La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Tragedia en Juárez: desorden del Gobierno Federal.
La reciente tragedia ocurrida el lunes 27 de marzo en las instalaciones de un centro de estancia temporal para personas migrantes, del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes a causa de un incendio, ha puesto de relieve una vez más los reiterados señalamientos que durante el actual sexenio la opinión pública le ha venido haciendo al Gobierno Federal. Desde mucho tiempo atrás la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada por la realización irregular de numerosas contrataciones de obras o servicios públicos, sin cumplir con las leyes que regulan tal materia.
Hoy, luego del trágico suceso, se sabe que a la empresa de seguridad (Grupo Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V.) encargada de la vigilancia y custodia de las instalaciones, el actual gobierno de México le adjudicó de manera directa y sin la participación de otras empresas concursantes un contrato por una cantidad de aproximadamente 185 millones de pesos, para brindar servicio de vigilancia y custodia en instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en 23 estados del país. También ha trascendido que no obstante que el millonario “contrato de seguridad” implicaría el despliegue de 503 elementos para cumplir lo pactado, la empresa solo tenía registrados a 4 operarios. Además, en varios medios de comunicación se ha informado que la citada empresa es propiedad de un ex funcionario de Nicaragua, allegado a Daniel Ortega, actual presidente de ese país.
Los datos de la empresa contratada por el INM son reveladores, no solo muestran la magnitud del desaseo y corrupción con los que se actuó en este caso, sino que también reavivan las suspicacias que ya existen sobre los manejos realizados en muchas otras instituciones públicas en las que el actual Gobierno Federal ha otorgado contratos de manera directa y con absoluta discrecionalidad, violando la normatividad legal que rige los procesos de licitación para dar un manejo transparente y honesto al dinero público. Los videos y la información que ha circulado en redes sociales y medios informativos muestran la falta de protocolos de seguridad, así como la negligencia de los guardias de seguridad al momento de ocurrir el funesto acontecimiento; es decir, la ausencia de condiciones para garantizar la integridad de los migrantes resguardados en las instalaciones del INM.
Las presiones y cuestionamientos a nivel nacional e internacional obligaron al presidente López Obrador a recurrir a su trillado discurso que solo sirve para ratificar la ya conocida fraseología política personal del mandatario: “investigaremos, se aplicará la ley y no seremos tapadera de nadie”. Hoy hay cinco personas detenidas, todos ellos guardias o elementos de modesto nivel, pero ningún alto funcionario ha sido responsabilizado y detenido por las graves actuaciones y/u omisiones que significan el otorgamiento irregular del contrato
referido, y la ausencia de supervisión de las condiciones de operación del personal encargado de la seguridad del establecimiento donde murieron los migrantes. La trágica muerte de los migrantes en Juárez constituye una evidencia del desorden existente en el actual gobierno.
