La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
* La caravana migrante: problema político, jurídico, económico y social.
* El alza al impuesto predial: la irritación frente a la insensibilidad.
La Caravana Migrante que desde hace días viene recorriendo el territorio mexicano, habiendo partido desde nuestra frontera sur con Guatemala, es un evidente signo de la adversa situación socioeconómica que priva en no pocos países del centro y sur del continente americano. Además, tal fenómeno es una amenaza a la seguridad fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que la finalidad de los seis mil migrantes que integran dicha estampida humana es ingresar a ese país, en busca de oportunidades de trabajo y subsistencia. Tal acontecimiento ha puesto en entredicho, sin duda, la capacidad de contención del Estado Mexicano, en lo concerniente a la protección de sus fronteras, y constituye a la vez una transgresión –aunque relativa- al marco jurídico aplicable.
Asimismo, esta masiva manifestación de naturaleza migratoria tiene una importante repercusión en el aspecto político, justamente a unas semanas de la conclusión de una administración gubernamental en México -que ante la presión estadounidense hace lo posible por atender el asunto-, y el comienzo de otra, a la que -pese a dar muestras de asumir nuevos paradigmas populistas en la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno- le significará un reto la solución de dicho caso si éste no se arregla en las postrimerías del actual sexenio. Ya ejerciendo el cargo de presidente, Andrés Manuel López Obrador vería puestas a prueba su filosofía liberal y populista, así como sus vínculos de solidaridad con sus colegas mandatarios –principalmente los de tendencia izquierdista- de Latinoamérica, pues el tratamiento dado al asunto podría generar la aprobación o desaprobación de éstos, dependiendo de las consideraciones que México tenga hacia los requerimientos y presiones de los Estados Unidos.
Desde el enfoque social, la multitudinaria peregrinación integrada por mujeres, hombres y niños de origen guatemalteco y hondureño –y quizá también por beliceños, salvadoreños, nicaragüenses y panameños- representa una crisis humanitaria que revela el complejo escenario que se vive en Centroamérica y Sudamérica, donde los temas relativos al bienestar social, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo humano, hoy más que nunca parecen ser sólo una receta teórica o un quimérico ideal, propios para el discurso político, pero inasequibles en el terreno de la realidad material.
Para México, el tránsito de esta migración masiva implica riesgos de seguridad pública, ya que ante la falta de recursos para el sostenimiento de sus necesidades alimenticias, algunos miembros del contingente podrían cometer actos delictivos –robos, asaltos o asesinatos- con el objeto de satisfacerlas. Asimismo, el trayecto de los centroamericanos representa un potencial peligro para la salubridad de las poblaciones que toquen en su recorrido, pues tanto la contaminación que podría generar la eventual evacuación de sus excretas a la intemperie, como las
inadecuadas condiciones de aseo personal inherentes a una travesía de esa índole, y la potencial portación de enfermedades que podría haber en dicho conglomerado humano, constituyen evidentes factores de riesgo sanitario.
Los integrantes de la caravana han rechazado el plan “Estás en Tu Casa”, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, pues han admitido que su objetivo no es quedarse en México, sino llegar a los Estados Unidos; sin embargo, han dicho que les resulta más atractiva la oferta migratoria lanzada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y ahora se dirigen –al menos temporalmente- a la Ciudad de México, atraídos por el ofrecimiento del futuro mandatario.
Fuerte controversia desató durante la anterior semana el pretendido incremento de 22% al impuesto predial, anunciado por la Presidencia Municipal de la capital del Estado de Chihuahua. Pese a que el horno no está para bollos, ya que según la percepción mayoritaria de los chihuahuenses hay escasa obra pública y un significativo y perjudicial incremento en la inseguridad pública –no solo en la capital sino en todo el territorio estatal-, la alcaldesa María Eugenia Campos se atrevió a anunciar al público sus pretensiones, quizá sin medir las consecuencias que tan temeraria decisión acarrearía en un momento como el actual, en el que las autoridades deben actuar con especial sensibilidad política y social.
Las irritadas respuestas de la ciudadanía ante la intención de la alcaldesa no se hicieron esperar, pronto circuló en redes sociales y en medios periodísticos una serie de reclamos mediante los que los airados chihuahuenses censuraron a Campos tal medida, argumentando, entre otras razones, el fuerte impacto que una acción de esa naturaleza tendría en la economía familiar. No faltó quien recordara que años atrás, cuando María Eugenia Campos era diputada, ésta se oponía a las alzas del predial, explicando que tales aumentos golpeaban al bolsillo de las familias.
Incluso, hubo una notable reacción política, pues Francisco Humberto Chávez Herrera, diputado de MORENA, formuló, y obtuvo la aprobación ante el Congreso del Estado, de un exhorto en el que solicitó a los 67 municipios del Estado de Chihuahua, no aumentar el impuesto del predial a más del 5% al año, y evitar que en la capital se eleve al 22% como pretendió hacerlo la administración de Campos. A su vez, Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador de la bancada morenista, instó a la presidenta municipal a escuchar y atender la opinión de los chihuahuenses. Finalmente, la insensibilidad fue derrotada por la irritación política y social, viéndose obligada la alcaldesa a retractarse de su impertinente pretensión.
