En medio de una tensión diplomática silenciosa entre México y Estados Unidos, el gobierno estadounidense retiró las visas a más de 50 políticos mexicanos, como parte de una estrategia para endurecer su postura frente al narcotráfico y los presuntos vínculos del poder político con el crimen organizado.
Hasta ahora, no existe una lista pública ni oficial de las personas afectadas. Washington no está obligado a explicar los motivos detrás de cada caso, ni a notificar al gobierno mexicano, por lo que el tema se ha manejado con un alto nivel de discreción. Aun así, varios nombres ya salieron a la luz, ya sea porque los implicados lo confirmaron o porque sus casos fueron filtrados en medios locales.
Contexto: una medida con tintes políticos
De acuerdo con Reuters, esta ola de revocaciones forma parte de una “nueva guerra contra la corrupción y los vínculos con el crimen” impulsada por agencias estadounidenses desde mediados de 2025.
A diferencia de sanciones económicas o juicios penales, revocar una visa no requiere pruebas judiciales ni acusaciones formales: basta con que el Departamento de Estado considere que la persona “participa en actividades contrarias al interés nacional”.
El gobierno mexicano ha pedido explicaciones. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no cuenta con información oficial sobre los nombres involucrados y que Estados Unidos no suele compartir esos datos, salvo en casos de cooperación directa en materia de seguridad.
Confirmados: los que reconocieron la revocación
Entre los casos más notorios está el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien confirmó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres, perdieron su visa estadounidense. Ambos negaron cualquier vínculo con actividades ilícitas y atribuyeron la medida a “malentendidos políticos”.
También el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, reconoció que su visa fue cancelada. Aseguró que se trató de un asunto administrativo y negó tener investigaciones abiertas en México o Estados Unidos.
Otro de los que rompió el silencio fue el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien reveló que el 31 de julio de 2025 recibió un correo electrónico notificándole la revocación. Dijo desconocer las razones, aunque especuló que podría estar relacionado con declaraciones suyas sobre los aranceles al jitomate.
A la lista se suman nombres menos mediáticos pero reportados por medios nacionales, como Hernán José Vega Burgos, exdelegado del Instituto Nacional de Migración y magistrado electo, y Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco. Ambos casos fueron publicados por Infobae con base en versiones internas, sin confirmación oficial.
Los probables: perfiles bajo sospecha (sin prueba ni documento)
Aunque no hay una lista oficial de los 50 políticos mencionados, diversas columnas y filtraciones han señalado a perfiles que podrían estar incluidos según su nivel de exposición, su cargo o sus antecedentes.
Entre ellos, exgobernadores de estados con fuerte presencia del crimen organizado, funcionarios fronterizos, legisladores de Morena con acusaciones de corrupción y exservidores públicos federales con vínculos políticos en el norte del país.
En algunos medios locales se mencionó a figuras como Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo Luis Samuel Guerrero, así como a Sonia Villarreal, funcionaria estatal en Coahuila, aunque ninguno de ellos ha confirmado oficialmente la cancelación.
Estos casos no deben considerarse comprobados. Ninguna fuente del Departamento de Estado ni de la embajada estadounidense ha publicado una lista ni comunicado formal sobre quiénes integran el grupo de 50 afectados.
