El Poder Legislativo de Chihuahua, envió al Congreso de la Unión, una iniciativa por medio de la cual propone la expedición de la Ley de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable, y abrogar la Ley de Energía para el Campo.
Lo anterior, fue presentado por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quien detalló que dicha propuesta se realizó con la finalidad de que todos los productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros, tengan acceso real a insumos y precios de estímulos o cuotas preferenciales que les permitan ser competitivos en la producción del sector rural no solo a nivel local, sino también internacional.
Sustentó la propuesta, tras señalar que dentro de la Constitución Política de México, se establece que el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de fomentar la agricultura sustentable que permita a los diversos productores del país, obtener el sustento diario para ellos y sus familias, al contar con los estímulos y cuotas necesarios para desarrollar su actividad de manera adecuada y en beneficio de la sociedad.
“A lo largo de 18 años de existencia de la Ley de Energía para el Campo, cada vez son menos los apoyos y estímulos que otorga el Gobierno Federal para los productores beneficiarios, lo que en comparación con los apoyos y subsidios que otorgan otros países a sus productores agropecuarios, deja en desventaja a este sector del País, por ello, se requiere de una nueva legislación que esté acorde a la actualidad, en donde los productores no únicamente puedan sobrevivir, sino que su producción sea rentable y puedan obtener ganancias de sus cosechas y demás productos, por ello la propuesta de creación de la Ley de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable”, agregó el Legislador.
Este nuevo ordenamiento estaría conformado por 35 artículos divididos en cuatro Títulos, a su vez, divididos en varios capítulos, en los que se establecen las bases jurídicas por medio de las que el Gobierno Federal, a través de sus secretarías y dependencias, tendría obligación de crear y mantener una verdadera política de apoyo a los productores agropecuarios.
Además, permitiría ampliar el alcance de la Ley, desde los agricultores, hacia los productores agropecuarios en general, los productores forestales, acuícolas y pesqueros; esta nueva Ley, tendría por objeto la planeación, regulación, establecimiento, procuración y asignación de estímulos y cuotas energéticas a las y los productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros, en el marco del Desarrollo Rural Sustentable.
Por otra parte, define a las instancias competentes y las responsabilidades en la aplicación de la Ley y señala la planificación anual de la dotación de estímulos y cuotas energéticas, considerando además los dos ciclos productivos en el caso de la agricultura: Primavera-Verano (PV) u Otoño-Invierno (OI); así como las condiciones climatológicas estacionales, los periodos de estiaje, y las variaciones extremas derivadas del cambio climático.
En ella, se propone también el establecimiento de un Programa Anual de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Se plantea la creación de la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable, lo que definirá sus atribuciones y competencias, y deposita en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la operación de la Política y el Programa Nacional de Cuotas y Estímulos Energéticos para el Desarrollo Rural Sustentable; también, entre otras cuestiones, se contemplan las sanciones a los infractores de la Ley; finalizó el Legislador.
—-
En Sesión Ordinaria de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, fue aprobada la iniciativa de acuerdo presentada por la diputada del PAN Georgina Bujanda Ríos, en la que se exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el uso de sus atribuciones y facultades, asegure los recursos necesarios para las instancias de seguridad pública en el País y no militarice el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021.
Dentro de su participación, Bujanda Ríos señaló que, como prioridad de la estrategia de seguridad para 2021, el PEF señala la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los principales objetivos y, para ello, contempla destinarle un presupuesto que asciende a los 35 mil 671 millones 328 mil 458 pesos, se trata de un incremento de casi el 18 por ciento en términos reales, es decir más de cinco mil millones de pesos por encima de lo contemplado para el 2020.
Se plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá invertir por lo menos 500 millones de pesos para la construcción de 76 cuarteles para dicha fuerza; caso contrario, el proyecto de presupuesto, pareciera que prevé un pequeño incremento del 2 por ciento en términos reales respecto del ejercicio fiscal pasado, sin embargo, esta alza se justifica en el incremento a la Guardia Nacional, ya que en los demás apartados existen solo reducciones.
Otro recorte planteado, es en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a que se pretenden destinar 843 millones 727 mil 642 pesos en 2021, 12 millones menos que lo aprobado para este año.
Para el Fondo de Portaciones para la Seguridad Pública, se proponen 7 mil 695 millones 616 mil 328 pesos en 2021, que en términos reales es un avance de cero por ciento respecto del ejercicio inmediato anterior, con ello, se debilita a los policías más cercanos a la ciudadanía.
La legisladora, dijo que el despliegue de militares en tareas policiales puede ser una demostración de voluntad política de ganarle al crimen y la violencia, pero ello está lejos de asegurar una cura para la enfermedad, la historia propia, así como las experiencias de otros países dan cuenta de que más que ayudar a combatir la inseguridad, la militarización del País trae consigo grandes consecuencias, como violaciones a derechos humanos.
“La búsqueda por la seguridad y paz de la ciudadanía, debe ser con un enfoque preventivo y orientado a brindarle oportunidades a las poblaciones más vulnerables que sufren la violencia”, agregó la Legisladora.
Es por lo antes mencionado, que el Congreso de la Unión debe buscar que los recursos asignados a la Seguridad Pública incrementen, ya que de esa manera, se avanzará en el combate al crimen.
“Si bien es cierto, las fuerzas armadas realizan labores vitales en nuestro País, estas deben de atender a la propia naturaleza de las mismas, debido a que los elementos que las conforman cuentan con una preparación diversa, no son entrenados para ejercer funciones preventivas o de investigación, son adiestrados para repeler agresiones”, puntualizó.
Para finalizar su exposición, conminó a sus compañeras y compañeros diputados a no permitir que a través del presupuesto se ponga en peligro el arduo trabajo realizado por años en materia de seguridad, pero sobretodo, no permitir como legisladores que se pongan en peligro la seguridad y paz de las y los mexicanos.
—
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Senado de la República, a fin de que se suscriba la Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Marisela Terrazas Muñoz del PAN, quien determinó que de igual manera, se solicita al Canciller Marcelo Ebrad Casaubón, informe a esta honorable soberanía en un periodo de 30 días naturales, las causas por las cuales México no suscribió la Declaración antes mencionada.
Ante esto, dijo que el pasado 22 de octubre del presente año, se firmó la Declaración del Consenso de Ginebra, que establece varios puntos en materia de salud y de protección a la vida de los nacidos y no nacidos, a la que se unieron diversos representantes de las regiones del mundo.
Expresó que los copatrocinadores de este pacto son Brasil, Egipto, Hungría, indonesia y Uganda, en representación de las distintas regiones (América Latina, Medio Oriente, Europa, Asia y África) de 32 países que se sumaron y adhirieron a la Declaración.
Comentó que el Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos, explicó que la Declaración establece cuatro metas principales en tono a la salud, en este caso: mejores servicios de atención para las mujeres, preservación de la vida humana, fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad, así como el derecho de cada país a proteger su soberanía de las políticas globales.
“Este acuerdo internacional reafirma la inherente dignidad y valor del ser humano, así como que cada ser humano tiene el derecho a la vida. Por ello los países que firman la Declaración se comprometen a permitir que las mujeres puedan trascurrir con seguridad el embarazo y el nacimiento y proveer a las parejas las mejores oportunidades de cuidado para la buena salud de su hijo”, afirmó la legisladora.
Además de esto, concretó que el documento establece un punto de inflexión en el panorama internacional reciente respecto a la interpretación que se ha dado a la promoción de salud de la mujer y de la familia; la Declaración recupera los derechos humanos universalmente reconocidos que se han ido desnaturalizando en los últimos tiempos y al mismo tiempo cristaliza principios esenciales a favor de la mujer, la familia y la soberanía nacional, los cuales deben estar en el centro de todas las políticas y programas internacionales.
“La Declaración del Consenso de Ginebra puede ser un instrumento idóneo para una transformación de la política multilateral, empleándose como un catalizador para la consolidación de la familia como pilar primordial de la humanidad. Esta Declaración es un documento histórico, que establece claramente una posición como naciones sobre la salud de las mujeres, la familia, el honor a la vida y la defensa de la soberanía nacional”, finalizó.
—
En Sesión Ordinaria realizada a través de acceso remoto, el Congreso de Chihuahua exhortó a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a efecto de vigilar, y en su momento sancionar las malas prácticas en el alza de precios en insumos médicos, medicina y equipo de protección, así como la disminución en la calidad de los productos antes señalados.
De la misma manera se pidió garantizar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores dentro del Estado de Chihuahua.
La propuesta aprobada de manera urgente por integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, fue presentada por el diputado de MORENA, Benjamín Carrera Chávez, quien señaló en la exposición, que ante el aumento de contagios por COVID-19, se ha visto un incremento en la demanda de oxígeno, lo que ha desatado un desabasto y altos precios.
Destacó que los nosocomios públicos y privados se encuentran saturados para la atención a pacientes de coronavirus, la demanda de tanques de oxígeno, medicamentos, cubre bocas, caretas de seguridad y el equipo que utiliza el personal médico, se han elevado al grado que conseguir uno de estos artículos es complejo para atender a los pacientes en casa.
“El precio de un tanque de oxígeno oscila entre los 2 y 7 mil pesos, lo que en promedio equivale a casi 40 días de trabajo, es decir el precio es a razón del proveedor, empresas que se dedican a la renta y llenado de oxígeno medicinal han incrementado a más del triple la venta de este elemento durante el último mes, han hecho de la desgracia una fuente de ingresos, carente de sentido humano”, enfatizó el Legislador.
La omisión por parte de esta asamblea, así como de las autoridades facultadas para la supervisión, calidad de estos productos y en su caso, sanción por la elevación del precio, pudiera encuadrar en un delito de lesa humanidad, es un asunto que a todos nos interesa y nos responsabiliza sobre el actuar en cada una de los poderes y entes de gobierno, agregó Carrera Chávez.
“Subir exorbitantemente el precio de los insumos médicos, medicina y equipo de protección es inhumano, un crimen, un atentado contra de la economía de las familias. La vida no tiene precio, el gobierno debe garantizar a los habitantes los medicamentos, en el caso más extremo garantizar que estos bienes no sean acaparados y vendidos a precios desproporcionados por particulares”, apuntaló.
Por otra parte, expresó que el sector de médicos, enfermeros y personal de salud, se han visto en la necesidad de adquirir por cuenta propia algunos de los insumos que requieren para el desarrollo de su profesión, ya que los otorgados por sus superiores son mínimos o de calidades inferiores a las requeridas por su área de trabajo, “recordemos que muchos héroes de la salud están en áreas COVID, donde durante 8 horas no pueden tomar agua, donde deben de portar la protección necesaria para protegerse y proteger a sus familias”.
Es por lo antes mencionado, que se hace la petición urgente a las autoridades facultadas para garantizar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, actúen y sancionen a quien lucra con el dolor, finalizó el iniciador.
—-
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada del PAN, Patricia Jurado Alonso, en la cual se exhortó al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se realicen las acciones necesarias para que se otorgue un subsidio a la Entidad en el costo del Gas LP, Gas Natural, derivados del Petróleo de uso doméstico y energía eléctrica, para la temporada invernal 2020-2021.
La iniciadora detalló que según lo informado por la coordinación de Protección Civil, se espera para este, como cada año, temperaturas extremas para la temporada invernal, de hasta menos 11oC, lo que incluye en algunas veces, caída de nieve y aguanieve. Lo anterior en coincidencia con la información publicada por el Sistema Meteorológico Nacional en el que se expone que para los meses de noviembre a marzo, se espera una temperatura mínima promedio mensual inferior a 10°C en regiones de Chihuahua
En atención a lo anterior y a sabiendas de los altos costos de los hidrocarburos y energía eléctrica, se pretende prevenir y buscar apoyo para el bienestar de la ciudadanía en general, ya que estos precios provocan un importante detrimento para la economía de nuestras familias, por lo que se considera primordial solicitar que para esta temporada invernal 2020-2021, se otorgue un subsidio a los hidrocarburos antes mencionados, así como a la energía eléctrica, señaló la Legisladora.
Agregó que, la Federación ha realizado recortes a los subsidios y presupuesto para la Entidad, además, es de destacar que en la “Estructura Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, se contempla una vez más, la eliminación de programas y subsidios, por lo cual se busca un mecanismo de compensación, que por lo menos garantice seguridad familiar en el tema de hacerle frente a las bajas temperaturas y todo lo que esto conlleva.
“Lo anterior, con el fundamento de que es el mismo Ejecutivo Federal, quien ha referido en múltiples ocasiones en su discurso, que considera el bienestar de la población mexicana, como uno de los objetivos más importantes en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se observa pertinente solicitar al mismo, que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades, instruya que se realicen las acciones conducentes para el otorgamiento de un subsidio y lograr que disminuya el costo final de las fuentes de energía ya mencionadas”, finalizó la diputada Jurado.
