HABLANDO Y ESCRIBIENDO
POLÍTICA Y JUSTICIA; EL AGUA Y EL ACEITE
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
La relación entre los políticos y la justicia siempre termina en posturas antagónicas, porque quienes temporalmente se encuentran en un cargo de poder, orientan las acciones de seguridad al cumplimiento de intereses personales o de grupo, maquillando cifras y justificando acciones, que sólo se mantienen hasta que termina su encargo.
Las afirmaciones del presidente López Obrador en el sentido de criticar las acciones de supuesta venganza de la Gobernadora Maru Campos en contra de Javier Corral, confirman el desconocimiento de la realidad que se presentó en Chihuahua, además de pretender extender un halo protector en su favor, cuando de las investigaciones realizadas, se confirman conductas ilícitas del exmandatario, en temas de tortura, violación a derechos humanos, así como uso ilegítimo de poder.
Javier Corral siempre consideró que su bandera de lucha en contra de la corrupción y de Cesar Duarte, le permitiría justificar todas las acciones que quisiera, violando la esfera de derechos de las personas que fueron acusadas, procesadas y en muchos de los casos extorsionadas para que aceptaran una serie de hechos, que si bien no les constaban, supuestamente les permitiría alcanzar beneficios en el desarrollo de sus procesos.
La presencia de la Sra. Lucha Castro en el Consejo de la judicatura del Poder Judicial, resultó ser la parte más evidente de una política injerencista de Javier Corral, que permitió a la luchadora social hacer lo que quiso con los procesos de elección de magistrados y jueces, en la más completa impunidad.
Tuvo que ser la SCJN, quien en voz de su ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea, estableciera la vulneración a la división de poderes, la afectación a la independencia del Poder Judicial y la retroactividad de la Ley, como una violación flagrante en contra del entonces magistrado presidente Gabriel Sepúlveda Reyes, quien por medio de un artículo transitorio, fue sustituido por Julio Cesar Jiménez Castro, generando la peor sentencia que se haya girado en contra del Estado de Chihuahua.
El poder judicial de la federación, quien a base de amparos concedidos, les dio la razón a los abogados de todos los expedientes X, generando incluso jurisprudencia firme, que hoy se aplica y que fue creada por el licenciado Héctor Chacón Varela.
La acusación por tortura, que mantiene al licenciado Francisco González Arredondo, detenido y recluido en el CERESO, representa la parte más delgada de la cuerda donde penden los destinos de Javier Corral y Cesar Augusto Peniche.
Dentro del desarrollo del proceso del que fuera responsable de los expedientes X durante el pasado gobierno, sin duda saldrán a relucir acciones y omisiones que pueden ser consideradas como ilícitas por parte de quienes integraron la fiscalía del Estado, la consejería jurídica, además del propio exgobernador
Javier Corral deberá aprender a litigar en los tribunales y no en los medios de comunicación, bajo el amparo del presidente que podrá saber mucho de política, pero nada de procesos penales.
DESDE PARRAL SE OPONEN AL CIERRE DE LAS OFICINAS LABORALES FEDERALES
La lucha legítima que mantienen los abogados laboristas de Parral, encabezados por Mariano Cordero, para evitar el cierre de la oficina laboral federal, debe tomarse en serio, porque en caso contrario las acciones de protesta alcanzaran niveles importantes no solo en las propias oficinas de aquel Municipio, sino con toda seguridad en la capital del Estado.
Así como está dedicado de tiempo completo el magistrado Luis Villegas Montes a la concretización de la reforma laboral, sin un peso en la bolsa, así debe de evitar acciones que pudieran considerarse como obstáculos para alcanzar las metas propuestas.
Puede ser que el presidente en las mañaneras, cuando se refiere a los medios de comunicación y personaliza a quienes piensan diferente, no lo haga con otro afán, más que evidenciar las diferencias, pero el hecho es que también puede pensarse que bandas criminales buscan congraciarse con el mandatario federal, asesinando a personajes como Ciro Gomez Leyva y de esa forma, pretender dejarlo gobernar con más libertad; el atentado, iba dirigido a su persona, ni robarle la camioneta o sus pertenencias, sólo asesinarlo y eso es claro.
· ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
