Provocó el Gobierno Federal una tragedia social al reducir 75% el riego en Chihuahua
*El Gobierno de López Obrador despojó con la fuerza armada al estado de Chihuahua del agua de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para dársela a los Estados Unidos, por lo que la escasez se convertirá este año en un desastre con la drástica disminución de los cultivos.
Ciudad Delicias, Chih.- En este mes de febrero, el fantasma de la desgracia ya sobrevuela en ominosos círculos, como bandada de zopilotes, sobre la región Centro-Sur del estado de Chihuahua, porque se está cumpliendo la previsión de los agricultores. Los campesinos saben que el agua de que los despojó Andrés Manuel López Obrador para entregarla a los Estados Unidos en pago a la deuda por el Tratado Internacional de Aguas, va a hacerles falta para regar las tierras cuando inicie el ciclo agrícola de este año, que arranca en marzo y termina en septiembre.
En esta temporada, solamente se va a poder sembrar un 25 por ciento de la superficie que normalmente se programa cada año, de acuerdo al riego autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque la dependencia no lo ha querido hacer oficial, porque el Gobierno Federal está exigiendo que los agricultores le devuelvan el control que tienen físicamente de las instalaciones de la Presa La Boquilla. No obstante, la Comisión Nacional del Agua ya comenzó a circular entre el Comité Hidráulico un documento con la cantidad de agua disponible y las hectáreas que se podrán regar. Y así se confirmó que la catástrofe es gigantesca.
Los manifestantes, que están en la presa desde el 8 de septiembre pasado, han decidido no entregar las instalaciones. «¿Por qué nosotros nos aferramos a cuidar esa agua? Porque la tenemos concesionada por parte del Gobierno Federal, por eso nos sentimos dueños de esa agua», dijo uno de los agricultores, en rueda de prensa la semana pasada, en su campamento de la Presa La Boquilla, que los productores del Sistema de Riego 05 tienen tomada con un plantón desde el 8 de septiembre del 2020, día en que corrieron a la Guardia Nacional. Desde entonces, el Gobierno ya no pudo sacar más agua de este vaso de almacenamiento.
De acuerdo a información oficial del Sistema Nacional de Información del Agua perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las tres principales presas de Chihuahua tienen el siguiente almacenamiento de agua, en corte al 12 de enero pasado: El Granero, que se ubica en el municipio de Aldama, cuenta con 128 millones de metros cúbicos (Mm3), equivalente al 44 por ciento de su capacidad total; Las Vírgenes en Rosales, reporta 62 Mm3 (18 por ciento) y La Boquilla en San Francisco de Conchos, tiene 890 Mm3 (31 por ciento). En suma, las tres presas cuentan con mil 080 Mm3 de los cuales, 503 Mm3 representan el volumen mínimo que deben tener para preservar la estructura en buenas condiciones y no afectar el ecosistema, por lo que únicamente se dispone de 577 millones de metros cúbicos para los dos Distritos de Riego: el 05 y el 090.
EL TAMAÑO DE LA CATÁSTROFE
¿De qué magnitud es el daño?
El impacto de tal reducción sobre la región Centro-Sur de Chihuahua va a ser del tamaño de los 20 mil millones de pesos en pérdidas, monto que va a dejar de ingresar al Producto Interno Bruto del estado, tan sólo por las cosechas que ya están perdidas; esto afectará a todos los sectores: comercio,
turismo, empleo, bienestar en general. Aquí, el 85 por ciento de la riqueza de los ocho municipios comprendidos, proviene del campo. Con este golpe, además van a subir los precios de los productos al consumidor. El Distrito de Riego 05 comprende los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes, en tanto que el Distrito 090 riega tierras en Ojinaga, el noveno municipio.
De acuerdo al diputado federal Mario Mata Carrasco, en entrevista concedida a Buzos, éste “va a ser un daño a nivel nacional, ya que aquí somos el primer lugar en producción de chile verde, en producción de alfalfa forrajera, en chipotle, en avena, en cebolla y en otros cultivos como el nogal, hortalizas, o sea que sí se va a poner muy difícil la situación, no va a haber alimento para el ganado, y se va a venir una crisis social muy fuerte”; al grado, estimó, de que se puede convertir en una crisis de inseguridad también, por la pandemia, que se va a empalmar con la reducción adicional a la economía regional que significa la falta de producción agrícola. En esta grave situación, la gente se va a quedar sin trabajo y sin forma de acceder a un abasto suficiente de alimentos, sin dinero para pagar sus servicios, la educación, el vestido, la vivienda. “Con el agravante de que ya no va a tener la válvula de escape que había antes, que es la de irse a los Estados Unidos a trabajar”, agregó el legislador.
ES UNA GUERRA DESIGUAL
“«Es una guerra»: la lucha por el agua estalla en la frontera de México”, cabeceó The New York Times, en un reportaje con el que, en octubre pasado, hizo la reseña de esta lucha de los agricultores por la defensa de sus recursos, contra los intentos y maniobras del gobierno de la “cuarta transformación” de Andrés Manuel López Obrador para despojar a Chihuahua del agua de sus tres presas más importantes y mandarla a los Estados Unidos para el pago en especie de una deuda dentro del Tratado Binacional de Aguas y Límites.
¿Cómo justificó el lópezobradorismo la masiva intervención militar con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano? ¿Cómo trató de vender como bueno y provechoso para el país el envío por la fuerza de millones de metros cúbicos a los Estados Unidos, al mismo tiempo que vaciaba las presas que en Chihuahua se utilizan para producir verduras, granos, materias primas, leche y comida de todo tipo? En sus “mañaneras”, el presidente López Obrador se dio vuelo en su intento por desprestigiar y marcar a sus oponentes como vulgares oportunistas y ladrones, al señalar que “se utiliza el tema del agua en Chihuahua con fines político-electorales”, y que, en esa región, los agricultores se dejaban arrastrar por los intereses de poderosos “huachicoleros del agua”. Hay que recordar que el Gobierno de la 4T accionó como un gángster, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (la UIF del represor Santiago Vasconcelos) congeló cuentas bancarias al alcalde de Delicias, también las cuentas del propio Municipio de Delicias, así como a un diputado del PAN y a una de las figuras más importantes de la resistencia, el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Ing. Salvador Alcántar. Una mujer que participó en la toma de La Boquilla, Jessica Silva, de 35 años, fue asesinada a balazos por elementos del Ejército Mexicano, y su marido herido gravemente, mientras se trasladaban a su hogar, la noche de ese 8 de septiembre. Adicionalmente, hay cuatro campesinos encarcelados desde aquel mismo día, acusados de terrorismo por el Gobierno de la 4T.
Funcionarios federales, diputados locales y federales morenistas, muchos de los cuales el día de hoy empiezan a tocar puertas para pedir (sin rubor ni la mínima vergüenza) el voto ciudadano, le dieron la espalda al pueblo en la defensa del agua, y se sumaron a la guerra de lodo que desató López Obrador contra el movimiento. Con todo y calumnias.
¿CUÁL ES EL FONDO DEL CONFLICTO?
Al respecto, es necesario explicar cuál es el verdadero fondo de este conflicto, que no es político, sino técnico y que tiene su origen en causas naturales. Veamos. Las tres presas más importantes del estado, que son La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, contienen aguas de la vertiente del río Conchos y afluentes, y son vasos de almacenamiento nacionales, es importante decirlo, porque no son presas internacionales, y la diferencia es esencial. A diferencia de las presas internacionales sobre el río Bravo, como la Falcón y La Amistad, diseñadas para desviar agua hacia Estados Unidos y pagar ahí la cuota de México en el Tratado Binacional, las tres presas grandes de Chihuahua contienen, por el contrario, el agua que la nación otorgó en concesión a los productores agrícolas, con la salvedad de que El Granero, además de surtir a los agricultores de la región fronteriza de Ojinaga en el Distrito de Riego 090, se utiliza por el Gobierno federal para enviar los volúmenes que, cuando hay demasías, se entregan a los Estados Unidos en la confluencia de los ríos Conchos y Bravo. Las asociaciones de usuarios del Distrito de Riego administran las concesiones particulares, que se amparan en títulos otorgados por el Estado mexicano para su usufructo en la producción de bienes agropecuarios. Anteriormente, estas presas no cerraban sus válvulas de extracción en todo el año, porque había siembra de hasta tres cultivos por temporada agrícola; ahora, en cambio, con el agotamiento de las fuentes, el cambio climático y las sequías, los usuarios tuvieron que ahorrar agua (es decir, mantenerla almacenada en las presas), así como aprender a eficientizar el riego y el consumo del líquido. Empezaron entonces a cerrar las presas un mes, luego dos meses, y terminaron por cerrarlas durante cinco meses en el año. La extracción se suspende el último día de septiembre y se reanuda hasta el mes de marzo del siguiente año, para el inicio de los riegos de la nueva temporada. En la actualidad, en el Distrito de Riego 05 (del Centro-Sur de Chihuahua) se siembra sólo un cultivo por ciclo. Los productores confían en que, además del agua que contienen las presas al momento de cerrarlas, se les pueda incrementar el volumen con las lluvias de la temporada, que en un año regular tiene su mes más lluvioso en septiembre, algo en julio, en agosto y hasta parte en octubre. Entonces, si se cierra el ciclo con las presas vacías, ya no existe oportunidad de contar con un surtido suficiente de agua para el siguiente año. Esto explica la enorme preocupación de los productores por proteger el almacenamiento de las presas. Con la toma de La Boquilla en septiembre pasado, no se trataba de proteger la programación de los riegos de ese ciclo agrícola, que ya estaban asegurados desde inicios del 2020, sino de asegurar que el ciclo del año siguiente (2021) pudiera haber agua para producir. Por eso insistían las asociaciones de usuarios del Sistema de Riego en que los del Gobierno federal no enviaran a los Estados Unidos el agua ese año de sequía severa. Lo que estaban y están peleando los agricultores con sus movilizaciones, mítines, plantones y con el enfrentamiento con la Guardia Nacional, es el ahorro de agua para el presente año.
SETENTA O SETENTA Y CINCO POR CIENTO, DA IGUAL
Ahora que el Comité Hidráulico ya recibió la autorización de la Comisión Nacional del Agua para iniciar en marzo el riego del nuevo ciclo agrícola, el Ingeniero Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), señaló en entrevista con Buzos, que “tenemos autorizada una concesión de 385 millones de metros cúbicos para la temporada, lo que representa un 30 por ciento del total de lo que se esperaba para cubrir las necesidades del riego de los cultivos en la región”.
Como se ve, el cálculo del tamaño de la disminución de la superficie de riego varía entre el 70 y el 75 por ciento, dependiendo de la fuente consultada, pero el impacto es real.
¿En qué se va a manifestar ese impacto negativo con el recorte tan drástico del agua para el riego?
“Se va a sentir en todo -apuntó Alcántar, quien también es agricultor-. Tenga en cuenta que año con año, aquí se da empleo a miles de jornaleros que vienen de la Sierra Tarahumara y de estados como Oaxaca, Morelos y hasta de Veracruz, que este año muchos de ellos van a hacer el viaje en balde desde sus lugares de origen”.
Todo, prácticamente todo, desde el comercio, los servicios, las refaccionarias, los talleres que dan servicio y mantenimiento a la maquinaria agrícola e industrial, la venta de tractores, de camiones, de autos, de tractores, los fabricantes regionales de implementos agrícolas, los expendios de lubricantes de todo tipo, las gasolinerías, los supermercados, las tiendas de ropa, las tienditas de abarrotes, las panaderías, las tortillerías, los restaurantes, las fondas, los puestos ambulantes de comida, todos quienes surten a la gente que se dedica a la agricultura y a todas las actividades secundarias y relacionadas con ello, se van a ver afectadas por culpa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió un buen día poner por delante su relación con el gobierno de Donald Trump, a quien no quiso hacer enojar, y pagar a toda costa la deuda que el país tenía en agua dentro del Tratado de Aguas y Límites de 1944.
¿HAY ALTERNATIVAS?
¿Qué medidas se pueden tomar al respecto para atenuar la crisis?
El diputado Mario Mata fue directo: “Si hubiera la voluntad política del Gobierno Federal, hay muchas medidas que podrían ser paliativas a este problema, podrían venir aquí a Chihuahua a negociar con los agricultores, a establecer el diálogo”. Una medida muy sencilla es ayudar económicamente a los pequeños productores, que son el 90 por ciento de los productores de la región, y se les puede ayudar con dinero, una ayuda económica por este año; igualmente se les podría ayudar con los pozos que tengan ahorita algún problema con las concesiones o de papelería, “pues acelerarlo, pero está cerrada totalmente Conagua, no hay posibilidades de diálogo, incluso están totalmente cerradas físicamente sus oficinas, y es un problema realizar cualquier trámite”.
“Pero lo principal es que haya voluntad política, y que vengan aquí a la región, porque ni siquiera han hecho eso desde que iniciaron el conflicto”, agregó.
¿Hay alternativas todavía para enderezar esta situación?
“Yo lo que digo es que si ellos (el Gobierno federal) viniera aquí, juntaran a los agricultores, propusieran medidas alternativas… una, sin duda es la ayuda económica, esa va a ser indispensable, la ayuda económica a los agricultores, y también tendrán que incrementar la ayuda hacia la región, porque hay una sequía, que es la sequía más fuerte que tenemos desde hace 35 años”.
Aquí se van a juntar los dos factores: la sequía severa y general, la falta de agua para riego en las presas, y se sumará la crisis por la pandemia, que ya provocó que muchos negocios hayan quebrado y cerrado sus puertas, que envió a los trabajadores a la pérdida de empleos en el último año.
“Y todo por el mal manejo que han tenido de la pandemia”, acusó el también ex presidente municipal de Delicias y actual diputado federal por el V Distrito de Chihuahua.
Es un panorama negro, “una verdadera situación de emergencia, que no está en el futuro, porque ya lo estamos viviendo, yo no había visto esto, algo igual, desde 1995, cuando fue por sequía, fue por la naturaleza, no por la mano del hombre; pero ahora que fue por las malas decisiones políticas y administrativas del Gobierno Federal, pues es muy lamentable”.
