La Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, envió iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión, a fin de reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca como garantía constitucional la agricultura familiar y autosustentable.
Dentro de la exposición de motivos, la diputada Patricia Jurado Alonso, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que la agricultura de autoconsumo o autosustentable, se define como: “el Consumo por parte de los productores de bienes o servicios de los productos que ellos mismos producen”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, la define como el primero de tres estratos de agricultura de la siguiente manera: “Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS), que es aquella orientada exclusivamente al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción económica, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado, rentar parte de la superficie disponible y depender en gran medida de apoyos gubernamentales”, continuó.
Además refirió que, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre sus atribuciones establece que “las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar”.
Es por lo anterior que se propone al Congreso de la Unión, reformar los artículos 4, tercer párrafo; y 27, fracción XX, segundo párrafo; y adicionar a los artículos 4, un cuarto párrafo recorriendo su contenido actual y subsecuentes; y 27, fracción XX, un tercer párrafo; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:
Artículo 4o. …
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará; además impulsará la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos.
La producción de alimentos, así como la promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar y autosustentable, será considerada un área estratégica del Estado.
Es Derecho Constitucional el que toda persona tenga acceso a una almentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará
Artículo 27o. …
XX. …
Así mismo, el Estado promoverá y establecerá programas y acciones que favorezcan a la agricultura, sobre todo la agricultura familiar y autosustentable.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, a partir de la producción nacional de alimentos y de las unidades familiares de producción.
En lo local, se reformaron los artículos 5, 99 y 103 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, en materia de agricultura familiar y autosustentable; a fin de establecer que las políticas, programas y acciones del sector rural tendrán entre otros objetivo, el de promover e impulsar programas y acciones que favorezca a la agricultura, sobre todo la familiar y autosustentable.
Además, el Gobierno del Estado, en coordinación con los otros Órdenes de Gobierno, dará atención prioritaria en zonas marginadas, procurando entre otras acciones el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos en la zona, mediante el impulso a la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos
Por último, se determinó que para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Estatal impulsará, en las zonas productoras, líneas de acción en diferentes aspectos, entre ellos, la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos.
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El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, todas del Gobierno Federal, para que reconsideren en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, destinar los recursos económicos suficientes para implementar los diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en beneficio de los productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros del país.
La diputada Patricia Jurado Alonso, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, en la exposición del Dictamen, detalló que el artículo 27 de la Constitución Política de México, fracción XX, se establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público y el desarrollo rural integral y sustentable referido, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
Por otra parte, refirió que en lo relativo a los subsidios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de las reglas de operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, por el que se otorga un subsidio del 24 por ciento, es decir 390.00 pesos, por hectárea para el cultivo de algodón, para los productores que contraten un seguro de aseguramiento para la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad.
Sin embargo, al analizar el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del año 2021, se observa que varios apoyos al sector rural desaparecen, ya que el monto asignado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es para el pago del gasto administrativo, sin que se contemplen recursos económicos para diferentes programas y Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura; así como la eliminación programas de la CONAFOR.
Las acciones referidas son de gran detrimento para el sector rural, ya que al no presupuestar apoyos y subsidios, se dejará a miles de productores del País en desventaja competitiva con productores de otros países que sí reciben.
Es por lo anterior, que el Poder Legislativo de Chihuahua realizó el llamado a la Federación, para que el sector referido, cuente con las condiciones necesarias para producir en las mejores condiciones posibles, ya que si esto no sucede no solo se ven afectados ellos, sino también todas las personas que consumen sus productos, especialmente los alimentos.
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Integrantes del Congreso de Chihuahua aprobaron por mayoría de votos, una serie de dictámenes de decreto presentados por la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, por medio de los cuales se autoriza al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo y Ecología, sean enajenados a título oneroso, cuatro inmuebles ubicados en la ciudad de Chihuahua, en la reserva denominada “La Haciendita”.
Uno de los inmuebles será enajenado a favor del patronato de “Educación, Cultura, Artes y Letras, A.C.”. Dicha propiedad, cuenta con una superficie de 5-00-00 hectáreas, y será destinará para la construcción de las instalaciones de “Educación, Cultura, Artes y Letras, A.C.”
Otro se enajenó a título oneroso a favor de Jaime Arturo Escárcega Preciado, un inmueble con una superficie de 3,500.00 metros cuadrados, el cual será utilizado para la construcción de una Clínica de Reproducción.
Asimismo, se autorizó la enajenación onerosa a favor de la institución educativa denominada Mundo de Galileo, A.C., un predio con una superficie total de 12,351.42 metros cuadrados, el cual se destinará para la construcción de las instalaciones de dicha institución.
De la misma manera, se autorizó la enajenación de un predio a favor de la institución educativa denominada Instituto Educacional América, A.C., un inmueble formado por cuatro polígonos que suman una superficie total de 17,487.255 metros cuadrados, el cual será utilizado para ampliar la infraestructura propia de dicha institución educativa.
Cabe resaltar que en cada uno de los casos referidos, se estableció dentro de los decretos correspondientes, que el adquiriente se compromete a utilizar el inmueble, única y exclusivamente para la construcción de las instalaciones respectivas, de lo contrario se revertirá de pleno derecho al patrimonio del Estado de Chihuahua.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Chihuahua, así como a la autoridad responsable de la División de Distribución Zona Norte, de la misma dependencia, para que atienda la problemática de falta de electricidad de la comunidad de Cojahuachi, Municipio de Guerrero.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Rocio Sarmiento de Movimiento Ciudadano, quien dijo en su exposición de motivos, que esto se deriva de la sustracción del transformador, por parte de trabajadores de la paraestatal referida, desde el mes de junio del año 2020.
En este sentido, dijo que la Comisión Federal de Electricidad acudió a dicha región con una plantilla de trabajadores para cambiar el transformador de energía eléctrica con el que se contaba, aduciendo que el mismo, no servía y que lo iban a cambiar por uno nuevo, hecho que no ocurrió.
“A partir de ese día se dejó de contar con el servicio de energía eléctrica, sin que desde entonces, transcurridos cerca de cuatro meses del cambio de equipo señalado, los pobladores de Cojahuachi cuenten con el servicio elemental de energía eléctrica; en su desesperación por ver resuelta su problemática, que no sólo impacta en sus necesidades elementales, los habitantes han hablado con empleados de la instancia federal”, comentó.
Expresó que la CFE respondió con el argumento de que los transformadores se encuentran en la ciudad de Durango y que no saben cuándo es que llegarán para sustituir el que fue dañado; en fechas recientes y dado a la desesperación de los habitantes, se envió un documento con la solicitud de gestoría a la diputada, para solucionar esta situación.
“Hoy Cojahuachi, se suma a las estadísticas lamentables en las que, el derecho humano a la energía eléctrica, que es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones, y para favorecer el desarrollo científico y tecnológico, y que se encuentra contemplado dentro de los derechos humanos económicos, sociales y culturales que las autoridades del Estado mexicano deben proteger”, abundó la legisladora.
Condenó la falta de compromiso y de responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, que no responden con eficiencia a las difíciles condiciones de vida de las comunidades vulnerables, lo que señaló que acentúa más la marginación de sus habitantes.
“Por tal razón, solicitamos empatía y apoyo para aprobar el exhorto planteado, de tal manera que el Superintendente en la entidad, así como la autoridad responsable de la División de Distribución Zona Norte, ambos dependientes de la CFE, y en donde el objetivo de la citada División de Distribución es el de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, se avoquen a mayor brevedad, a resolver la problemática que hemos referido”, finalizó.
