La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
* Vialidad y Tránsito: desdén, ilegalidad e insensibilidad inaceptables.
* Seguridad pública: asignatura pendiente para el Gobierno Estatal.
Es el colmo de la negligencia lo que ocurre en la Dirección de Vialidad y Tránsito. Hace unos días al acudir a dicha instancia, acompañada de su representante jurídico, una mujer recibió de las autoridades una negativa tácita, al solicitar el expediente con los documentos relativos al incidente vial en el que meses atrás resultó atropellada y lesionada. La indolencia, la falta de sentido común y la insensibilidad política parecen ser comunes en algunas y algunos servidores públicos de esa corporación de seguridad del Estado de Chihuahua.
A la solicitante, y protagonista-víctima de los hechos relatados en el citado expediente documental, prácticamente le fue negada la entrega de una copia del expediente que, por razón lógica y natural, le pertenece a ella, más que al Gobierno del Estado, el cual tiene el deber de brindar a los ciudadanos directamente involucrados la información que le requieran, cuando la misma les resulte a éstos imprescindible para la promoción de acciones legales, o de otra índole, que a sus intereses convengan.
La señora solicitante -quien debido a su estado de salud derivado de las lesiones sufridas en el incidente vial referido, hizo un esfuerzo especial para trasladarse a las oficinas de Vialidad y Tránsito- sólo recibió una copia de su declaración asentada en el expediente, diciéndosele que el resto de la información documental contenida en el expediente sólo la podían entregar si se las llegara a solicitar el Ministerio Público. Esta respuesta final se le dio a la señora después de haber tenido que entrevistarse con el Comandante “X”, el Departamento Jurídico, y el Comandante “Y”, es decir, después de haberla traído “de Herodes a Pilatos”.
¿Acaso no comprenden las autoridades que cuando un ciudadano solicita un documento relativo a hechos y datos personales propios, no lo hace con la finalidad de escribir anécdotas, historias o poemas, sino para realizar acciones o gestiones de mayor trascendencia para su vida personal y familiar, tales como demandas, querellas, denuncias o amparos, con el objeto de apelar a la protección de la justicia a fin de salvaguardar su salud, su patrimonio y sus demás derechos humanos? ¿Acaso no es, “Justicia para Chihuahua”, el eslogan que más utiliza la mercadotecnia política oficial diseñada por la actual administración del Estado? ¿Es justicia para Chihuahua, negarle a una joven madre -viuda, severamente lesionada, y desempleada-, los papeles que necesita para sacar adelante su vida, y la de sus dos menores hijos que dependen de ella?
Los recientes hechos ocurridos en los municipios de Chihuahua, Bocoyna y Gómez Farías, el primero de los cuales fue el lugar donde ocurrió el atentado que privó de la vida a Georgina Tapia, funcionaria del Poder Judicial del Estado; el segundo, escenario donde se efectuó la ejecución de 4 agentes de la policía
estatal; mientras que en el tercero fue gravemente herido de muerte el alcalde electo, Blas Godínez; han resonado con estruendo en los ámbitos local y nacional. La ineficaz respuesta del Gobierno del Estado ante la problemática de inseguridad que hace dos años fustiga a la entidad, vuelve a ponerse de manifiesto a través de estos lamentables acontecimientos, mismos que además son la gota que derrama el vaso, al confirmar que los chihuahuenses hoy vivimos una verdadera crisis de seguridad, respecto de la cual todos tememos, y de cuya existencia nadie duda.
Como es de suponerse, por su delicadeza, la inseguridad de Chihuahua ya alcanzó una dimensión política. La dirigencia local del partido MORENA, y su fracción legislativa en el Congreso del Estado, han reaccionado exigiendo la comparecencia del Fiscal, Cesar Peniche, ante ese órgano de representación popular, y asimismo demandan al gobierno estatal el otorgamiento de garantías de seguridad para la familia del alcalde Godínez y los miembros del ayuntamiento a su cargo, así como para los líderes y dirigentes morenistas en los municipios de la región noroeste del Estado. Además, han publicado un boletín mediante el que, aunado a las acciones antedichas, hacen un llamado al gobernador Javier Corral Jurado, para que asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad en Chihuahua. Indiscutiblemente, la seguridad es una de las grandes asignaturas pendientes en la agenda de la actual administración pública estatal.
