al Frente, ha logrado dividir el impacto negativo de las imputaciones políticas y mediáticas en su contra, con señalamientos de corrupción en contra de la secretaria, y de omisión, negligencia y encubrimiento por parte del candidato oficialista, José Antonio Meade, quien fue su sucesor en Desarrollo Social. Meade sostiene que las irregularidades que le imputan sólo conciernen a Robles, en un deslinde con claros fines electorales. Sin embargo, no ha funcionado. La toxicidad de Robles ha contaminado a Meade y su campaña presidencial, que hasta este momento no ha podido ni desmarcarse, ni desprenderse de ese lastre. Viendo la gestión de Robles, a través de la ruta trazada por la Auditoría Superior de la Federación, ciertamente es difícil hacerlo.
El número de recursos no recuperados del erario en las gestiones de Robles equivale a todas las observaciones que se hicieron al gobierno del presidente Vicente Fox o al presupuesto anual de la Secretaría de Turismo. Robles, sin embargo, parece blindada. Nadie la ha tocado ni tampoco a su equipo más cercano, en particular a Emilio Zebadúa, su oficial mayor, a quien según la Auditoría, se le señala como presunto responsable de adquisiciones, servicios, asesorías que no siempre se entregaron de acuerdo con la ley. El “no te preocupes” del presidente Peña Nieto a Robles en 2013, tiene que cambiar en estos tiempos electorales. Vale la pena recordar hoy al Conde de Mirabeau, el monárquico y revolucionario, quien en un apasionado discurso dijo que si para salvar a la República se tuviera que guillotinar al rey, que se guillotinara. Mirabeau murió dentro de la descomposición de la Revolución Francesa, y no vio cómo, poco después, a Luis XVI le cortaron la cabeza. El dilema de Peña Nieto es semejante. Para salvar a Meade y su campaña presidencial, necesita guillotinar a la secretaria que más quiere. Es un dilema doloroso, pero con esto puede estarse jugando la Presidencia.