Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado ante el Pleno por el diputado Jesús Villarreal, en representación de diversas fuerzas políticas del Congreso local y que manifestaron su apoyo a los productores agrícolas en la problemática referente al agua.
Cabe mencionar que este acuerdo obtuvo un total de 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y por lo que sesionarán las y los legisladores en punto de las 10:00 horas.
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, de cinco entes fiscalizables.
Los dictámenes fueron presentados por las diputadas Rocio Sarmiento y Carmen Rocío González, así como por el diputado Miguel Ángel Colunga, en representación de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En lo relativo a las revisiones hechas a los entes públicos fiscalizables denominados: Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI) e Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), no hubo observaciones dentro del ejercicio fiscalizado.
Por otra parte, se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, presentar las denuncias correspondientes, a fin de que se determine la responsabilidad en contra de quien haya participado en varias operaciones de los siguientes entes:
Para el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), por incumplimientos al anexo de ejecución sobre servicios de asesorías y en otros gastos y productos.
Para la Operadora de Transporte VIVEBUS Chihuahua, se hicieron un total de 24 observaciones, entre éstas, lo relativo a estados financieros, ya que el estado de Situación Financiera presenta una diferencia en los renglones de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo en el Activo.
Además de esto, no se presentó documento que ampare y acredite la aprobación de tarjetas con promoción para el ejercicio auditado.
Se observó que no fueron informadas las promociones y beneficios por recargas de saldo en tarjetas electrónicas para el servicio de transporte urbano, por la cantidad de 1 millón 951 mil 284 pesos en tiempo y forma al Consejo Directivo de la Operadora, sino hasta tiempo después, en una tarjeta informativa.
No se realizaron los descuentos a los trabajadores miembros del sindicato, por concepto de cuota sindical, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Se detectaron pagos semanales y quincenales en exceso del Bono de Despensa, a trabajadores que no están dentro del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que no les corresponde dicha prestación.
Fueron pagados bonos de puntualidad y asistencia, de manera excesiva; además, se realizaron pagos excesivos de compensaciones a trabajadores que no les correspondía.
Por otro lado, se advierte sobre pagos de servicios que no contaban con un contrato, entre ellos, uno por concepto de limpieza, otro para la realización de boletos para control de abordaje en las unidades de la Operadora de Transporte Vivebus y uno más por servicios de mantenimiento correctivo a aire acondicionado del equipo de transporte, lavado y limpieza de camiones.
Tampoco hay contrato para la cuenta denominada balatas, frenos, suspensión y diferencial, en la que se registraron las reparaciones y mantenimientos realizados a unidades de transporte durante el ejercicio fiscal 2018, habiendo solo órdenes de compra.
Por último, se observaron adquisiciones de activo fijo, registradas sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
En lo que corresponde al Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (FANVI), se realizaron una serie de observaciones a operaciones que quedaron sin solventar relativas a varios rubros, entre estos, estados financieros que no se entregaron a la Secretaría de Hacienda, para su incorporación en la Cuenta Pública 2018; procedimiento de adjudicación directa, incumplimientos en la fecha entrega de bienes pactados por parte de diferentes proveedores.
También, se señalaron los contratos fraccionados de varios proveedores por compra de chamarras de invierno, y la falta de control de almacén en entrega de las mismas, así como de calzado deportivo y escolar.
En el caso de este Ente Público, se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, para que presente la o las denuncias penales que correspondan, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de los empleados y/o funcionarios que hayan participado en la realización de varias operaciones, principalmente correspondientes a egresos.
Por último, cabe mencionar que el artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior, otorga al titular de cada ente auditado, un plazo de 15 días hábiles para que se lleve a cabo la contestación de las observaciones determinadas y remitir al Órgano Técnico la documentación conveniente para solventarlas; por tal motivo, en estricto cumplimiento al numeral invocado, se envió el resultado derivado de la auditoría practicada, solicitándole que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación le diera cumplimiento a lo dispuesto por el numeral mencionado.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Obed Lara Chávez, por medio de la cual solicita a los 67 municipios del Estado, generen campañas de consumo local, como medida de mitigación ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
En este Punto de Acuerdo de urgente resolución presentado ante el pleno, se agregó un llamado a la ciudadanía en general a consumir preferentemente productos locales y en comercios de su comunidad.
El iniciador expuso que hoy en día diversas organizaciones de la sociedad civil, el comercio organizado bajo diferentes esquemas han promocionado campañas para consumir productos locales, por eso debemos darle la importancia necesaria y entre todos, sociedad y gobierno, dar un giro en la medida de lo posible a la economía local.
Además, refirió que el llamado lo hace extensivo para que también las y los ciudadanos en general consumamos en los pequeños negocios, en las tienditas de la esquina, en la frutería conocida, en la carnicería de la colonia, “en otras palabras para que consumamos a los productores de bienes y servicios de las minis, pequeñas y medianas empresas del ámbito local”, ello como estrategia para generar vínculos entre ofertantes de productos y servicios y la población consumidora, y con aminorar las afectaciones en el sector económico.
Para finalizar, señaló que según diversos estudios, el dinero que se gasta en el pequeño comercio, se revierte hasta tres veces más en la comunidad, esto se debe al efecto económico multiplicador local, por lo que hace el llamado a las autoridades y a las y los chihuahuenses, para seguir apoyando los productos chihuahuenses.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, denunciaron ante autoridades no jurisdiccionales y de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos que se han suscitado alrededor del conflicto conocido como del agua de la Presa La Boquilla.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por las y los diputados Georgina Bujanda, Marisela Sáenz, Fernando Álvarez y Jesús Villarreal, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo.
Se detalló que esta denuncia se presentará en primera instancia, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de Jessica Silva Zamarripa y en donde resulte lesionado su esposo Jaime Torres, mismos que fueron atacados por parte de elementos de la Guardia Nacional, por lo que se exige una investigación rigurosa y se solicita la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos para que clasifiquen los hechos ocurridos.
En segundo término, la actual legislatura, denuncia ante el juez federal competente, los posibles actos de tortura de los ciudadanos Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, así como la petición de respetar y verificar la aplicación del protocolo de Estambul, y se evite el uso desmedido e irracional de la fuerza.
En tercera parte, se exhortó a la Fiscalía General de la República para que respete los principios de presunción de inocencia y debido proceso de los ciudadanos detenidos Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez e inicie una investigación por desaparición forzada.
Además, se requirió atentamente al Ejecutivo Federal, que deje de re victimizar a Jessica y Jaime, así como a sus familias y que se abstenga de dar calificativos despectivos hacia sus personas; que evite levantar falsos ante los medios nacionales e internacionales de comunicación, respecto a las personas participantes en las protestas por la extradición del agua en la Presa La Boquilla, en donde los acusa de “huachicoleros”.
Por último, se exhortó al Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Berdeja, para que se limite al ejercicio de sus atribuciones y funciones, que evite profesar insultos en contra de los campesinos y al pueblo entero de Chihuahua, y que no criminalice la protesta por la extracción del agua de la Presa La Boquilla.
Dentro de la exposición de motivos, se determinó que las manifestaciones son un acto libre y lleno de derechos humanos y fundamentales por parte de las y los ciudadanos, sin embargo que poco a poco han escalado el nivel de confrontación, ya que la Guardia Nacional ha reprimido de diversas formas el actual del campesino, a tal grado que se presenciaron lesiones y peor aún, ejecuciones en contra de la población civil.
“Las autoridades federales señalan a Jessica y a su esposo como criminales que atentaron contra el ejército y que los elementos castrenses no tuvieron de otra más que la de repeler la agresión; es por todas y todos conocido que ellos no portaban armas y que menos dispararon en contra del ejército. Es necesario que la Guardia Nacional ofrezca disculpas a las víctimas, tanto directas como indirectas”, se puntualizó.
Se consideró agregar al exhorto, una petición realizada por el diputado Alejandro Gloria, en lo relativo a las declaraciones realizadas por el funcionario público federal antes mencionado, en el sentido de que, si no se realizan cargos correspondientes a las expresiones que realizó, se solicite a la Secretaría de la Función Pública, una sanción administrativa; ya que cualquier declaratoria establecida por un funcionario público tiene consecuencias si estas no son verificables.
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En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua, fue aprobada la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada Patricia Jurado Alonso, en la cual se solicita al Poder Ejecutivo Federal, realice los estudios técnicos necesarios para otorgar la autorización del cambio de uso de suelo y/o modificación del polígono de la reserva de la biosfera de Janos.
Dentro del mismo exhorto, se solicitó al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a efecto que en ejercicio de las facultades que le son conferidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de su Reglamento Interno, emita la Manifestación de Impacto Ambiental en la que se determine el impacto real y actual con la culminación de la obra de infraestructura carretera en el E.C KM 56 (Janos-Agua Prieta)- El Berrendo-Limite Internacional.
Lo anterior, para que se realice específicamente en el tramo del km 9+200 al 11+200, con la finalidad de que se determine si dichos actos perturbarían, destruirían o dañarían la flora y/o fauna del área natural protegida con el carácter de reserva en mención.
Además, se instó para que por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previas formalidades necesarias y requeridas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se realicen las acciones necesarias para autorizar el cambio de uso de suelo o bien la modificación del decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera de Janos, de fecha 8 de diciembre de 2009, respecto del área que incide con el tramo del km 9+200 al 11+200, en la E.C KM 56 (Janos-Agua Prieta)- El Berrendo-Limite Internacional, y se emita la disposición administrativa correspondiente.
La Legisladora recordó que el 8 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaró como área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como Janos, localizada en el Municipio de Janos, en el Estado de Chihuahua.
Dicho decreto presidencial, atendía al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que acertadamente se privilegiaba como eje rector la sustentabilidad ambiental, protegiendo la conservación de la flora y fauna de nuestra nación a través de mecanismos tales como el establecimiento de áreas naturales protegidas, continuó.
Como legisladora y particularmente por el interés en que, a la región noroeste de nuestro Estado, se le reconozca la importancia que tiene, y aunado a nuestra encomienda para coadyuvar en el crecimiento económico y el desarrollo de los municipios, es que se hace este llamado al Ejecutivo Federal, para realizar una inspección en la que se determinen las condiciones actuales del área por la que atraviesa esta vía de comunicación y se determine si efectivamente esa parte debe pertenecer al polígono que conforma la reserva de la biosfera de Janos.
Por último, recordó que en el acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente así como al artículo tercero del Decreto por el que se declara como área natural protegida, se señala la facultad de la Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto el establecimiento como la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal, así como del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como órgano de consulta dependiente de la misma, por ello el llamado a dichas autoridades para el seguimiento y ejecución correspondiente.
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Con la finalidad de apoyar al sector productor del Estado, diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, apoyaron la iniciativa presentada por el Legislador del PAN, Jesús Villarreal Macías, mediante la cual exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Hacienda, aumente el presupuesto para el campo chihuahuense.
Lo anterior, luego de que señalara que la situación que se avecina para el siguiente ciclo agrícola para productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, piscícolas y forestales, sobre todo en las regiones que dependen del agua de las presas, estará difícil, por lo que se hace la petición al Gobierno Estatal, para que se ayude a dicho sector, para el próximo año.
Al exponer su iniciativa, afirmó que la afectación con la extracción del agua de las presas puede calificarse como severa para la economía, no sólo en forma directa sino también a aquellos que de forma indirecta se beneficiaban, un ejemplo de ello es el empleo temporal que se les da a las personas jornaleras agrícolas, como colectivo de seres humanos, unos de la región y otros que deben abandonar sus comunidades por distintas razones para buscar un ingreso.
En el Estado existen 28 mil 630 personas jornaleras, según estimación que se hace a partir de micro datos en la “Encuestra Intercensal del INEGI 2015”.
Para finalizar, agregó que este llamado se hizo ya también al gobierno federal, con iniciativa diversa presentada en vía económica el día 08 de los corrientes, a fin de que se haga un esfuerzo extraordinario y se diseñen y ejecuten acciones inmediatas para paliar la situación en la que se está estancando el campo chihuahuense, a causa de la sequía y de la acciones de extracción de agua de las presas de la Entidad.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base al juramento realizado al momento de la toma de protesta en el cargo que ocupa, sobre todo, el respeto a los derechos humanos que en la propia Ley Fundamental se contienen, dando prioridad al respeto a la dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, al debido proceso, así como a los principios de legalidad y autonomía municipal.
Asimismo, fue solicitado al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a sus atribuciones, y vele en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la federación, sobre todo de aquellos juzgadores o juzgadoras que ordenaron la inmovilización de cuentas y valores derivados de las protestas en la Región Centro Sur del Estado de Chihuahua y que atienden a la problemática de extracción de agua de las presas de aquella región.
El llamado se extendió también al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía si se ordenó algún bloqueo a los actos, operaciones o servicios bancarios a los municipios de Delicias o Municipio de San Francisco de Conchos, en el Estado de Chihuahua, así como a alguna sociedad de responsabilidad limitada que se relacione con los diversos módulos de riego en la entidad, por lo que en caso de ser afirmativo, explique su procedimiento.
También se pidió al Fiscal General de la Republica, Dr. Alejandro Gertz Manero que, en base a la autonomía que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actúe de acuerdo a los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, debida diligencia e imparcialidad, que rigen a esa institución de procuración de justicia en México, otorgando una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y ejerza en su caso, aquellos mecanismos de control constitucional de acuerdo a sus atribuciones.
Por último, se pidió al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Manuel Armendáriz Loya, para que en uso de sus atribuciones, ejercite los mecanismos de control constitucional que derivan de los actos ejercidos en contra de particulares, empresas, así como de los municipios que se han visto afectados por la violación a derechos humanos, y la inmovilización de cuentas y valores derivados de las protestas en la región centro sur de la Entidad, y que atienden a la problemática de la extracción de agua de las presas del lugar mencionado.
Es importante mencionar que el exhorto aprobado de manera urgente fue presentado ante el Pleno, por el diputado Jesús Manuel Vázquez.
