En la Sierra Rarámuri de Chihuahua se encuentra la Comunidad de Bosques San Elías Repechike, en el Municipio de Bocoyna. Está integrada por más de 500 personas indígenas. Desde 1888 y en 1906, el entonces presidente Porfirio Díaz, entregó títulos de propiedad de estas tierras a particulares a pesar de que ahí vivía la comunidad rarámuri. Durante todos esos años, nunca han abandonado su territorio a pesar de que esta superficie se encuentra titulada a particulares.
En 2018 la comunidad interpuso un Amparo en que piden al gobierno federal el reconocimiento legal de su territorio, así como la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal. Este hecho provocó una serie de acciones por parte de los particulares que detentan títulos sobre esas tierras para intimidarlos.
En 2014, la comunidad ganó una demanda contra la construcción del Aeropuerto en Creel, en la sentencia se reconocen los derechos derivados de la posesión ancestral de la comunidad en las 11,400 hectáreas. Además, el juez mandató realizar una consulta bajo los parámetros internacionales y la reparación del daño inmaterial ocasionado a la cultura, identidad, posesión y cosmovisión.
Por ello, en 2017 se integró por la comunidad y el Gobierno de Estado un Fideicomiso para la realización de proyectos productivos de beneficio colectivo; como parte de esta sentencia la comunidad decidió elaborar un proyecto de un taller de costura que empezó a construirse el mes de abril del 2020. Apenas un mes después, integrantes de la comunidad que construían el taller fueron hostigados por agentes de la fiscalía de la zona Occidente, quienes en aparatosos operativos llegaban al lugar de construcción, argumentando la existencia de una denuncia de despojo, robo y daños al medio ambiente iniciada por los señores que acreditan la propiedad. Es así que se conoció de la denuncia penal en contra de la compañera rarámuri Teresa Gonzalez, como la responsable del taller. C.I. 09-2020-00148.
Después de la intimidación contra las mujeres del taller de costura con dos visitas de la policía, en agosto de 2020 la policía implementó un fuerte operativo y se llevó detenidas a 50 personas incluyendo personas de la tercera edad, niñas y niños. Mientras les trasladaban de la comunidad hacia las oficinas del Ministerio Público se hizo pública la detención y sin dar mayor explicación, al llegar a las instalaciones, les dijeron que las oficinas estaban cerradas y les liberaron, en esa ocasión fueron establecidas medidas de aseguramiento al taller, impidiendo la construcción del mismo. Fue a través de la promoción de un amparo presentado por la comunidad y otorgado por el juzgado de distrito en el mes de diciembre que dichas medidas de aseguramiento fueron retiradas hasta el mes de abril por el Ministerio Público.
En el mes de mayo de 2021, por vías no oficiales, se conoció de la existencia de una segunda denuncia penal en contra del Gobernador Rarámuri de la comunidad Nicolás Sánchez Torres y de Teresa Enríquez, a través de la reactivación de una vieja denuncia hecha en 2018 por robo agravado de madera C.I. 09-7018-00249.
El 12 de agosto del presente, Nicolás Sánchez debe acudir a la audiencia de vinculación solicitada por Ministerio Público al Juez de Control.
Irregularidades en las carpetas de investigación penales:
• Los denunciantes dejaron de ser dueños del predio del que se dicen afectados desde el año 2018. Por lo tanto, el representante de los mismos ha realizado falsedad de declaraciones y sus acciones constituyen un fraude procesal
• Durante la investigación, el Ministerio Público negó entregar copias de la carpeta de Investigación sin argumento jurídico válido
• La comunidad ha sido presionada por diversas autoridades incluyendo el Secretario General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y el titular del Fideicomiso de Bosques San Elías Repechike, para que se sienten a conciliar a fin de concluir la investigación. Decisión que debe ser consensuada, no obligada o presionada y a pesar de saber las irregularidades de la Investigación y los derechos que ya son reconocidos a la Comunidad por sentencia en el juicio 642/2014
• No existen elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de Despojo pues es necesario que quien denuncie tenga la posesión del inmueble y ninguno de los particulares lo tiene, contrario a ello, son las personas de la comunidad quienes tienen la posesión, en todo caso el despojo lo pretenden los denunciantes
• Respuesta inmediata de la zona occidente de la Fiscalía estatal ante un delito no grave debido a que no estaba en peligro la vida de persona alguna, en tiempo de COVID y cuando los tribunales judiciales estaban cerrados, además con la intervención y anuencia de diversas autoridades de primer nivel de gobierno del estado, que consideramos no debieran favorecer los particulares y así como la disposición de recursos públicos a los que no tiene acceso ningún ciudadano para protegerlo
Las injusticias contra los pueblos de la Sierra Tarahumara no son nuevas, tienen décadas, sin embargo, en la actualidad existe una legislación local, nacional e internacional que reconoce derechos tal y como se lo expresó al Gobernador del Estado y al Fiscal General del Estado, el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos en una carta enviada el 07 de Junio del 2021 en apoyo nuestro.
Manifestamos nuestra preocupación sobre estos actos que vulneran los derechos de los pueblos y líderes indígenas al utilizar el sistema penal para intimidarlos y criminalizarlos en
respuesta a la defensa legítima que realizan de su territorio ancestral, estableciéndoles supuestos delitos con bases falsas.
Ha sido el Pueblo Rarámuri quien ha cuidado el bosque y quien se ha opuesto a la tala ilegal que ocurre con la aquisencia del Estado. Sin embargo, son ellos quienes ahora están siendo acusados en un claro ejercicio de presión e intimidamiento para que desistan de su lucha en defensa del territorio.
Solicitud:
Sea emitido un acuerdo de archivo definitivo de ambas carpetas de investigación y se reconozca de manera pública que la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique tiene derechos de posesión reconocidos por un Tribunal Federal.
