Reforma Congreso la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a las inspecciones que realiza el Consejo de la Judicatura
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformó el primer párrafo del artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que refiere a las visitas de inspección ordinarias a los tribunales que realiza el Consejo de la Judicatura, mismas que se realizarán tres veces al año, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.
Lo anterior, fue presentado por el diputado Miguel La Torre Sáenz, presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien señaló que con dicha acción además de garantizar el acceso a la justicia, se reforzarán las acciones para que la impartición de ésta cumpla con los más altos estándares en cuanto a calidad y prontitud, para lo cual el instrumento idóneo para realizar una valoración al respecto, lo constituyen dichas visitas de inspección.
Aunado al establecimiento de la periodicidad en la que se habrán de realizar las visitas, una vez ejecutadas, se realizará un informe público, con la finalidad de fomentar la transparencia y que los datos obtenidos estén para consulta de la ciudadanía de manera directa, agregó el Legislador.
A la vez, resaltó que los mecanismos de vigilancia e inspección, como son las visitas referidas, son un elemento imprescindible para evaluar el desempeño del funcionariado judicial, lo que permite identificar las fortalezas y debilidades de las distintas áreas que conforman a los tribunales, siempre con la intención de mejorar aspectos que lo requieran.
Por último mencionó que en el año 2019 cuando se expidió la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, se suprimió el segmento en el que se mencionaba la periodicidad de las actuaciones referidas, por lo que cual, con la presente adecuación se redoblarán los esfuerzos en las labores de inspección de los órganos jurisdiccionales, al establecer que las visitas se lleven a cabo cuando menos tres veces al año, y por ende, con ello se fortalecerá el derecho humano de acceso a la justicia, lo cual debe ser prioridad para todas las autoridades.
Dado a lo antes mencionado, la adecuación realizada quedó redactada de la siguiente manera:
Artículo 165. Las personas visitadoras, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Consejo, deberán visitar e inspeccionar de manera ordinaria los tribunales, cuando menos tres veces al año, de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo. El informe que resulte de dichas inspecciones será público.
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Aprueban Minuta Proyecto de Decreto en materia de partidas secretas de la Presidencia de la República
El Congreso del Estado de Chihuahua, aprobó el dictamen de decreto presentado por la Comisión Legislativa Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se ratificó a favor de la Minuta Proyecto remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con la cual se busca reformar el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partidas secretas, para los efectos del artículo 135 constitucional.
Dentro de la exposición del Dictamen, el diputado Miguel La Torre Sáenz, presidente de la Comisión dictaminadora, resaltó que la Minuta en mención, tiene la finalidad de reformar el artículo 74 de la Constitución Federal, el cual consagra las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la cual se refiere a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente, el párrafo cuarto de la misma, que en su texto vigente señala: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.
Así pues, con la modificación que se pretende implementar, la redacción referida quedaría en los siguientes términos: “No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, agregó.
Asimismo, el Diputado añadió que el uso de la partida secreta ha generado polémica en distintos ámbitos tanto políticos, económicos, como académicos, por lo cual, se han manifestado un sinnúmero de voces e hipótesis sobre la problemática, dentro de las que destaca la postura relativa a quienes consideran que los presidentes han abusado de dicha figura constitucional e incluso degenerado en actos contrarios al espíritu de la Carta Magna.
En ese sentido, se puede apreciar que la existencia de partidas secretas, corresponde a un régimen bajo el sistema presidencialista donde la concentración del poder y las facultades unipersonales en la figura de quien ostenta la titularidad de la Presidencia de la República, permiten imponer sus condiciones, tanto en la toma de decisiones políticas como económicas del país, por lo que esta figura ya no es apropiada para la democracia política que vive México en la actualidad.
Además, las partidas secretas a lo largo la historia generan que los recursos federales, se gasten en condiciones de completa discrecionalidad por parte de la persona titular del Ejecutivo Federal, por lo que es necesario romper con las inercias históricas e impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y ejercicio del gasto público, bajo condiciones de democracia y transparencia, lo que hace insostenible la continuidad de partidas secretas, ya que éstas imposibilitan la fiscalización efectiva y la rendición de cuentas.
Por último, agregó que es imperante y es derecho de la ciudadanía, el conocer plenamente y en forma oportuna el destino del gasto gubernamental, máxime que la actual Legislatura de Chihuahua, desde el inicio de sus funciones, ha privilegiado los temas relativos a la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana, desde una perspectiva de garantizar los derechos humanos, para lo cual se han destinado todos los esfuerzos competenciales, e incluso en coordinación con otros órdenes de Gobierno, para generar la legislación necesaria para que la Entidad cuente con la normativa pertinente, por lo que se refiere a los rubros mencionados, y que coadyuve a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
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Establece Congreso obligatoriedad para que ayuntamientos cuenten con una Comisión de Desarrollo Rural
Mediante reforma al artículo 31 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, en Sesión Ordinaria virtual, establecieron la obligación a los municipios del Estado, de integrar una Comisión de Desarrollo Rural.
El artículo reformado, establece el mínimo de Comisiones con las que se debe contar el Ayuntamiento, las cuales son: de Gobernación; de Hacienda; de Obras y Servicios Públicos; de Seguridad Pública; de Educación y Cultura; de Igualdad de Género, así como aquellas que se determinen de conformidad con las necesidades del municipio, señaló la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, vocal de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, al exponer el dictamen aprobado por el Pleno Legislativo en Sesión Ordinaria virtual.
Luego de investigar en los 67 Ayuntamientos del Estado, sobre cuáles tienen una comisión encargada de atender los asuntos relacionados con el sector rural, lo cual dio como resultado que son 43 los que tienen conformada una comisión para la atención en la materia; aunado a ello, se reafirmó que la totalidad de los ayuntamientos cuentan con sector rural.
Por lo anterior, la necesidad de establecer que cada Cabildo cuente con una Comisión encargada de dar atención al sector referido.
Para finalizar, la Legisladora resaltó que la Constitución Federal, establece que las comisiones de los cabildos de los ayuntamientos son de carácter reglamentarias, mas no ejecutivas, es decir, que los regidores o regidoras que presidan una comisión del ayuntamiento, carecen de facultad para presentar proyectos, acciones o programas a realizarse durante el ejercicio fiscal subsecuente, a fin de que sean considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos que se someterá a la consideración del Ayuntamiento; teniendo exclusivamente la facultad de elaborar un programa de trabajo de la Comisión que presiden, considerando objetivos generales y directrices, que estarán a disposición de las y los ciudadanos, de conformidad con sus respectivos reglamentos internos.
Esto último, al detallar que el iniciador también proponía establecer la obligación para que regidores integrantes de la Comisión referida, presentaran programas, proyectos o acciones a realizarse durante el subsecuente ejercicio fiscal, para que éstos fueran considerados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
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Pide Congreso incentivos para productores locales del sector agropecuario
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron a los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, brinde incentivos económicos a las personas productoras del sector primario en sus diversas cadenas de producción; asimismo, para que a través del Organismo Público Descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) se incentive la adquisición de productos provenientes del campo mexicano.
De esta manera, se buscará aumentar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la economía del País y reducir lo más posible las importaciones.
Por otra parte, se solicitó a las instancias encargadas de atender el sector rural, tanto del Estado como de la Federación, en coordinación con la Secretaría de Salud, para que por medio del establecimiento de políticas públicas, se tomen las medidas sanitarias correspondientes para personas trabajadoras rurales, ya que es indispensable que el sector primario en la Entidad continúe su labor para evitar el desabasto de alimentos.
Los exhortos en materia, fueron presentados por la Comisión de Desarrollo Rural, en voz de los diputados Benjamín Carrera Chávez y Lorenzo Arturo Parga Amado.
Dentro de lo expuesto, se resaltó que para el año 2021, los programas de apoyo para el sector rural se redujeron no solo en número, sino también en la cantidad de los recursos económicos que se destinan para ser entregados a las personas productoras agropecuarias que reúnen los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada uno de los esquemas, además, según la información publicada en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dichos programas están destinados para las regiones centro y sur del país.
Por lo anterior, el Congreso local, hizo el llamado para que el Gobierno Federal reconsidere la política implementada en el sector rural, e incluya al norte de país en sus programas para la entrega de apoyos económicos o en especie a las personas ganaderas y agricultoras de la Entidad.
En la exposición, se destacó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, estableció precios de garantía para diversos granos como lo son: maíz, frijol, trigo y arroz, con lo que se ha beneficiado a miles de personas que se dedican a su producción, al tener una certeza de cuánto se les pagará por tonelada de su cosecha.
Se requiere que sean considerados dentro de dichos beneficios, más productos agrícolas y cárnicos, para con ello dar un paso hacia la seguridad y soberanía alimentaria en beneficio de la población consumidora, ya que además se generará una importante derrama económica y con ello, incrementar la productividad y su bienestar.
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Instan al Gobierno del Estado revisar de manera continua el debido cumplimiento de las medidas de protección del COVID-19
Integrantes del Congreso del Estado de Chihuahua, aprobaron la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada Janet Francis Mendoza Berber, mediante la cual se exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, para que se revise el cumplimiento de las medidas sanitarias, aforo y condiciones de operatividad en los sectores públicos y privados, con el fin de hacer cumplir de manera eficaz las disposiciones relativas a la protección del COVID-19.
La iniciadora señaló que la Entidad vivió su mejor momento en los pasados meses de enero y febrero, durante los cuales el sector salud tenía estabilidad en la disponibilidad de camas, casos nuevos registrados de contagios, y fallecimientos ocasionados por el COVID-19. Esto fue un motivo para la reapertura del comercio, de los espacios públicos, y de mayor confianza en los centros de trabajo, sin embargo, durante el mes de marzo y los pocos días del mes de abril, dicho avance sufrió un retroceso tras un repunte en el número de casos confirmados.
Refirió que en el informe presentado por el Secretario de Salud el día 03 de marzo por medio de la comparecencia ante el Poder Legislativo, se informó un cambio drástico en los primeros meses del presente año. En el mes de febrero, por ejemplo, se tenían registrados solo mil 926 nuevos casos, sumando un total de 54 mil 563.
“Hoy tras el comunicado emitido el 4 de abril del 2021, le fue informada a la comunidad en general a través del portal del Gobierno de Chihuahua, la nueva cifra de contagios en la que entonces se encontraba en 59 mil 164, lo que representa un crecimiento cerca del 240% a comparación del mes de febrero, sin considerar el repunte que pueda ocasionar el turismo por el periodo vacacional durante semana santa”, continuó.
Por lo anterior, es de suma importancia optimizar los esfuerzos en los sectores públicos y privados con el fin de hacer cumplir las disposiciones emitidas por la autoridad, sin retornar a un confinamiento y luego de unos meses volver a reabrir todo.
Es innegable que el manejo de la pandemia es multisectorial y requiere de la ciudadanía para su cumplimiento, pero no podemos dejar todo al sector industrial, comercial, diócesis, y ciudadanía en general, es necesario que el poder ejecutivo revise, aplique la ley, exhorte a los sectores, y se asegure del cumplimiento de las disposiciones.
Dentro de la exposición, resaltó el esfuerzo de las autoridades estatales y locales en la lucha contra la pandemia, además del esfuerzo de la mayor parte de la ciudadanía para cumplir las disposiciones encaminadas a combatirla, sin embargo, es posible que el sector industrial, comercial, y otros, pueden aumentar la posibilidad de mantener el semáforo epidemiológico estable, al cumplir de manera eficaz las disposiciones sanitarias emitidas.
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Solicita Congreso se realice una auditoría especial al proyecto Transporte Rápido de Autobuses
La Sexagésima Sexta Legislatura exhortó al titular del Gobierno del Estado con el objetivo de que se realice un análisis de impacto biopsicosocial del proyecto «Transporte Rápido de Autobuses» o «Bus Rapid Transit» por sus siglas en inglés (BRT), con la finalidad de acreditar el impacto positivo en la población y en la economía.
De la misma manera, se instó para que aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, lleven a cabo el análisis de impacto biopsicosocial y económico del proyecto referido, a efecto de mejorar las condiciones de vialidades en Juárez.
Por otra parte, se exhortó a las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado, para que se lleve a cabo una auditoría especial completa en donde se analice y revise con detalle, el presupuesto, los permisos, ministraciones, pagos prorrateos, deudores, oficios de autorización presupuestal, así como comprometidos de la obra y fuente de financiamiento.
Por último, se realizó el llamado al Titular del Ejecutivo Estatal, para que se erradique cualquier acto de represión en contra de la libre manifestación de ideas.
Las peticiones antes señaladas, fueron presentadas por el diputado Benjamín Carrera Chávez, quien expuso que el pasado 5 de abril de 2021, se emitió el oficio DGDU/DADU/LC/0823/2021, signado por la Lic. Lilia Ana Méndez Rentería, en su calidad de Directora General de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Juárez, en el cual manifestó que a la fecha de expedición del citado, no se había expedido licencia o permiso a las obras del BTR II.
“El día de ayer, un grupo de vecinos se manifestaron en contra de los trabajos de dichas obras en la Ciudad Fronteriza; varios de ellos fueron detenidos mientras se llevaba a cabo la manifestación de forma pacífica. Al lugar, llegaron alrededor de 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para pedir a los ciudadanos que se retiraran, al ver la negativa de los ciudadanos, los agentes optaron por detener a los manifestantes, a pesar de que existe la libre manifestación de ideas”, refirió.
Es por lo mencionado que el Congreso instó al Ejecutivo Estatal, para que se tomen en consideración la serie de peticiones señaladas y se garanticen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, toda vez que los funcionarios públicos deben atender las necesidades de la población.
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Exigen diputadas y diputados privilegiar el diálogo antes del uso de la fuerza pública
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Gobierno del Estado para que privilegie el uso del diálogo antes del uso de la fuerza pública, y se mantenga la comunicación con la ciudadanía y partes interesadas.
La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz, quien detalló que después de muchos años de espera, Ciudad Juárez está por recibir una gran inversión que beneficiará a largo plazo el desarrollo de la frontera, son indiscutibles las molestias que las obras generan, pero se debe confiar en que después del difícil paso de la construcción, habrá una mejor y más ordenada avenida; ello al referirse a las obras que se realizan para el proyecto BRT 2.
El proyecto mencionado, construye la segunda ruta troncal del transporte público con inversión de 250.5 mdp, que irá desde el aeropuerto, hasta el centro de la Ciudad, con lo cual inicia un sistema adecuado de transporte para el millón y medio de habitantes, continuó la Legisladora.
Sin embargo, los hechos ocurridos ayer 12 de abril, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE) rodearon la obra a la altura de las calles del Trigal y de la Arboleda y realizaron la detención de manifestantes juarenses que se oponían a que continuaran con la construcción de las paradas del camión, siendo un hecho totalmente reprobable y que va en contra de los derechos de la ciudadanía, argumentó Terrazas Muñoz.
La Legisladora enfatizó, el rechazo de la situación antes mencionada que violentó los derechos humanos, dado a que la fuerza pública no debe usarse de manera irracional en contra de los ciudadanos, cuando estos quieren expresarse y más cuando ésta se realizaba de manera pacífica.
“Sabemos que las y los habitantes fueron maltratados y algunos arrestados, hechos que lamentamos con mucha tristeza, pues debió existir el diálogo, entre la ciudadanía y el gobierno, para hablar de la situación, especialmente cuando se trata de obras como esta para así lograr un consenso, pero nunca usar la fuerza pública de manera insensata”, resaltó Terrazas.
Por último, señaló que manifestarse es un derecho de las y los ciudadanos, con una libertad de expresión, por lo que en el caso referido, el uso de la fuerza pública se encontró rebasado por lo que desde el Poder Legislativo, “reprobamos y condenamos la violación a los derechos de las personas que fueron afectadas en la manifestación y nos solidarizamos con todas las mujeres y hombres que se encontraban en el lugar”.
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Instan a frenar violencia política de género y erradicar abuso de poder en el Estado de Chihuahua
Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron respetuosamente a las autoridades del Estado de Chihuahua, con el fin de llevar a cabo acciones contundentes para frenar inmediatamente la violencia política de género y así, erradicar el abuso de poder.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Alejandro Gloria González, quien determinó en su exposición de motivos que este documento se dirige al titular del Ejecutivo Estatal, así como a las autoridades estatales de seguridad, al Instituto Nacional Electoral e Instituto Estatal Electoral.
Lo anterior, con el fin de emitir las estrategias y/o acuerdos estrictos, además de reforzar los lineamientos existentes en los que se regule la violencia política de género, para erradicar los actos de este tipo por motivos de género.
En este sentido, se solicitó que se establezca un código de conducta en el que se evite caer en los actos que atenten a los derechos humanos que se mencionan en la exposición de motivos de esta iniciativa, principalmente al de la libertad de expresión y manifestación, para así lograr un ambiente de equidad, colaboración y respeto.
“Uno de los resultados más desgarradores y preocupantes de la demagogia en el país y en el estado, es la violencia política, específicamente la violencia política de género. Según lo que menciona el Instituto Nacional Electoral, la violencia política que viven las mujeres en el ámbito político, se agudiza más durante las campañas durante el proceso electoral, de la misma forma la CNDH manifestó que hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, detalló el legislador.
En específico, habló sobre los hechos sucedidos recientemente en Ciudad Juárez, en donde una candidata a la alcaldía de dicha frontera, determinó que fue víctima de un claro ejemplo de abuso de autoridad por parte de agentes estatales; el motivo: ser partícipe de una manifestación contra las obras del sistema de transporte en la ciudad.
“Punto y aparte de las carencias en las que se encuentra el sistema de seguridad, e incluso más grave aún, a pesar de los avances a nivel legislativo en materia de paridad, la violencia política contra las mujeres en razón de género ha ido en aumento debido al desconocimiento no solo de la ciudadanía en general, sino irónicamente incluso de actores políticos, perpetuando conductas que no sólo coartan el empoderamiento de las mujeres, sino que obstaculizan el crecimiento y desarrollo de las mujeres en la política, lo que afecta severamente a la democracia”, finalizó.
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Solicitan aplicación de vacuna contra COVID-19 al personal médico y de enfermería de instituciones privadas de salud
Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el exhorto dirigido al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, considere llevar a cabo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, al personal médico y de enfermería que labora en las instituciones de salud privadas.
Este Punto de Acuerdo y de urgente resolución, fue presentado por la diputada Leticia Ochoa Martínez, quien mencionó que en lo que respecta al personal médico y de enfermería que labora en las instituciones de salud públicas, empezaron a recibir al menos la primera dosis de la vacuna contra dicho virus, el pasado miércoles 13 de enero del presente año.
“La estrategia de vacunación seguida por el Gobierno Federal está avanzando, sin embargo no podemos dejar de lado que hay sectores de la población que han quedado relegados, aun cuando por su actividad es de considerarse que están expuestos a un alto riesgo de contagio, me refiero con esto al personal médico y de enfermería que presta sus servicios en las instituciones médicas del sector privado”, explicó en sesión ordinaria realizada de manera virtual y/o de acceso remoto.
Dijo que de acuerdo con datos que se manejan por medios de comunicación, indican que los contagios confirmados en el Estado de Chihuahua, ronda entre los 60 mil casos, de los cuales un gran número de estas personas contagiadas acudió, como primera opción, a instituciones médicas privadas, consultorios particulares o farmacias donde por su seguridad tuvieron que ser destinados a los centros de salud habilitados por el gobierno para que recibieran el tratamiento adecuado.
“Se insiste que el personal médico o de enfermería que labora en una institución privada, en un consultorio particular o farmacia no están exentos de contagio pues trabajan directamente con personas infectadas, debemos reconocer que en muchas ocasiones este personal médico y de enfermera es el primero en atender a las personas cuando experimentan los síntomas del COVID-19”, concretó.
Apuntó que México cuenta con el primer lugar en América en muertes de personal del sector salud, esto según la Organización Panamericana de la Salud, la cual señaló que las cifras oficiales indican que de enero del 2020 al mes de marzo pasado, se registraron 3 mil 534 profesionistas de la salud.
“Considero poco acertada la decisión de dejar fuera de la primera etapa de vacunación al personal médico y de enfermería de las instituciones privadas, pues están en alto riesgo de contagio al igual que sus homónimos que labora en las instituciones públicas, en ambos casos trabajan y atienden directamente a personas infectadas”, puntualizó.
