Propone Santiago Nieto Unidades de Inteligencia Financiera en el ámbito estatal
– Durante su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020, el titular de la UIF reconoce además el trabajo de investigación de la Fiscalía General de Chihuahua que permitió la detención de ex gobernador
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, consideró necesario construir en el ámbito local, unidades de inteligencia patrimonial económica que pudieran servir como mecanismos de integración de información, de la manera en que lo hace la UIF a nivel federal, para ayudar a combatir la corrupción.
Expresó que además, se tiene que avanzar en el intercambio de información entre las instancias estatales y las federales.
Al participar en el panel: Realidad del combate a la corrupción en el ámbito penal, del ENAC 2020, por medio de videollamada, el titular de la UIF reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en las investigaciones para combatir los actos de corrupción cometidos por la anterior administración estatal.
“Hay que reconocer todo el trabajo que se desarrolló para poder en este momento tener detenido al exgobernador en Estados Unidos, creo que es importante avanzar en la extinción de recursos en favor de la propia entidad federativa, particularmente con los bienes que están en la Unión Americana”, declaró.
Dijo que resulta trascendente un análisis sobre el diseño institucional que tiene México para el combate a la corrupción, incluida la reforma constitucional de 2014 y la de 2015 que generaron el actual modelo de la Fiscalía General de la República y del Sistema Nacional Anticorrupción.
Expuso que “en muchas ocasiones hemos planteado que es insuficiente este modelo para poder enfrentar la problemática que presenta el tópico de la corrupción de nuestros días en México”, indicó.
Indicó que el barómetro global sobre la percepción de la corrupción en México señala que en 2017, el 61 por ciento (%) de las personas estaban convencidas que se vivía un proceso de corrupción sistémica y para 2019 disminuyó al 41%, en un proceso importante de decremento de esta percepción.
En el caso particular de Transparencia Internacional, México se situó en el lugar 138 de 180 países analizados, con una calificación de 28 puntos y actualmente se tienen 29 puntos, por lo cual falta mucho por caminar en esta materia.
Explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue formado con ciertas carencias, como la de que el SAT no forma parte del mismo, por lo cual no se puede saber si existen casos de defraudación fiscal por parte de servidores públicos.
Dijo que en segundo lugar está el tema de la parte financiera, “se conoce cuánto se reporta el servidor público que tiene, pero no se sabe cuánto es lo gasta en tarjetas de crédito, compra de vehículos, compra de bienes inmuebles, transferencias internacionales, por lo cual no se tiene claro el panorama”.
Manifestó que un tercer elemento es que la parte penal no queda estructurada de tal forma que pudiera complementar todos los espacios en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción.
Resaltó que existen delitos de condicionamiento de programas sociales o peculado electoral, que pasan por el análisis y en los cuales las conductas tienen una relación penal electoral, por lo que el Sistema debería contar con la presencia del SAT, la Fiscalía de Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para tener una dinámica global a nivel federal.
Aseveró que también falta construir en el ámbito local las unidades de inteligencia patrimonial económica que pudieran servir como mecanismos de integración de información, de la manera en que lo hace la UIF a nivel federal.
El especialista expresó que se tienen dos instancias en lo federal y una de las locales, por lo cual hay 34 áreas que tratan los asuntos de corrupción de servidores públicos, sin embargo, si no tienen los sistemas computacionales para el intercambio de información, la información no es fidedigna como si se tienen en otras latitudes del mundo.
Otro aspecto es que no se tienen policías especializados, puesto que la dinámica es otra a los robos, delitos sexuales, a los de corrupción donde los contextos son otros, las diligencias mínimas que tienen que realizar son otras, lo que plantea la necesidad de homologar los procedimientos, tipos de prueba y las acciones de la policía durante la investigación, para poder judicializar las carpetas.
También existe la necesidad de mejorar el servicio civil de carrera, con mecanismo de ascenso, promoción de quienes forman parte de las instituciones de procuración de justicia en el país.
Por otra parte, la presentación de las denuncias es sencilla pero se requiere reforzar la autonomía ministerial, con algún mecanismo interno para evitar actos de discrecionalidad, es decir, que cada célula de investigación pueda procesar sus carpetas y que no reciba órdenes.
Enfatizó la importancia de la relación ente corrupción e impunidad, porque no basta con la presentación de denuncias, el congelamiento de cuentas, se requiere pasar al combate a la impunidad, de ahí que las instituciones que tienen la capacidad de señalar las responsabilidades penales o administrativas del estado, ejerzan su función de manera independiente e imparcial, incluyendo lo que pudiera molestar a grupos políticos.
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