HABLANDO Y ESCRIBIENDO
REFORMA JUDICIAL: USOS Y COSTUMBRES
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
La Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por mayoría, la iniciativa de ley que reforma la Constitución local en el proceso en el que se elige a magistradas y magistrados del poder judicial, dejando a un lado el examen de capacidad, estableciendo en su lugar, la decisión política, al nombrar representantes de los poderes del Estado, para que integren las ternas.
Antes, el diputado Omar Bazán presidente de la Comisión se reunió con funcionarios del poder judicial así como con miembros de barras, colegios y asociaciones de abogados de la entidad a fin de conocer las diversas opiniones de quienes integran el foro jurídico local.
En la reunión de trabajo se realizaron diversos planteamientos por todos los juristas, coincidiendo en que se mantuviera el examen de mérito como requisito indispensable para alcanzar la nominación de la terna que presentará la gobernadora Maru Campos al Congreso del Estado, para su ratificación.
En aquella reunión se le cuestionó a Omar Bazán el motivo de la convocatoria si ya se había tomado la decisión de aprobar la reforma judicial sin quitarle ni una coma al original, contestando que no se iba someter a votación hasta en tanto no estuviera enriquecido con las propuestas.
Sin embargo, bastó sólo unas horas para que la Comisión aprobara la iniciativa constitucional, la cual se pasó a los 67 ayuntamientos del Estado, y al pleno del congreso para su total aprobación.
Se entiende que el nuevo gobierno, busca operar políticamente los cambios de magistrados en base a los usos y costumbres de todos quienes ocupan la gubernatura del Estado, lo criticable, es que lo hagan de la misma manera en que lo hiciera Javier Corral; violando la progresividad de los derechos humanos y en consecuencia el bloque constitucional, al borrar el examen de mérito.
César Gustavo Jáuregui Moreno, al justificar la eliminación del examen, comentó que sería tanto como volver al cochinero que se presentó en el pasado gobierno.
Lo que hay que recordarle al secretario de gobierno, es que Lucha Castro no está más ya en el poder judicial y que ahora ellos son gobierno.
La puerta que se abre de par en par, es para una acción de inconstitucionalidad, que resolvería la SCJN y como Chihuahua ya es cliente, es cuestión de esperar.
FISCALÍA: INVERSIÓN EN LO MATERIAL Y NO EN LO HUMANO
El grave problema de la seguridad en nuestro Estado y país, no tiene ni aventuradamente pronóstico de terminación, pero lo que sí se puede afirmar categóricamente, es que la línea delictiva ascendente se mantendrá, si las autoridades de los tres niveles de gobierno, no establecen compromisos de coordinación, además de invertir en el factor humano, ántes de una mayor infraestructura.
El primer eslabón de la cadena delictiva, se inicia con la prevención.
El fortalecer las acciones preventivas, representa en muchas ocasiones la disuasión de los delitos, y cómo esta actividad la realizan prioritariamente las policías municipales, el llevar a cabo recorridos de manera permanente, siempre acarrean buenos resultados.
Esta Institución, como primer respondiente, tiene funciones extraordinarias que a la luz del CNPP, pueden llevar a cabo, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos, el más importante es que puedan realizar el llenado de los Informes policiales homologados (IPH).
Esta actividad, básica para el buen inicio de las investigaciones que se llevarán a cabo por parte del Ministerio Público, constituyen la parte más vulnerable de las acciones en la etapa inicial; de hecho, gran parte de las resoluciones de libertad de los jueces de control en etapas primigenias, son causadas por esta deficiencia.
La cuantiosa inversión que se va a destinar para seguridad pública, debe estar orientada prioritariamente para fortalecer la formación de los MP`s, quienes constitucionalmente son quienes llevan a cargo las investigaciones de los delitos, son quienes sustentan legalmente las peticiones ante los jueces y tienen la carga de la prueba.
La deserción que se está presentando en la fiscalía, con 2 y 3 renuncias por semana, son por los bajos salarios, por la enorme carga laboral y por el desprecio absoluto del nuevo gobierno, que destinará cifras millonarias para infraestructura material, pero nada para el factor humano.
*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y AECHIH
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
