HABLANDO Y ESCRIBIENDO
PODER JUDICIAL: PATIO TRASERO DEL GOBIERNO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Decía Jorge Mazpulez Pérez, en sus cátedras de derecho constitucional, que había que cuidar al poder judicial, porque es el poder de poderes, ya que además de administrar justicia, dirime las controversias entre el Ejecutivo y Legislativo, entre los Estados y Municipios y el gobierno federal con todos los demás.
Ante el escenario de violencia en que nos encontramos, donde las bandas del crimen, organizado o no, actúan con total impunidad ante la pasividad extrema de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden, el pronóstico que se prevé es cada vez más peligroso para todos.
En Chihuahua capital, la policía preventiva es una de las mejores del país, porque se respeta el servicio profesional de carrera policial, es decir no se improvisan los mandos medios, como tampoco el cargo de director; los ascensos se otorgan por méritos y los salarios son altamente competitivos, al igual que la capacitación y adiestramiento.
El diálogo permanente con el alcalde, le permite entender las necesidades de la institución y convertirse en su principal aliado para gestionar, autorizar y canalizar los recursos necesarios e incrementar su infraestructura de vigilancia, y la coordinación con las demás corporaciones.
En la fiscalía del estado no hay nada de esto, el Fiscal es nombrado por la Gobernadora, por el alto grado de confianza que le tiene, y diariamente recibe sugerencias sobre los cambios qué hay que hacer para mejorar, basados en el interés de quien se los dice.
Su cercanía con la Gobernadora debe ser aprovechada para recibir apoyos extraordinarios que le permitan resolver la problemática interna.
Por cuanto al Tribunal de Justicia, el servicio judicial de carrera es desplazado por recomendaciones de políticos, para incorporar políticos en cargos eminentemente jurídicos.
Cuando se afirma que los generadores de violencia son en exclusiva las bandas del crimen, se equivocan, ya que potencialmente los tribunales de justicia son los que de manera permanente lo hacen.
Las sentencias en divorcios que tardan más de dos años, generan violencia; las promociones de alimentos que se tardan 3 meses en acordarse, generan violencia, los estudios socioeconómicos que se programan para 8 meses después, generan violencia, las audiencias diferidas por acumulación de trabajo de los jueces, generan violencia.
El año de pandemia con su carga de rezago, no se ha actualizado, los juzgados están desbordados de trabajo y sus resoluciones, en muchas de los casos se tasan en cantidad, mermando la calidad de las sentencias, por la dinámica increíble de rezago y llegada de nuevos asuntos.
Los funcionarios judiciales que están en los supuestos de pensionarse o recibir su jubilación, no lo quieren hacer por el dinero que recibirán o simplemente por sentirse útiles y parte del equipo, pero también en muchos casos, su desempeño laboral es muy bajo, tanto por la presión permanente que reciben de quienes les exigen se vayan del tribunal y les levantan diversas actas administrativas, como también por la discriminación de que son objeto.
Se dice que, de continuar esta práctica, el tribunal podrá colapsar en varios de sus juzgados, por lo que se requiere tomar medidas fuertes, tendientes a fortalecer la institución, respetando los derechos laborales de los funcionarios, no sobrecargando de trabajo a los juzgadores y fortalecer la calidad de las sentencias que se dictan.
Los más optimistas, afirman que la mediación en dos años marcará la diferencia entre los despachos y abatirá el número de asuntos que se presenten en el tribunal y tienen razón, sólo que serían 2 años…luz.
Myriam Hernández, la magistrada presidenta, pasará a la historia como la primera mujer en dirigir el Poder Judicial del Estado, pero eso no será suficiente sino viene acompañado de acciones y medidas internas de gran calado, que mejoren la calidad del servicio que se presta.
A diferencia del Poder Legislativo, el tribunal cuenta con un fondo auxiliar que la ley orgánica le permite acceder con la aprobación del pleno.
Se puede contratar personal eventual para sacar el rezago que se tiene, modernizar el sistema de digitalización, proporcionar a los actuarios computadoras para que las notificaciones se realicen prácticamente en tiempo real, ahorrando tiempo, recursos materiales y humanos, sin tener que estar esperando que se abra la bolsa de la gobernadora.
La responsabilidad del Consejo de la Judicatura, nunca fue tan enorme y de extrema urgencia.
Quien conoce al magistrado Luis Villegas, explica que a veces, en sus formas de expresión puede ser considerado como agresivo, pero que en realidad no lo es; el hecho denunciado por la jueza Sabela es un primer botón de lo que podría presentarse en el Tribunal, en caso de continuar con la práctica de exigir renuncias o cambios de actividad.
El compromiso de campaña que se pactó entre el PRI y el PAN, para asegurar la victoria de Maru Campos, personalmente considero que fue determinante para alcanzar los números que se registraron, sin embargo, dentro de la estructura del Ejecutivo, se cuenta con más plazas que en el Poder Judicial, con las que se pueden saldar los adeudos.
Al tribunal deben llegar juristas de carrera, integrantes del foro jurídico con trabajo en tribunales, frente o detrás del escritorio, con reconocimiento de sus pares y no del gobernante en turno, mucho menos por nexos familiares.
Dejen trabajar a los juristas, porque además de saber lo que hacen, con su trabajo, les permiten a los políticos, seguir haciendo política desde cargos jurídicos.
*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y AECHIH–
Lic. Ernesto Avilés Mercado
