Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi
*Quiere Diputada de Morena Imponer Ley Mordaza en Tlaxcala
*¿Se Cobija en Palacio de Gobierno?
*SOS, Sheinbaum, Adán, Monreal, Lorena Cuéllar…
Argonmexico / Tlaxcala si Existe, ¿cárcel a informadores?… Periodistas de Tlaxcala lanzan la voz de alerta contra una iniciativa presentada el jueves pasado ante el Congreso estatal por la diputada de Morena, Lorena Ruiz García, para promover una “Ley Mordaza” donde intenta se tipifique como “delito” la difusión de imágenes e informaciones relacionadas con procesos penales.
Oculta bajo el manto protector que supuestamente le brinda la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, su “tocaya”, “amiga” y “compañera de partido”, la legisladora local Lorena Ruiz García presentó una singular iniciativa con la cual pretende convertir en delincuentes a los comunicadores que difundan información sobre asuntos penales.
Y mientras la mandataria estatal prefiere callar en relación al espinoso tema, para ninguna otra autoridad tlaxcalteca escapa que, en realidad, tras la intención de la diputada Ruiz García prevalece el buscar proteger a su esposo, quien enfrenta un duro proceso judicial al haber sido detenido con armas y granadas, acusado incluso de formar parte de una banda delictiva.
De acuerdo a comunicadores de Tlaxcala, “a partir del primer minuto del 2025, podríamos enfrentar una situación distópica, todo gracias al esfuerzo legislativo de una diputada cuyo objetivo principal parece ser proteger a un familiar involucrado en actividades cuestionables.
“La diputada neomorenista (llegó por Nueva Alianza) Lorena Ruiz García, oriunda de Apizaco, presentó una iniciativa que no sólo raya en lo absurdo, sino que atenta contra la transparencia y el derecho a la información. Bajo el disfraz de la “Ley Ingrid”, Ruiz García busca sancionar a medios, activistas y servidores públicos”.
Refieren que la “Ley Ingrid”, diseñada para proteger la dignidad de las víctimas y evitar la difusión lucrativa de material gráfico de crímenes, no tiene nada en común con el proyecto presentado por Ruiz García. Mientras la primera es una herramienta para evitar revictimización, la segunda es un intento flagrante de censura para salvaguardar la imagen pública de la diputada y su familia.
Los periodistas tlaxcaltecas ponen el dedo en la llaga al señalar: la propuesta de la diputada es un pasaporte a la impunidad. Según su iniciativa, cualquier servidor público, periodista o ciudadano que divulgue información sobre casos penales, incluso si estos tienen relevancia pública, podría enfrentar de dos a ocho años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Ella no busca proteger a las víctimas, sino blindar su reputación y la de su familia de cualquier escrutinio público. Este intento de censura es una afrenta directa a los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. En una sociedad donde los vínculos entre política y crimen organizado son una preocupación constante, no podemos permitir que leyes como esta se conviertan en la norma.
Hace unos meses, el esposo de la diputada Ruiz García, fue detenido por fuerzas federales en Apizaco, señalado como presunto líder de un grupo delictivo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Su propuesta de ley mordaza ha despertado sospechas y ha levantado polémica entre los periodistas y los defensores de la libertad de expresión.
La iniciativa propone sancionar con penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 501 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda información sobre casos judiciales. Silenciaría a la prensa y ocultaría la verdad sobre los crímenes que se cometen en Tlaxcala.
La importancia de los límites éticos en el poder. La iniciativa de Ruiz García refleja un problema de fondo: la falta de preparación y ética de algunos de los representantes (populares). Cuando se otorga poder a personas cuyo único interés es proteger sus privilegios, el resultado es un sistema político corrupto y desconectado de las necesidades ciudadanas.
“Por ello, resulta imperativo establecer mecanismos que garanticen la integridad de quienes aspiran a un cargo público. Una propuesta sería prohibir el acceso a la función pública de quienes sus familiares directos estén implicados en actividades criminales. Este no es un acto de discriminación, sino una medida de sentido común para evitar conflictos de interés y fortalecer la confianza en nuestras instituciones.
“NO a la censura, SÍ a la justicia. La censura no es la respuesta a los problemas de nuestro país. Lo que necesitamos son leyes que promuevan la transparencia, castiguen la corrupción y protejan a las víctimas de manera efectiva. La propuesta de Lorena Ruiz García, disfrazada de protección, es en realidad un intento descarado de censura y debe ser rechazada contundentemente.
“Como ciudadanos, debemos estar atentos y exigir un sistema político que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares. Decimos NO a la ley mordaza y SÍ a la justicia, la transparencia y la ética en el poder”.
En torno a la iniciativa presentada en el Congreso de Tlaxcala, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) manifiesta lo siguiente:
• La UPET reprueba cualquier intento de coartar la libertad de expresión y violentar el derecho humano a la información, ambos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
• Como organización representante del gremio periodístico, reprobamos la iniciativa de tipificar como delito la difusión de procesos penales, presentada en el pleno por parte de la legisladora de Morena, Lorena Ruiz García y que es una clara “Ley Mordaza”.
• La iniciativa presentada en el pleno por la representante popular, que se ha visto envuelta en la polémica por temas relacionados con la justicia, pretende sancionar con una multa económica y hasta cárcel a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales.
• Para quienes ejercemos el periodismo, es preocupante que este tipo de planteamientos se hagan sin un fundamento real y representaría además un retroceso para a la labor periodística pues limitaría abordar asuntos de interés público.
• Mencionar que desde marzo del año 2022, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Ingrid” que establece sanciones a funcionarios públicos y ciudadanos que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
• Como medios de comunicación no permitiremos que se impida el desempeño de nuestra labor periodística, por lo que hacemos un llamado a los integrantes de la actual legislatura para desechar dicha propuesta que atenta contra la libertad de expresión.
Es claro que, para toda organización política, social y de periodistas, como Comunicadores Por la Unidad AC, siempre deben prevalecer los derechos humanos y sociales, sobre todo, el de la democracia y la información. Que nadie se cure en salud. Si saben cómo es el león, pa´qué le pisan la cola…
argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com
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