La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
* Fashion Mall: no parking no bussiness, or not pay parking no bussiness.
* El caso Cabada – González Mocken: prueba jurídica y política.
* La judicialización de los tribunales laborales: medida urgente y necesaria.
En el centro comercial Fashion Mall, Plaza del Sol, de la capital chihuahuense, ha sido objeto de polémica en días recientes. El motivo es la reincidencia en el cobro a los clientes de dicho centro, por el uso del estacionamiento. Cuando el mercantilismo aparece como premisa fundamental en las relaciones entre comerciante y cliente, la opinión de este último pasa a segundo término, frente a los designios del primero.
En la víspera, este asunto ha vuelto a colocarse en el centro de la controversia, debido a que una vez más, como ocurriera años antes, el conocido centro comercial ha empezado a aplicar cobros a los clientes que ingresan a su estacionamiento. Las autoridades municipales, por su parte, han advertido a la empresa sobre la imposición de severas multas, en caso de persistir en su empeño. Además, el Departamento de Gobernación ha colocado sellos de clausura en las estructuras que impiden el paso libre de los vehículos.
Más allá de las implicaciones jurídicas que el caso tiene, resulta importante analizar el contexto ético del mismo, pues la lógica y el sentido común indican que resulta indebido cobrar la entrada al estacionamiento a quienes acuden a un establecimiento para adquirir bienes o servicios. La ingeniosa frase norteamericana “No parking, no bussiness” surgió de la necesidad de contar con estacionamiento para que los clientes acudan a las tiendas, pues sin dicho servicio estas verían reducidas sus ventas, o irían a la quiebra. En el caso de Fashion Mall, parece ser que el interés principal de la empresa es el cobro del derecho de estacionamiento a sus clientes. Pareciera que el negocio está en el estacionamiento, y que por ello la filosofía es “not pay parking, no bussiness”. ¿Se alejarán con esto los clientes de Fashion Mall? ¡Matará este centro comercial a la gallina de los huevos de oro?.
El sonado y polémico caso de la reversión del triunfo electoral a Javier González Mocken, el alcalde electo de ciudad Juárez, postulado por MORENA, respecto al cual la sentencia emitida por Tribunal Estatal Electoral ordenó revocar la constancia de mayoría que la Asamblea Municipal Electoral le había dado, puso en tela de juicio la actuación de la autoridad electoral de la frontera. Fueron tan graves y evidentes las irregularidades detectadas por el TEE, al percatarse que en 43 casillas ganadas por el alcalde Armando Cabada le habían sido escamoteados a este los resultados a su favor, y con ello el carácter de verdadero triunfador de la elección, que el Tribunal no tuvo más remedio que revocar la decisión del órgano electoral fronterizo. El resultado de la votación fue 175 mil 134 votos para González Mocken y 175 mil 982 para Cabada. La resolución local fue impugnada por MORENA, y será el Tribunal Federal Electoral (TFE), quien en ultima instancia resuelva la controversia.
Mientras eso sucede, hoy las miradas se centran en el terreno político, pues surgen las preguntas respecto al desempeño del Presidente de la AME de Juárez: ¿Por qué cometió “errores” tan burdos en la contabilización de los votos emitidos en esas 43 casillas? ¿Actuó por responsabilidad propia, o bajo línea o presión de alguna otra autoridad?. También flotan en el ambiente cuestionamientos sobre el fallo definitivo e inapelable que antes del día 10 de septiembre habrá de emitir del TFE: ¿En caso de que la lógica jurídica y la sana crítica de los hechos hagan necesaria la confirmación de la revocación aplicada a González Mocken, para reconocer el triunfo y reelección del actual alcalde, Armando Cabada, la resolución será emitida, pese a la inminente toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador –fundador y líder de MORENA- como Presidente de la República? Pronto sabremos de qué madera está hecho el TFE.
Cada vez resulta más claro el estado de inoperancia en el que se desenvuelven los órganos administrativos de impartición de justicia laboral en México. Tanto las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje (JFCA), como las locales (JLCA), -sin excluir, por supuesto, el caso de la Junta Arbitral Para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua-, han caído en un anquilosamiento burocrático que las vuelve, en el mejor de los casos, al menos inoperantes.
Flagrante inobservancia de la ley, negligencia, falta de disposición, ausencia de ética y profesionalismo, son algunas de las características que definen la gravedad que hoy aqueja a estos entes materialmente jurisdiccionales pero formalmente administrativos, que tienen la responsabilidad de dictar los laudos o sentencias laborales de los que muchas veces depende el bienestar económico de cientos de trabajadores y sus familias.
Con frecuencia, cuando uno aborda al personal de estas instancias “impartidoras de justicia”, ya sea para solicitar un expediente, o con el objeto de pedir la emisión de un acuerdo e indagar sobre el seguimiento dado a un oficio de promoción, o –peor aún- conocer el avance de un proyecto de resolución (laudo), es común recibir en respuesta expresiones como “no sabemos quien tiene su expediente”, “no he emitido el acuerdo porque no me han pasado su escrito”, o “tenemos mucho trabajo, y le estamos dando prioridad a las resoluciones cuyos interesados reclamaron por vía de amparo ”, etc. Así, de ese modo marcha la justicia laboral en México. Esto no es secreto, cualquier abogado laboralista lo sabe… y lo sufre, junto con su cliente.
La creciente ineficiencia procesal, generadora del caos que se vive en la tramitación de los juicios laborales, hace que resulte imprescindible la materialización de la anunciada y cada vez más anhelada Reforma Laboral, pues mediante ésta serán los tribunales de los poderes judiciales, federal y locales, los entes que tendrán la responsabilidad legal y material de conocer y resolver los conflictos del trabajo. Una vez que esto ocurra, los juicios laborales, en México, saldrán de la crisis que ahora viven, y habrán dado un paso significativo en la incesante búsqueda de la “justicia pronta y expedita”.
