Rinden protesta de Ley los Secretarios de Administración y de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso
Por mayoría de votos, el Pleno del Poder Legislativo de Chihuahua, reunido en Sesión Ordinaria en el Recinto Oficial, aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a fin de nombrar a los secretarios de Administración y de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso de Chihuahua.
Fue la diputada Marisela Terrazas Muñoz, en representación de la JUCOPO, quien presentó el dictamen de Decreto ante las y los diputados, para la votación.
Por lo antes expuesto, fueron nombrados el C. Dr. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, como titular de la Secretaría de Administración y el C. Lic. Everardo Rojas Soriano, como titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, ambos órganos técnicos del Congreso de Chihuahua.
Dentro de la exposición del dictamen, Estrada Sotelo refirió que las fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política, en reunión realizada el pasado 3 de septiembre, se pronunciaron por unanimidad a favor de los perfiles de las personas referidas, ya que ambas cumplen con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Cabe destacar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, facultan al Órgano Colegiado mencionado, para proponer al Pleno los nombramientos de las y los titulares de los órganos técnicos del H. Congreso del Estado
Por último y posterior a la aprobación, se llevó a cabo la toma de protesta de Ley de los ciudadanos electos, quienes habrán de realizar tareas fundamentales en el Poder Legislativo, con el objetivo de materializar las decisiones adoptadas por el Pleno, la Mesa Directiva y la propia Junta de Coordinación Política.
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Exigen garantizar el acceso a la justicia a mujeres indígenas
Diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la Iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, mediante la cual se exhortó a los tres órdenes de gobierno, para que por conducto de las instancias competentes, en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a la justicia a las mujeres indígenas.
“En México habitan 68 pueblos indígenas, representando el 15.1% de la población total, es decir aún tenemos una gran riqueza de estos pueblos en el territorio. Sin embargo, las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, experimenta una situación de pobreza. Además el 43% no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación”, detalló la iniciadora.
Agregó que ser mujer indígena en nuestro país significa tener el doble de retos, y padecer el triple de discriminación: la primera por su género, la segunda por su condición de indígenas y la tercera por la pobreza que enfrentan. Ellas presentan los índices más altos de analfabetismo, de deserción escolar, falta de oportunidades de empleo, violencia intrafamiliar, problemas de salud y riesgo durante el embarazo, altos niveles de fecundidad y mortalidad, entre otros factores.
Como autoridades debemos corresponder al compromiso y valentía de las mujeres indígenas mediante la creación y fortalecimiento de instituciones y mecanismos que aseguren que las mujeres de las diversas comunidades de nuestro país, vivan una vida libre de violencia y que puedan ejercer plenamente sus derechos; continuó.
Agregó que, a pesar de los diversos tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos de las mujeres indígenas, aún falta mucho por hacer, hagamos realidad que las herramientas jurídicas creadas, garanticen los derechos de mujeres y niñas de comunidades indígenas.
Por último, la Legisladora refutó el hecho de que en la actualidad aun exista discriminación y violencia en contra de las mujeres indígenas, “por ello se deben redoblar esfuerzos y buscar que los mecanismos e instancias ya existentes que trabajan por y para las mujeres indígenas se fortalezcan”.
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Insta Congreso a reconsiderar la resolución de las acciones de inconstitucionalidad
El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, exhortó a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, a que reconsideren los argumentos contenidos en sus proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106 y 107 de 2018 de Sinaloa, ello, a fin de que sean emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como superlativo.
Asimismo se hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión, se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes.
El punto de acuerdo aprobado de manera urgente por integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura de Chihuahua, fue presentado por la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien señaló en la exposición, que el grupo parlamentario que coordina, manifestó preocupación por los proyectos de sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106/2018 junto con su acumulada 107/2018 de Sinaloa a cargo de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
“La discusión de las referidas acciones de inconstitucionalidad, dieron inicio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer 6 de septiembre del año en curso y continuarán el día de hoy, los diputados de Acción Nacional, estamos ciertos que la eventual resolución de dichas acciones, pueden sentar un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país”, continuó la Legisladora.
Ciertamente es competencia del Poder Judicial de la Federación determinar si las normas emitidas por el poder legislativo, local o federal, se adecuan a la Constitución Política Federal y a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Asimismo, es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenar a una legislatura la modificación de leyes que no sean conformes a los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos, sin embargo, en las Acciones de Inconstitucionalidad en cuestión, los Ministros sobrepasan su mandato toda vez que dan prioridad a las observaciones realizadas por los comités o mecanismos de seguimiento de los tratados internacionales, por sobre la letra del tratado.
“Como legisladores vemos con gran preocupación los proyectos de sentencia, cuya aprobación representaría desde nuestro punto de vista, un trastocamiento al sistema del margen de interpretación de los derechos humanos y al sistema de gobierno republicano. Más aún que en nuestra propia Constitución estatal hemos decidido reconocer el derecho a la vida desde la concepción”, finalizó la Legisladora.
Es por ello que desde el Poder Legislativo de Chihuahua, se hace el llamado a las instancias federales referidas.
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Piden acciones que brinden garantías a familia de Jessica Silva Zamarripa
Integrantes del Congreso de Chihuahua exhortaron al Gobierno de la República y al Gobierno del Estado, para que por conducto de sus titulares y conforme a las competencias de cada uno, se desplieguen las acciones necesarias a fin de garantizar justicia, verdad y reparación integral a la familia de Jessica Silva Zamarripa, victimada el pasado 08 de septiembre del 2020 por Agentes del Estado adscritos a la Guardia Nacional.
La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Adrián Sánchez Villegas, quien al exponer la petición, realizó una reseña de los hechos acontecidos el día en que Jessica Silva Zamarripa y su esposo Jaime Torres, fueran víctimas de un artero ataque por parte de elementos de la Guardia Nacional, en el que ella perdió la vida; así como de los actos posteriores por parte de la Federación, en relación a la investigación y demás procesos.
“Recientemente, diversos medios de comunicación dieron cuenta de que la familia no cuenta con ningún apoyo oficial, y la atención médica para la recuperación de Jaime Torres presenta al momento un adeudo cercano a los tres millones de pesos. Además, a la pareja le sobreviven sus tres hijos, de 18, 15 y 14 años”.
Es por lo antes mencionado, que el Poder Legislativo de Chihuahua, hizo el llamado urgente a las autoridades tanto de la Federación como del Estado, a fin de que se garantice la justicia y reparación integral a la familia Torres Zamarripa.
