La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
* La austeridad lopezobradorista: un necesario y buen comienzo.
* Los cambios en el gabinete corralista: el costo de los compromisos.
Han levantado comentarios las diversas medidas anunciadas a últimas fechas por Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente electo de México. La reorganización del sistema de coordinación y mando de las dependencias federales en las entidades del país, al subordinarlas bajo la directriz de un representante del gobierno federal en cada estado, ha sido bien vista, al menos en el aspecto presupuestal, pues lleva implícita una relativa disminución de la plantilla burocrática, y el consecuente ahorro en sueldos y gastos resultante de la eliminación de cientos de plazas de delegados, subdelegados y otros asistentes, para dar lugar a una reestructuración de puestos, percepciones, facultades y demás prerrogativas, que será acotada por un nuevo esquema.
La eliminación de las pensiones vitalicias, así como de servicios de seguridad personal, que el Estado ha venido otorgando a los ex presidentes de la República, también ha sido acogida con beneplácito. Asimismo, redundarán en un manejo más eficiente y racional del erario público, así como en considerables economías, los significativos topes y reducciones que, a través de la Ley de Remuneraciones, AMLO pretende imponer a los elevados sueldos asignados a las élites de la burocracia gubernamental, que hoy se integran por los servidores públicos de los más altos niveles en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, algunos de los cuales llegan a percibir por sus servicios más que el Presidente de la República, lo cual ya no ocurrirá en caso de aprobarse la nueva medida legal.
De igual modo, López Obrador ha advertido sobre la implementación de un plan de austeridad gubernamental que acabará con los dispendios presupuestales en los que se ven inmersas todas las dependencias y organismos descentralizados, por erogaciones en vehículos de lujo, teléfonos celulares, gastos de representación, y otros apoyos para un sinnúmero de funcionarios. Pronto, todos estos gastos innecesarios y superfluos -muchos de los cuales llegan a ser indignantes para la conciencia colectiva de un país que, como el nuestro, tiene a millones de personas en pobreza extrema mendigando día tras día unas cuantas monedas en las calles-, habrán de ser historia. No es posible calificar el desempeño de un presidente cuyo ejercicio de gobierno aún no ha empezado, sin embargo, por lo necesaria que resulta la anunciada austeridad lopezobradorista, ésta parece ser un buen comienzo.
En ocasiones, los compromisos políticos terminan pagándose a un precio políticamente muy alto. Luego de la liquidación de facturas políticas derivadas de los compromisos de campaña, que ocurren por las relaciones de colaboración, compadrazgos e influencias, los políticos electos suelen incorporar a la nómina pública a parientes, amigos, colaboradores, recomendados e influyentes, sin embargo, al paso del tiempo la realidad suele tornarse diametralmente distinta al
“viva viva” inicial que deviene con la asunción al poder, el reparto de puestos, y las tomas de protesta. Los cambios ordenados en la actual administración por Javier Corral, en su condición de titular del Poder Ejecutivo del Estado, han dado pauta para una diversidad de análisis y comentarios.
Son varias e importantes las áreas en las que se han dado remociones de funcionarios, entre ellas destacan, Salud, Educación y Tránsito. Durante los primeros dos años del gobierno en turno éstas áreas jamás estuvieron exentas de señalamientos, incluso las dos primeras fueron objeto de acres críticas, una de ellas por sospechas en la operación de las licitaciones de compras de insumos y medicamentos, y por otros manejos del presupuesto, y la otra, por su accidentada relación con las secciones sindicales de maestros. Los funcionarios dados de baja en estas tres áreas son Ernesto Ávila, Pablo Cuarón y Carlos Reyes, respectivamente, aunque no se descarta que en los próximos días puedan darse más cambios en otras dependencias. Por lo pronto, el área de Comunicación Social se encuentra en el ojo del huracán, pues está envuelta en un escándalo originado por acusaciones de corrupción en el manejo de licitaciones para favorecer a familiares de algunos de sus principales funcionarios.
Hay quienes al ver el resultado de la reciente remoción de funcionarios, efectuada por Javier Corral, perciben una ruptura entre éste y quien antaño fuera su padrino y mecenas, el ex gobernador Francisco Barrio. Por lo tanto, los sostenedores de esta tesis asumen como un hecho real el divorcio del actual mandatario con la llamada “Familia Feliz”, grupo panista que lo vio nacer en la política, y lo amparó durante años. Otros analistas afirman que, independientemente de las desavenencias y desencuentros personales que Corral pueda tener con unos u otros personajes del panismo, la lectura evidente de los cambios en el gabinete se interpreta como la necesidad que, ante la escasez de resultados, tiene el gobierno corralista, para generar una buena percepción en la opinión pública chihuahuense. Lo cierto es que hoy, luego de dos años de ejercicio, tanto el natural desgaste interno, protagonizado entre algunos de los principales funcionarios del equipo de gobierno y el primer mandatario del Estado, así como la percepción ciudadana respecto al desempeño de la administración pública estatal, permiten afirmar que el costo de las facturas y los compromisos políticos asumidos por Corral ha sido alto.
